«Las puertas están cerradas, pero no con llave». De esta manera expresó este lunes el PP su disposición a volver a sentarse con el Gobierno para pactar la reforma del Consejo General del Poder Judicial si el Ejecutivo se compromete a no rebajar el delito de sedición. El negociador de los populares, Esteban González Pons, habló por primera vez desde que el PP diera por cerrado el diálogo. Y aseguró que su interlocutor, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, le aseguró de forma oral y «por escrito» que las informaciones sobre la reforma de la sedición eran «periodismo de autor o no noticia».

Según González Pons, el Ejecutivo se había comprometido hasta el jueves pasado a aparcar la reforma de la sedición en la negociación sobre el CGPJ, pero fue cuando el propio Pedro Sánchez le comunicó a Feijoo que iba adelante con esa reforma que ya había comprometido en su discurso de investidura, cuando la negociación saltó por los aires.

Además de Bolaños, el propio Pedro Sánchez habría transmitido a Feijoo en la reunión que celebraron en Moncloa el 10 de octubre que no se tocaría el delito de sedición y que no habría magistrados «afines» a ERC en la terna que propusiera el Gobierno.

González Pons, explicó que la negociación no estaba cerrada porque restaba un «tema principal», que era la creación de un nuevo sistema de elección de los vocales del CGPJ por parte de los jueces. «De esto se trató en la primera reunión que tuvieron Sánchez y Feijoo en Moncloa, a la que asistimos también Bolaños y yo. Y se pactó que no se tocaría el tema de la sedición», insistió González Pons.

Los 20 vocales, pactados

El negociador del PP admitió sin embargo que se habían pactado ya los nombres de los 20 vocales del CGPJ, todos ellos de trayectoria «intachable», pero que no fue posible cerrar el acuerdo porque el Gobierno estaba jugando con «dos barajas», una con ellos y otra con ERC para rebajar la pena de delito de sedición.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, aseguró que las negociaciones «están paralizadas pero no rotas», y que ellos las retomarían «esta misma tarde» si Sánchez se compromete «por escrito» a no reformar el delito de sedición. El PP presentará mociones en ayuntamientos y comunidades para que el PSOE «diga alto y claro» si está de acuerdo o no con rebajar la pena por sedición.

El retorno a la mesa de negociación parece imposible porque el Gobierno descalificó este lunes a Feijoo en términos muy duros diciendo que con él «no se puede jugar ni al parchís» porque no respeta las reglas de juego y obedece «a los más ultras» del PP. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, afirmó que ahora el Gobierno «cumplirá la Constitución» y renovará el CGPJ, aunque sin aclarar si plantean rebajar la mayoría de tres quintos necesaria para lograrlo. «El cumplimiento de la Constitución no admite chantajes», recalcó sobre las exigencias del PP. Explicó que no ha habido ningún cambio en la posición del Gobierno sobre al delito de sedición respecto a lo que Sánchez ya se había comprometido, que es la homologación en el Código Penal de ese delito al de los países europeos.

El propio Sánchez aprovechó este lunes su discurso en el homenaje a las víctimas del franquismo para decir que no basta con «acatar» la Constitución, sino que hay que «cumplirla de principio a fin».

Cuando el pacto parecía más cercano que nunca, y a un mes de que el Consejo General del Poder Judicial cumpla cuatro años caducado, el PP ha suspendido las negociaciones con el PSOE aludiendo a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene la intención de rebajar las penas del delito de sedición.

El PSOE ha acusado al PP de buscar «una nueva excusa» y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, de «no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto», al tiempo que ha defendido que el acuerdo «ya estaba negociado y listo para ser firmado».

Podemos cree que la mediación del rey sería útil para desbloquear la negociación

La secretaria de organización de Podemos, Lilith Verstrynge, consideró que «todo lo que pueda hacer el jefe del Estado» para fomentar y arbitrar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «evidentemente, será útil». En unas declaraciones a Radio Euskadi, Verstrynge opinó que no se debe «permitir que PP tenga el dedo en un botón para bloquear» ese proceso de renovación y por ello, ha defendido la propuesta de que «ese órgano se parezca a la realidad parlamentaria» en España, de manera que no dependa de la aprobación de los tres quintos del Congreso, como ocurre en la actualidad.

Ante ese «veto» del PP que provoca un nuevo bloqueo y ante quienes apuntan al artículo 56 de la Constitución que recoge que el rey «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones», Verstrynge opinó que «todo lo que pueda hacer el jefe del Estado y que fomente y arbitre un sistema más democrático y una renovación de un órgano que lleva cuatro años sin ser renovado, evidentemente, será útil».