La lucha contra la inmigración clandestina sigue muy presente como siempre entre Marruecos y España. Madrid sigue presionando a Rabat para controlar sus fronteras y un ejemplo de ello ha sido la última reunión en Marruecos que han protagonizado altos cargos policiales de ambas países el pasado mes de agosto.

En esa reunión se encontraron en Rabat Abdellatif Hammouchi, director general de Seguridad Nacional y Vigilancia Territorial de Marruecos (Servicios secretos), y Francisco Pardo Piqueras, director general del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de España.

El jefe de la Policía de España encabezó la delegación española de alto nivel conformada por Eugenio Pereiro Blanco, comisionado general de Inteligencia, Rafael Pérez Pérez, comisario general de Policía Judicial, Juan Enrique Taborda Álvarez, comisario general de Extranjería y Fronteras, Alicia Malo Sánchez, responsable de la Dirección de Cooperación Internacional en Seguridad, y Francisco Jesús Ramírez Jara, asesor de la Dirección General de la Policía Nacional Española.

En la reunión, según se desprende del Comunicado publicado por Rabat, Marruecos, como siempre, ha vuelto a pedir lo mismo: dinero para supuestamente luchar contra la inmigración, que Marruecos promueve cuando quiere; la droga, de la que es el primer productor y exportador mundial; y el terrorismo, donde sus nacionales están presentes en todos los actos cometidos en Europa.

Así, este lunes, el Consejo de Ministros del gobierno de España ha autorizado la concesión de una ayuda en materia de cooperación policial internacional al Reino de Marruecos por un importe de 30 millones de euros, para contribuir a la financiación de su despliegue en la lucha contra el tráfico de personas y la gestión de los flujos migratorios, según informó EFE.

Según la misma fuente, la subvención tiene como finalidad contribuir a sufragar los gastos de los despliegues operativos, así como el mantenimiento de los materiales empleados y de los servicios policiales marroquíes en el desarrollo de las actuaciones de colaboración con España en la lucha contra el tráfico ilegal y la trata de seres humanos que tiene como destino las costas españolas.

Esta ayuda financiera responde a la necesidad de apoyar los esfuerzos de Marruecos para hacer frente a la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo occidental, según expone el acuerdo del Consejo de Ministros.

La concesión de esta ayuda se ha tramitado conforme al artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y al artículo 5.3 del Real Decreto 732/2007, de 8 de junio, por el que se establecen las normas especiales sobre ayudas en el ámbito de la cooperación policial internacional.

Las ambiciones territoriales marroquíes y el chantaje de la inmigración ilegal

Los distintos gobiernos de España han venido tratando a Marruecos como un vecino pobre hacia el que practican una abundante caridad con el dinero público.

En de 2019 y 2021, el Gobierno de Sánchez aprobó la compra de 384 vehículos para regalar a Marruecos para el control de fronteras. El lote incluía 230 vehículos 4×4 tropicalizados, y 100 vehículos 4×4 pick up, 10 vehículos 4×4 ambulancia, 10 camiones 4×4 cisterna para agua, 8 camiones cisterna para gasolina, 18 camiones 4×4 plataforma y 8 camiones frigoríficos.

Un poco después, se conoció que el Gobierno de Sánchez aprobó también la compra de 130 todoterrenos para la Policía de Marruecos equipados con rejillas protectoras, aire acondicionado, garantía y manual de instrucciones en francés. La noticia provocó malestar en las fuerzas de seguridad españolas, que están haciendo frente a una ola de inmigrantes ilegales -en gran parte procedentes de Marruecos- con medios insuficientes.

Hay que tener en cuenta que Marruecos es actualmente una de las mayores amenazas estratégicas de España. Sus ambiciones territoriales incluyen territorios bajo soberanía española como las Canarias, Ceuta, Melilla, Perejil, las Chafarinas, las islas Alhucemas y el peñón de Vélez de la Gomera.

Así mismo, la tolerancia de Marruecos con las mafias de la inmigración ilegal provoca serios problemas a España, que se ve obligada a destinar cada vez más recursos para vigilar sus fronteras y reforzar la seguridad en sus calles. De hecho, Marruecos suele utilizar esta cuestión como una herramienta de chantaje contra España. Y mientras tanto, los gobiernos españoles ceden y se dedican a hacer regalos millonarios a ese país a costa del dinero público español.