Miguel Tomás.- La imposición lingüística totalitaria en Cataluña que no cesa. La Generalidad instalará buzones de denuncia anónimas en los centros de enseñanza para que los estudiantes puedan denunciar a los profesores si en alguna ocasión hablan español. Como en los antiguos países comunistas, del otro lado del telón de acero, solo que aquí con el idioma. De momento.

También habrá comisarios políticos lingüísticos que se asegurarán de que el español sea una lengua extranjera más a todos los efectos y que el catalán sea la única lengua vehicular.

Esta batalla lingüística no concierne solo a los que vivimos en Cataluña: es la batalla de la libertad de todos los españoles en toda España. ¿Por qué?

Porque si finalmente Sánchez se sale con la suya y, de la mano de los nacionalistas, suspende la aplicación de la Constitución en Cataluña, tendrá la tentación de hacer lo mismo en el resto de España para asegurar su permanencia en el poder. Así que… hay que reaccionar, y rápidamente.

Hace tiempo que es imposible encontrar un colegio en Cataluña que tenga el español como idioma vehicular. Ni siquiera escuelas que permitan el 25% de clases en el idioma común de todos los españoles, a pesar de que la ley así lo estipula, habiéndolo ratificado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Pero Sánchez y sus socios de gobierno secesionistas pretenden llegar todavía más lejos en esta deriva lingüística totalitaria. Quieren impedir que los niños hablen español en las escuelas de Cataluña.

Quieren prohibir a los niños hispanohablantes que se comuniquen con sus compañeros en su idioma materno, siendo a su vez el idioma oficial del país en el que se encuentran. Una auténtica locura.

Cuando la Justicia daba la razón a los catalanes hispanohablantes reconociendo nuestro derecho a utilizar el español, Sánchez firmaba un pacto con Esquerra Republicana para erradicar la lengua común de los españoles.

Los españoles que queremos al menos un 25% de español en las aulas catalanas (¡y qué menos!) denunciamos que la Generalidad golpista se salta la ley e impone el catalán en todo el sistema educativo.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos dio la razón y dictó sentencia contra la Generalidad golpista. Entonces Pedro Sánchez pactó con la Generalidad golpista saltarse esa sentencia y excluir totalmente el español en las aulas. El catalán pasa a tener un estatus superior a la lengua común. Y con este pacto, la Constitución acaba de ser cancelada en Cataluña.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña envió al Tribunal Constitucional el contenido jurídico de este pacto argumentando su inconstitucionalidad. Y el Gobierno de Pedro Sánchez maniobra ahora para hacerse con el control del Tribunal Constitucional colocando a jueces-siervos del PSOE.

La batalla lingüística de los catalanes hispanohablantes es la batalla de la libertad de todos los españoles en toda España.

Defender los derechos de las víctimas del nacionalismo es deteriorar al actual Gobierno de socialistas, comunistas y secesionistas. Y si presionamos ahora con contundencia y conseguimos que el Defensor del Pueblo dicte una resolución contraria al pacto lingüístico de PSOE y ERC, habremos roto el acuerdo que permite gobernar a Pedro Sánchez.

ERC se revolverá contra el PSOE, le exigiría más y más y Sánchez, o bien tendrá que convocar elecciones (y perderá), o preferirá ceder para ganar tiempo en Moncloa (y su derrota electoral será clamorosa).

La última esperanza para los catalanes hispanohablantes eran los jueces, que nos dieron la razón y sentenciaron que la Generalidad catalana debía impartir al menos un 25% de las clases en castellano. Pero llegó Pedro Sánchez y otra vez se bajó los pantalones ante los secesionistas: os vendo la lengua común a cambio de los votos de ERC en el Congreso.

Así es el pacto que acaba de firmar el Gobierno con los nacionalistas catalanes. Consiste en incumplir la sentencia que obligaba a un mísero 25% de clases en español. Pedro Sánchez garantiza a la Generalidad golpista que se puede saltar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

Tenemos que actuar en todos los frentes, presionando a quien puede intervenir (en este caso, el Defensor del Pueblo) y llenando las calles de gritos de libertad. La movilización en las calles es el siguiente paso, pero tenemos que agotar todas las vías.