LR.- El pasado 21 de junio, el Gobierno aprobaba la remisión al Congreso de su Proyecto de Ley de Empleo, con el objetivo de llevar a cabo una reforma estructural del mercado de trabajo. Una iniciativa que implicaba, en palabras de la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una atención prioritaria a cerca de un 1.600.000 trabajadores. Esta norma afectaba a personas con discapacidad, así como a “otros colectivos con dificultades de inserción, permanencia y consolidación en el mercado de trabajo, como las personas LGTBI, los mayores de 45 años, las personas gitanas o de otra minoría étnica y las mujeres víctimas de violencia de género”.

Y si bien es cierto que ya entonces se hacía referencia a una atención prioritaria en políticas activas de empleo para personas LGTBI, no fue hasta este lunes cuando ha saltado la polémica. En su artículo 50, el proyecto de ley del Ejecutivo enumera a los colectivos que recibirán ese trato preferencial, pero hace hincapié en “las personas trans”, un hecho que llama la atención si tenemos en cuenta los continuos desencuentros entre PSOE y Podemos, socios de Gobierno, por la tramitación de la Ley Trans. Sobra decir que tendrán que ser las personas LGTBI quienes avisen de su orientación sexual a los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para obtener prioridad en sus oficinas.

En este punto, son muchas las preguntas que surgen. El diputado del Grupo Mixto en el Congreso, Pablo Cambronero, señala que este proyecto de ley conlleva la petición de datos “especialmente sensibles”, como pueden ser la orientación sexual o la religión. Asimismo, denuncia que “se está vulnerando el artículo 14 de la Constitución, en el que se dicta que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por tazón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

¿Cómo se comprueba la orientación sexual?

Por todo ello, el parlamentario lanza una batería de preguntas al Ejecutivo de Pedro Sánchez al que insta a explicar, entre otras cosas, “¿Cómo va a comprobar el SEPE la orientación sexual del solicitante?”, ya que los funcionarios no cuentan con el personal ni las herramientas suficientes para ello, o “¿Por qué razón las personas LGTBI, en particular trans, han de tener prioridad ante el resto de la población?

Y es que hay que insistir en que el proyecto de ley, en su artículo 50 establece: “Se considerarán colectivos vulnerables de atención prioritaria, a los efectos de esta ley, a las personas jóvenes especialmente con baja cualificación, personas en desempleo de larga duración, personas con discapacidad, personas con capacidad intelectual límite, personas LGTBI, en particular trans, personas mayores de cuarenta y cinco años, personas migrantes, personas beneficiarias de protección internacional y solicitantes de protección internacional en los términos establecidos en la normativa específica aplicable, mujeres con baja cualificación, mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social, personas gitanas, o pertenecientes a otros grupos poblacionales étnicos o religiosos, personas trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración, personas afectadas por drogodependencias y otras adicciones, así como personas cuya guardia y tutela sea o haya sido asumida por las administraciones públicas, personas descendientes en primer grado de las mujeres víctimas de violencia de género, entre otros colectivos de especial vulnerabilidad, que son de atención prioritaria en las políticas activas de empleo, u otros que se puedan determinar en el marco del Sistema Nacional de Empleo”.

El parlamentario del Grupo Mixto también pregunta al Ejecutivo de Sánchez por los “criterios objetivos” que han seguido para confeccionar el artículo 50 y cuál es el motivo por el que se discrimina a algunas personas por razón de raza, sexo o religión. En otra de sus preguntas se centra en el tema de la violencia de género y de forma directa increpa al Gobierno: ¿Por qué las mujeres maltratadas han de tener prioridad ante los hombres maltratados?

“Marcar” a las personas LGTBI

Una encuesta de UGT refleja que la situación de este colectivo  en el mercado de trabajo es “extremadamente grave”. Según el mismo sondeo, realizado el pasado mes de octubre, el 90% de las personas LGTBI consideraban un inconveniente ser LGTBI a la hora de encontrar empleo, el 86% consideraba necesario ocultar su orientación sexual y tres de cada cuatro personas tenían miedo a revelar su orientación en el trabajo.

Por otra parte, señalan que la tasa de desempleo de las personas duplica la del conjunto de la muestra, y que el 40% de las personas trans han sido rechazadas en entrevistas por prejuicios. Asimismo, “cuatro de cada diez trabajadores LGTBI aseguran haber vivido alguna agresión hacia sí o hacia otras personas LGTBI en el puesto de trabajo; el 28% reconoce haber sufrido chistes y el 25%, comentarios de carácter despectivo o burlas”.

Datos que justificarían la aplicación de medidas excepcionales para este colectivo y que chocan de lleno con quienes critican duramente el proyecto de ley del Gobierno. A su juicio, lo único que logran es “marcar a las personas LGTBI” y tratarlas “como enfermas”. Así, las redes sociales señalan que en su intento por “ayudar” al colectivo con sus problemas laborales, el Ejecutivo lo único que consigue es “señalarles” aún más, pese a que haya otros colectivos que también salen beneficiados con esta medida.