Manifestación en favor del español como lengua vehicular en Cataluña

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo confirmó el envío de una misión a Cataluña en el segundo semestre de 2023 para analizar la situación del español en el sistema educativo de esa comunidad autónoma.

Según informó el grupo de Ciudadanos en la Eurocámara, impulsores de esta petición, los detalles de esta misión parlamentaria como el mandato, la agenda, la composición y las fechas del viaje se concretarán próximamente, pero “probablemente” será en diciembre de 2023, coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea.

Precisaron que el viaje no puede ser programado en el primer semestre del año próximo debido a la celebración en mayo de elecciones municipales y autonómicas en la mayor parte de España, lo que impide llevar a cabo este tipo de misiones parlamentarias.

Lo que sí se celebrará en el primer semestre de 2023 será una sesión informativa, con distintas comparecencias para abordar la situación de la lengua española en Cataluña, indicó Ciudadanos.

La misión parlamentaria debe permitir a los eurodiputados conocer de primera mano cómo los centros educativos aplican la ley que obliga a que al menos el 25% de la educación se imparta en español.

Esta misión también la reclaman las organizaciones constitucionalistas y defensoras del bilingüismo en la educación en Cataluña, con el fin de que el Parlamento Europeo analice, según Ciudadanos, “la violación de los derechos civiles de los alumnos que han solicitado judicialmente cursar sus estudios también en español y no solo en catalán, y que ven anulados sus derechos”.

Varias de estas organizaciones explicaron su situación el pasado 12 de octubre en la Eurocámara en una jornada organizada por la eurodiputada Maite Pagazaurtundua coincidiendo con el Día de la Hispanidad.

Precisamente, el pasado jueves, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, le pidió al presidente catalán, Pere Aragonès, que la Generalitat cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a que un 25 % de las clases sean en castellano, durante el encuentro que mantuvieron en Bruselas.

Según informaron a EFE fuentes comunitarias, “Reynders subrayó la importancia de aplicar las sentencias de los tribunales”, mientras que Aragonès “le explicó las cuestiones relacionadas sobre el uso de las lenguas en las escuelas en Cataluña”.

Por su parte, fuentes del entorno de Aragonès, aseguraron a EFE, no obstante, que el comisario no le pidió expresamente al presidente el cumplimiento de la sentencia del 25 % del castellano, sino que le trasladó una petición genérica de que las leyes deben cumplirse, algo que según las citadas fuentes, la Generalitat está haciendo, por el acuerdo entre ERC, JxCAT, PSC y Comunes para cambiar la ley.

Actualmente, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la sentencia de la lengua, después de que aceptase a trámite el recurso del PP y Cs contra el decreto que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación.

PP y Cs recurrieron varios artículos del decreto que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación, norma con la que el Gobierno catalán trata de proteger a los directores de centros y que evita hablar de porcentajes.

Dicho decreto fue aprobado por el Govern cuando faltaba un día para que expirase el plazo del TSJC para aplicar la sentencia del 25 % de castellano en las escuelas catalanas.