El Banco Central Europeo confirmó que España obtuvo el peor rendimiento de la eurozona en la dinámica de la inversión. La actividad económica no logró recuperarse del shock por la pandemia, y ya se aproxima a una nueva desaceleración con inflación.

Un reciente informe del Banco Central Europeo (BCE) alertó por el deterioro de las condiciones económicas para los países del viejo continente. La autoridad monetaria pronosticó una importante desaceleración que tendrá lugar entre el último trimestre de 2022 y el primero de 2023, un hecho que podría conducir a una recesión abierta para el próximo año.

El BCE estimó que existen al menos 4 ejes que amenazan con conducir a la economía europea por el camino de la recesión: el alza inflacionaria, el fin del arrastre estadístico post-covid, el endurecimiento de la política monetaria y la falta de confianza en el rumbo de la economía.

Pero dentro de los países que conforman la eurozona, España cosechó los peores resultados acerca de la inversión y el crecimiento. El país se transformó en el único que registró una caída abierta de la inversión bruta interna fija (inversión en capital físico) en la región.

La inversión en bienes de capital, excluyendo la construcción, se recuperó notoriamente en los países de la UE y creció un promedio de 1,8% en el segundo trimestre. Sin embargo, España fue el único país del euro que no registró ningún crecimiento en este sector y las empresas dejaron de invertir.

Lo mismo ocurre para la evolución de la actividad económica general. Mientras que el nivel de actividad promedio para los 27 países que integran la Unión Europea logró recuperar los niveles que tenía en 2019, en España sucedió lo opuesto: el PBI español acumula una caída del 2,5% desde el cuarto trimestre de 2019.

Incluso economías abiertamente estancadas desde 2008, como Grecia e Italia, lograron compensar el shock provocado por la pandemia en 2020 y ya operan en niveles similares a los que tenían en los últimos tres meses del año 2019.

Las políticas fiscales expansivas impulsadas por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez incrementaron notoriamente el desequilibrio fiscal y la necesidad de nuevo endeudamiento, pero no generaron mayores efectos positivos sobre la actividad económica. El PBI no logró regresar a su tendencia de crecimiento anterior, pese a los masivos estímulos fiscales aprobados entre 2020 y 2021.

Por otra parte, y a diferencia de la mayor parte de las economías desarrolladas, el Gobierno socialista impulsó una reforma tributaria para subir los impuestos en 2021 y endureció la legislación laboral. Ambas modificaciones limitaron la recuperación de la actividad económica y el mercado laboral.

La tasa máxima del impuesto a las Ganancias (conocido como IRPF) aumentó al 47% a partir de 2021 para personas físicas, volviendo así a su nivel más alto registrado desde 2015. Por su parte, la reforma laboral añade regulaciones para centralizar la negociación colectiva, eliminó modalidades de trabajo flexibles y erradicó todos los límites para la ultra-actividad de convenios.