Santiago Abascal y Cuca Gamarra.

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid para impedir que empresas y asociaciones sospechosas de antisemitismo puedan recibir dinero público, sea por contratos o por subvenciones.

Eso es lo que dice el texto, pero la realidad es bien distinta. Esta Proposición de Ley lo que pretende es cortar fuentes de financiación a organizaciones que trabajen la solidaridad con Palestina, buscando equiparar el antisemitismo al antisionismo, y criminalizando las críticas a Israel, tal y como han denunciado desde el movimiento solidario con Palestina.

La propuesta está impulsada por ACOM, un lobby sionista que tiene estrechos vínculos tanto con el PP como con VOX y ha llegado a trámite gracias a que el PSOE decidió no bloquearla, mientras que Unidas Podemos la rechazó al considerar que se trata solo de una estratagema para penalizar a las ONG y entidades sociales que apoyan la causa palestina.

La única oposición frontal a la iniciativa ha partido de Unidas Podemos. “Nadie en su sano juicio puede sino condenar el antisemitismo”, apuntó su diputado Antón Gómez-Reino, quien, sin embargo, defendió que ese no es el propósito último de la iniciativa. Gómez-Reino insinuó que el texto ha sido inspirado por la Embajada de Israel y que su objetivo real es “cortar la financiación de ONG y asociaciones que denuncian la vulneración de los derechos humanos en tierra palestina”

Además esta ley pretende limitar cualquier crítica a la entidad sionista de Israel. Si el texto que ahora pasará a debate se aprobara tal y como está, podría ser utilizado para criminalizar a las personas que dijeran que Palestina es un campo de concentración promovido por Israel o que compararan el genocidio que sufre el pueblo palestino con el que sufrieron los judíos durante los años 30 del siglo XX.