Gran hermano en marcha: El régimen chino publica un proyecto de ley nacional de crédito social
El 14 de noviembre, varios organismos gubernamentales chinos de alto nivel publicaron colectivamente un proyecto de ley sobre el establecimiento del sistema de crédito social, el primer intento de codificar sistemáticamente los experimentos realizados en el pasado sobre el crédito social y, teóricamente, orientar su futura aplicación.
Esta ley está formulada con el fin de mejorar el sistema de crédito social, innovar los mecanismos de gobernanza de la sociedad, optimizar el entorno empresarial, normalizar el orden en la economía de mercado socialista, concienciar a toda la sociedad sobre la solvencia, defender los valores socialistas fundamentales y completar un sistema de información crediticia que abarque a toda la sociedad.
La ley sigue en gran medida las normas locales que ciudades chinas como Shanghái han publicado y aplicado en los últimos años en aspectos como la recopilación de datos y los métodos de castigo, simplemente dándoles un sello de aprobación central.
Cuando el gobierno chino habla de crédito social, el término abarca dos cosas diferentes: la solvencia financiera tradicional y la “solvencia social”, que extrae datos de una mayor variedad de sectores. El nuevo proyecto de ley aborda los dos tipos de solvencia con dos conjuntos de normas diferentes.
La solvencia financiera es un concepto familiar en Occidente: documenta el historial financiero de los individuos o las empresas y predice su capacidad para devolver futuros préstamos. La mayoría de los documentos políticos chinos se refieren a este tipo de crédito con una palabra específica: zhengxin, que algunos estudiosos han traducido como “informe de crédito”.
Es esencialmente el equivalente chino de la puntuación de las agencias de crédito occidentales y lo mantiene el banco central del país. Registra el historial financiero de 1.140 millones de individuos chinos y les da puntuaciones de crédito, así como a casi 100 millones de empresas, aunque no les da puntuaciones.
La solvencia social es lo que más llama la atención.
Solvencia social
Inicialmente, allá por 2014, el plan era tener listo un sistema nacional de seguimiento de todo el “crédito social” para 2020. Ahora es casi 2023 y el marco legal para el sistema acaba de ser publicado en el proyecto de ley de noviembre de 2022.
Básicamente, el régimen chino está diciendo que tiene que haber un mayor nivel de confianza en la sociedad, y para alimentar esa confianza, está luchando contra la corrupción, las estafas en las telecomunicaciones, la evasión de impuestos, la publicidad falsa, el plagio académico, la falsificación de productos, la contaminación… casi todo.
El régimen parece creer que todos estos problemas están ligados a la falta de confianza, y que la creación de confianza requiere una solución única. Así que, al igual que la calificación del crédito financiero ayuda a evaluar la solvencia de una persona, piensa que alguna forma de “crédito social” puede ayudar a la gente a evaluar la solvencia de los demás en otros aspectos.
Los individuos, las empresas, las instituciones jurídicas y los organismos gubernamentales tendrán que rendir cuentas.
Hasta la fecha, el régimen sólo ha creado un sistema centrado en las empresas, no en los individuos, que agrega datos sobre el cumplimiento de la normativa empresarial procedentes de diferentes organismos gubernamentales. Pero también hay algunos datos sobre personas y otros tipos de organizaciones en el sistema.
Sin embargo, no hay una puntuación de crédito social central para los individuos. El gobierno central ha dado pocas orientaciones sobre cómo construir un sistema de crédito social que funcione en ámbitos no financieros, incluso en el último proyecto de ley, ha abierto la puerta a que las ciudades e incluso los pueblos pequeños experimenten con sus propias soluciones.
Como resultado, muchos gobiernos locales están introduciendo programas piloto que buscan definir cómo es la regulación del crédito social, y algunos se han vuelto muy polémicos.
El mejor ejemplo es Rongcheng, una pequeña ciudad de apenas medio millón de habitantes que ha implantado probablemente el sistema de puntuación de crédito social más famoso del mundo.
En 2013, la ciudad comenzó a dar a cada residente una puntuación de crédito personal base de 1.000 que puede ser influenciada por sus buenas y malas acciones.
Por ejemplo, en una norma de 2016 que ya ha sido revisada, la ciudad decidió que “difundir información perjudicial en WeChat, foros y blogs” suponía restar 50 puntos, mientras que “ganar una competición deportiva o cultural a nivel nacional” suponía sumar 40 puntos.
En un caso extremo, un residente perdió 950 puntos en el plazo de tres semanas por distribuir repetidamente cartas en Internet sobre un conflicto médico.
Pero la guía pide a los gobiernos locales que sólo castiguen los comportamientos que ya son ilegales según el sistema legislativo actual de China y que no vayan más allá.
Así, en el caso de Rongcheng, la ciudad tuvo que actualizar posteriormente su normativa local sobre puntuaciones de crédito social y permitir a los residentes optar por no participar en el programa de puntuación; también tuvo que eliminar algunos criterios controvertidos para los cambios de puntuación.
¿Cómo sabemos que esos programas piloto no se convertirán en normas oficiales para todo el país? La respuesta sencilla es que nadie sabe si no lo harán.
¿Cómo afectará un sistema de crédito social a la vida cotidiana de los chinos? La idea es ser a la vez una zanahoria y un palo. Así, una persona o empresa con un buen historial crediticio en todos los ámbitos normativos debería recibir un trato preferencial en sus relaciones con el gobierno, como por ejemplo, ser incluida en una lista de prioridades para recibir subvenciones.
Al mismo tiempo, las personas o empresas con malos antecedentes crediticios serán castigadas con la exposición pública de sus datos, y se les prohibirá participar en licitaciones públicas, consumir bienes de lujo y salir del país.
El régimen chino publicó el año pasado una lista exhaustiva con las medidas de castigo permitidas. El nuevo proyecto de ley mantiene el compromiso de que esta lista se actualice periódicamente.
