El fiscal anticorrupción detalla en su escrito de acusación cómo el exministro y expresidente de la Generalidad Valenciana, Eduardo Zaplana, forjó una extensa fortuna gracias a operaciones ilícitas que tuvieron origen en el proceso de privatización de las ITV valencianas.

Desgrana así una operativa formada por personas que, aprovechándose algunas de ellas de los cargos políticos que tenían o habían tenido y ayudadas por empresarios, facilitaron la obtención de contratos públicos a cambio de “mordidas”.

La causa afronta su fase final cuatro años y medio después de la detención de Zaplana (22 de mayo de 2018), que estuvo en prisión hasta el 7 de febrero de 2019, aunque estuvo ingresado en La Fe por una enfermedad oncológica desde el 18 de diciembre de 2018 al 11 de febrero de 2019.

El origen de las corruptelas

Según detalla el fiscal anticorrupción en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el origen de los supuestos fondos ilícitos que manejaba Zaplana está en los concursos que la Generalitat lanzó para privatizar las ITV y las concesiones de parques eólicos, que se diseñaron con “condiciones subjetivas” para que determinadas sociedades se hiciesen con las licitaciones “en perjuicio de otros competidores”.

Y para que eso fuese posible se crearon las condiciones necesarias en los “órganos políticos del más alto nivel”.

Para este primer amaño, el fiscal cree que Zaplana se concertó con el fallecido Juan Cotino, que fue director general de la Policía, entre otros cargos, ya que varias empresas controladas por sus familiares resultaron adjudicatarias en ambos concursos (ITV y parques eólicos).

De hecho, Vicente y José Cotino fueron quienes, a través de sus sociedades Sedesa y Asedes, crearon la estructura societaria necesaria en España y Luxemburgo para adjudicarse los contratos y también, siempre según el fiscal, para canalizar sobornos por 6,4 y 2,18 millones de euros.

Estos fondos pasaron supuestamente a una empresa propiedad de Zaplana que fue gestionada por Beatriz García Paesa -sobrina de Fernando Paesa- primero y por el abogado uruguayo Fernando Belhot después.

La “connivencia política” se plasma en una junta de Sedesa de 2005 en la que Juan Cotino, entonces conseller, participa y aprueba una inversión a desarrollar por la firma pública Proyectos Eólicos Valencianos en el desarrollo de proyectos adjudicados, entre otros, a sus familiares Vicente y José Cotino.

Adjudicación “política”

El fiscal cree que “no solo existió una completa falta de justificación económica y técnica” en aquellas adjudicaciones, sino que “la mesa de contratación se formó íntegramente por personal político”.

La división en lotes de los contratos, supuestamente realizada para favorecer que se presentasen un mayor número de empresas, “supuso realmente lo contrario”, porque se exigió que todas las empresas concursasen en todos los lotes, exigiendo una “solvencia” que neutralizó todo intento de pluralidad.

Los Cotino se hicieron con las ITV de Castellón, Vila-Real y Vinaròs por 5,8 millones de euros en 2002 y dos años después vendieron su participación por 43 millones.

Con los beneficios obtenidos en esta adjudicación supuestamente amañada Vicente, José y Juan Cotino “empezaron a utilizar las estructuras societarias diseñadas con la finalidad de traspasar los sobornos pactados a la organización liderada por Eduardo Zaplana”.

Si a estas operaciones se suman los beneficios obtenidos por la venta de participaciones en la sociedad pública Proyectos Eólicos Valencianos, obtenidas también al parecer vía concesiones amañadas, el clan Cotino obtuvo un total de 86,5 millones de euros, lo que a juicio del fiscal “justifica el elevado importe de las comisiones abonadas”.

El director de la Policía Nacional en misión “especial”

En mayo de 2001, el entonces director de la Policía Nacional, Juan Cotino, realizó un viaje a Luxemburgo con una misión poco ortodoxa, llevaba 607.000 euros en metálico que depositó en un banco local en una cuenta cuyo beneficiario era su familiar Vicente Cotino y representada por García Paesa que sirvió para poner en marcha dos sociedades. Como origen del dinero, hizo constar que era el beneficio obtenido por la venta de un campo de golf.

Días antes, Zaplana se había reunido con Juan Cotino a las 22.00, según anotó él mismo en su agenda.

“De acuerdo con el plan trazado, una vez que las sociedades españolas obtienen beneficios por la venta de sus participaciones en las sociedades adjudicatarias de los concursos amañados se transfieren a Luxemburgo las comisiones delictivas pactadas”, detalla el fiscal, que añade que fue Vicente Cotino quien, por teléfono, comunicó a Garcia Paesa que sus sociedades en Luxemburgo pasaban a manos de los colaboradores más cercanos de Zaplana, Francisco Grau y Joaquín Barceló personas de “absoluta confianza” del exministro.

García Paesa se entrevistó con ambos en un restaurante de Madrid en mayo de 2006, y en esa misma fecha, según detalla el fiscal, Zaplana se entrevistó con García en un hotel para darle instrucciones”.

Estructura en Andorra

En paralelo a la estructura societaria diseñada en Luxemburgo, la organización de Eduardo Zaplana creó un entramado societario en Panamá a través de cuentas bancarias residenciadas en Andorra con las que se canalizaban fondos de procedencia ilícita por contratos y adjudicaciones públicas.

A estas cuentas de Andorra llegaron, entre 2004 y 2007, un total de 9,8 millones de euros, que progresivamente se fueron derivando a sociedades en Uruguay y España.

Parte de esos fondos depositados en Andorra resultaron bloqueados en 2015 tras una denuncia de las autoridades de Estados Unidos y, según explica el fiscal, la exdiputada del PP valenciano Elvira Suances y su hermano Saturnino colaboraron con Barceló para tratar de recuperarlos aunque de forma “infructuosa” porque “es evidente que no pudieron acreditar el origen lícito de los fondos”, explica el fiscal.

Repatriación y “disfrute” de los fondos

En la creación de las sociedades españolas que supuestamente canalizaron todas las operaciones delictivas descritas anteriormente también permanece oculta la participación de Eduardo Zaplana, cuyo nombre no aparece en el registro de ninguna de las sociedades, aunque estuvo presente en las reuniones que “configuran” su constitución, en las “decisiones” y en el “aprovechamiento” de sus recursos, siempre según el fiscal.

Estas sociedades son: Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Costera del Glorio y a través de ellas se realizaron numerosas operaciones inmobiliarias en Madrid y la costa alicantina o se canalizaron gastos recreativos, tales como vacaciones, coches, vuelos o compras y alquileres de embarcaciones de recreo.

El fiscal cree que la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, desconocía el origen de los fondos supuestamente delictivos que sirvieron para la adquisición de vehículos y otros pagos realizados por su marido, dado “el entramado societario y el interés en evitar tanto que se conociese el origen del dinero y su titularidad”.

Respecto a las hijas, el fiscal expone que “llevaban un alto nivel de vida” gracias a los fondos que les donaba su padre, y pone como ejemplo la entrega de 520.000 euros para la compra de un piso en Madrid o la compra de un Porsche Cayenne cuando los rendimientos de trabajo de una apenas llegaban a los 15.000 euros anuales o la otra estaba en paro “hasta que empezó a trabajar en el Ministerio de Industria”.