Gabriela Moreno.- El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está comenzando a generarse las condiciones más favorables posibles para las próximas elecciones generales, donde espera reelegirse. En las últimas horas, por ejemplo, surgió la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y sustituirlo por «una nueva tipología» que sería «desórdenes públicos agravados». Asimismo, el también secretario general del PSOE impulsó la implementación de nacionalizaciones masivas de extranjeros. Esto permitirá que hasta tres generaciones de descendientes de españoles se conviertan en nacionales de origen, y por lo tanto, tengan derecho a voto en los siguientes comicios.

En primer lugar, la disposición de Sánchez para impulsar la nueva Ley de Memoria Democrática, deja en evidencia su pretensión de triunfo, por medio de la denominada «Ley de Nietos», la cual se publicó en el Boletín Oficial de España (BOE) luego de su aprobación en el Senado. En este espacio la normativa alcanzó 128 votos positivos, 113 negativos y 18 abstenciones.

De acuerdo con la ley, los hijos y nietos de españoles exiliados tras la Guerra Civil pueden obtener la nacionalidad española, lo cual ya ocurría. Sin embargo, en esta oportunidad la ministra de Justicia, Pilar Llop, emitió una instrucción donde establece que «la nacionalidad española debe darse a hijos y nietos de españoles emigrados independientemente de las razones que los llevaron a salir del país».

Así está asentado en el punto séptimo: «Tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo (el acceso a la nacionalidad».

Para el diario ABC, la interpretación es «truco electoral de Moncloa”, que se activa para “captar votos favorables al Partido Socialista Obrero Español en el extranjero”.

Más peligroso en los comicios

La eliminación de restricciones en las nacionalizaciones masivas de Sánchez desnudan sus intenciones electorales considerando que quedarán sin vigencia la necesidad de haber nacido antes de enero de 1985 y que el padre o madre, nacido fuera de España, haya obtenido la nacionalidad antes de que el interesado naciera, ser menor de 21 años y que el padre o madre, nacido fuera de España, haya adquirido la nacionalidad antes de que el interesado naciera y ser menor de 20 años y el padre o madre, nacido fuera de España, haya adquirido la nacionalidad después de que el interesado naciera y antes de sus 18 años.

Con ello, «Sánchez es ahora más peligroso de lo que ha sido nunca porque sabe que cada día que pasa es un día menos que le queda para tener que convocar elecciones generales y va a hacer lo que sea como sea y de la manera que sea para poder asegurarse un triunfo», afirma el periodista español, Miquel Giménez.

De esa forma también lo ve la analista, Pilar Vicente en su columna divulgada en Valencia Plaza donde destaca que “el presidente está utilizando todo lo que tiene a su alcance en su lucha frente al Partido Popular. Lo primero que busca es el enfrentamiento directo o algo así, con Díaz Ayuso para hacerle luz de gas o pinza a Alberto Núñez Feijóo”.

Elecciones en puertas

¿La nacionalización masiva expone el desespero de Sánchez? La respuesta es fácil las próximas elecciones generales aún están sin fecha, pero, el 10 de diciembre de 2023 es el último día para realizarlas, si el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos agota la legislatura.

Si Sánchez no adelanta los comicios, la ley electoral establece que el mandato de las Cortes expira automáticamente cuando se cumplen cuatro años de las anteriores elecciones (en este caso sería el 10 de noviembre de 2023) y que la disolución de las cámaras debe producirse 25 días antes (en este caso, el 16 de octubre). La misma norma fija que deben transcurrir 54 días entre el decreto de convocatoria y la cita con las urnas, lo que aboca a celebrar las elecciones, a lo más tardar, el 10 de diciembre de 2023.

Con el tiempo en descuento, Sánchez maniobra además con la derogación del delito de sedición al sustituirlo y calificarlo ahora como “desorden público agravado”, lo cual reducirá la pena de 10 y 15 años de prisión a una condena de entre seis meses y tres años.

Las razones son claras. El delito de sedición en España tiene una de las penas más duras de Europa, algo que Sánchez considera una piedra en el zapato a la hora de sus pactos con el independentismo. De ahí que haya anunciado su eliminación a cambio de penas”.