El Grupo Joly fue el beneficiado directo de la ayuda de ocho millones de euros otorgada en 2004 por la Consejería de Empleo para financiar la prejubilación de 36 trabajadores de su plantilla, según el informe realizado en 2020 por la Guardia Civil dentro de la investigación de los ERE irregulares de la Junta de Andalucía.

Según el atestado policial, la concesión de la ayuda otorgada por el Gobierno de Manuel Chaves, que se calificó de «arbitraria», supuso para la empresa periodística un doble beneficio: por un lado, el ahorro del pago de las prejubilaciones; por otro, una renovación de la plantilla. Asimismo, la Guardia Civil destacó que los responsables de la Consejería de Empleo y del Grupo Joly actuaron en connivencia para tratar de ocultar la verdadera naturaleza de la subvención y dar la apariencia de que la ayuda era ajena a la empresa.

El informe elaborado por la Comandancia de Cádiz en base a la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respondió a las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acerca de la ayuda excepcional concedida por la Consejería de Empleo a la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz. Se trató de uno de los ERE irregulares que dicha Consejería pagó con la partida presupuestaria 31L, conocida como ‘fondo de reptiles’, a empresas a las que el PSOE quiso beneficiar durante la etapa de Chaves. La historia del ERE investigado comienza en enero de 2004, cuando se produjeron las primeras comunicaciones de la dirección de la empresa a los representantes de los trabajadores para llevar a cabo una regulación de empleo para personal de más de 52 años. La empresa firmó el 7 de mayo de ese año un acuerdo para prejubilar a 36. La investigación sostuvo que con posterioridad los directivos del grupo Joly pactaron con Empleo para que «esta administración se hiciera cargo de una parte sustancial» del acuerdo.

Compromiso por escrito

La Guardia Civil reprodujo un escrito sin fecha del entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, dirigido al presidente del Grupo Joly, José Joly Martínez de Salazar, en el que se hace alusión a las reuniones entre ambas partes y se recoge que «esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social manifiesta su compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización del referido grupo empresarial mediante la concesión de ayudas sociales» que Guerrero sitúa «en el entorno de entre 6.500.000 y 7.000.000 euros». La cantidad fijada fue finalmente de 7.597.247 euros, aunque con las primas se alcanzarían los ocho millones de euros, y los investigadores subrayaron que dicho montante excedía notablemente la cantidad que la empresa había previsto como coste de las prejubilaciones, cifrada en 1.089.082 euros.

La Guardia Civil no tuvo dudas sobre la negociación entre los directivos de ambas partes para cerrar el acuerdo. No obstante, -siempre según el atestado policial- intentaron borrar el rastro de dicha negociación y simular que el grupo Joly no era el beneficiario de las ayudas. El procedimiento para desvincular la subvención del grupo Joly fue la creación de la llamada Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz, de forma que el dinero fuera recibido por los trabajadores y no por la empresa. El atestado describió la constitución de esta Asociación como una mera estratagema.

Fuente: Diario Sur.