La Comisión Europea, la rama ejecutiva de la Unión Europea (UE), lleva a Hungría ante el más alto tribunal de la UE por su ley pro-familia que prohíbe la promoción de materiales homosexuales y “transgénero” a los menores en las escuelas.

En un comunicado publicado el viernes, la Comisión Europea “decidió llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE” por la negativa del gobierno a revocar su Ley de Protección de la Infancia, que prohíbe la promoción de contenidos hipersexualizados, incluidos los materiales pro-LGBT, en las escuelas, en un esfuerzo por reprimir la pedofilia.

El proyecto de ley prohíbe mostrar material pornográfico o contenidos que representen la homosexualidad o la transexualidad a los menores de 18 años. Otras medidas son el registro de delincuentes sexuales, la regulación de la educación sexual y el refuerzo de las políticas contra la pornografía infantil.

Los burócratas de la UE se opusieron a la legislación pro-familia tras su aprobación en junio del año pasado, acusando al gobierno conservador del Fidesz, dirigido por el cada vez más popular Primer Ministro Viktor Orbán, de discriminar a los ciudadanos que se identifican como LGBT con la nueva ley y de violar los principios en los que supuestamente se basa la UE.

“La Comisión considera que la ley viola las normas del mercado interior, los derechos fundamentales de las personas (en particular de las personas LGBTIQ), así como -en relación con esos derechos fundamentales- los valores de la UE”, escribió la Comisión el viernes.

En junio del año pasado, tras la promulgación de la política que garantiza la protección de los derechos de los niños, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, prometió desafiar legalmente a la nación centroeuropea en relación con la ley, prometiendo “utilizar los poderes de los que está investida [la Comisión]… sobre cualquier Estado miembro que impida la ley europea”.

En marzo, el Parlamento Europeo votó por abrumadora mayoría retirar la financiación a Hungría por su negativa a anular la ley de protección de la infancia. El bloque también votó a favor de retirar la financiación a Polonia por el mismo motivo.

Se aplicó el “Mecanismo de Condicionalidad del Estado de Derecho”, que “supedita la recepción de financiación con cargo al presupuesto de la Unión al respeto por parte de los Estados miembros de los principios del Estado de Derecho”, supeditado de hecho cualquier financiación del bloque a la alineación con los “valores” fundamentales de la UE del momento, incluida la promoción del colectivo LGBT.

El mes anterior se rechazó un recurso de Hungría y Polonia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para anular el mecanismo, alegando que había sido “adoptado sobre una base jurídica adecuada […] y respeta, en particular, los límites de las competencias atribuidas a la Unión Europea y el principio de seguridad jurídica”, lo que cimentó la suerte de Hungría.

Defendiendo a ultranza los valores familiares tradicionales y rechazando la intromisión de la UE en la política nacional, Orbán respondió entonces “El Parlamento Europeo y la Comisión Europea quieren que dejemos entrar a los activistas y organizaciones LGBTQ en las guarderías y escuelas. Hungría no quiere eso”.

“Los burócratas de Bruselas no tienen nada que hacer… Hagan lo que hagan, no dejaremos que los activistas LGBTQ estén entre nuestros hijos”, añadió.

El recurso judicial del viernes es la última medida adoptada para presionar a Hungría a fin de que se pliegue a la agenda LGBT impulsada por la UE en el bloque de 27 países.

La Comisión ha acusado a Hungría de violar al menos cuatro directivas de la UE, las leyes europeas de protección de datos y “varios derechos fundamentales consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”.

“La protección de los niños es una prioridad absoluta para la UE y sus Estados miembros. Sin embargo, la ley húngara contiene disposiciones que no se justifican en base a la promoción de este interés fundamental o son desproporcionadas para lograr el objetivo declarado”, argumentaba el comunicado.

Christian Wigand, portavoz de la Comisión Europea, dijo que “la Comisión decidió llevar el caso a los tribunales porque las autoridades húngaras no han abordado suficientemente las preocupaciones de la Comisión y no han incluido ningún compromiso de Hungría para remediar la situación.”

Orbán ha defendido públicamente la importancia de la familia a lo largo de sus 12 años como primer ministro húngaro, declarando recientemente que “la familia es la comunidad más importante de nuestro tiempo” en el Vaticano tras reunirse con el Papa Francisco en abril.

Orbán, que había sido reelegido por cuarta vez como líder de Hungría con una victoria aplastante apenas dos semanas antes, dijo que el “último refugio y el puerto más seguro para el hombre en este mundo moderno es la familia. Por eso debemos movilizar todos nuestros esfuerzos para proteger y fortalecer esta comunidad humana tan importante en nuestra época moderna, y podemos contar con el Santo Padre en este empeño”.

En mayo, el primer ministro más longevo de la UE criticó a los países occidentales por su adopción sin matices de la ideología transgénero, y prometió “proteger a nuestras familias” contra la abrumadora influencia de la política identitaria.

“No dejaremos que los activistas de género entren en nuestras escuelas, y en Hungría un padre será un hombre, una madre una mujer, y nuestros hijos estarán tranquilos”, declaró Orbán.

“Defendemos la paz y la seguridad en Hungría, y no aceptaremos medidas económicas que arruinen a las familias húngaras”.