La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención este lunes en la inauguración de la nueva Biblioteca Princesa Leonor de Boadilla del Monte.

La Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar su investigación sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante “la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales”.

En un decreto firmado este mismo jueves, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, da carpetazo a los hechos denunciados por PSOE, Podemos y Más Madrid sin realizar “pronunciamiento alguno” sobre los “posibles delitos de malversación” de fondos europeos que investiga la Fiscalía Europea.

Esa investigación de la institución comunitaria, que sigue abierta, se inició porque el citado contrato de emergencia suscrito por la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas durante la pandemia se pagó con fondos FEDER provenientes de la Unión Europea.

En lo relativo a Anticorrupción, Luzón señala que la investigación practicada hasta la fecha “no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el SERMAS –el Servicio Madrileño de Salud– o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa Priviet”.

Tampoco consta, añade la Fiscalía, que el hermano de la presidenta “aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos que, por otra parte y de acuerdo con el procedimiento seguido por la Subdirección General de Contratación, no era en absoluto necesario para presentar la oferta”.

CUMPLEN SUS “OBLIGACIONES TRIBUTARIAS”

En lo que se refiere “a la facturación, el pago y el cobro de la comisión”, el Ministerio Público califica “el procedimiento seguido de transparente”. Y es así, añade, en tanto que Tomás Díaz Ayuso, “en su condición de autónomo, factura en su propio nombre, como persona física, y por el concepto real”. Después “Priviet transfiere el importe” a su cuenta “y ambos cumplen con sus correspondientes obligaciones tributarias”.

A juicio del fiscal jefe, el hermano de la presidenta madrileña “ofrece una explicación coherente sobre su intervención en el proceso de venta de las mascarillas, que viene fundamentada tanto por el material documental aportado por su representación como por los diferentes testigos que han declarado”.

Se trata de un relato, el de Tomás Díaz Ayuso, que “no queda ensombrecido por las hipótesis planteadas por los” partidos denunciantes y que, tras la práctica de diligencias, “no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas que no permiten avanzar, siquiera sea provisionalmente, en una tesis inculpatoria”.

En definitiva, el cobro de la comisión “trae causa” del trabajo del hermano de la presidenta para Priviet “consistente en añadir valor al proceso comercial de esta empresa mediante su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados”.

Esta aportación, como apunta el decreto, “se produjo en la operación de venta de 250.000 mascarillas al SERMAS pero también en otras”, como ha quedado “acreditado” por la representación de Tomás Díaz Ayuso con la aportación de documentación relacionada con varias ofertas realizadas por la empresa.

Finalmente, apunta el fiscal jefe, Tomás Díaz Ayuso percibió una comisión de 59.203,52 euros en concepto de bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid.

“NO CONSTA INVERVENCIÓN” DE LA PRESIDENTA

En lo referido a Isabel Díaz Ayuso, la Fiscalía pone de relieve que “no consta intervención directa ni indirecta de la presidenta en este expediente como tampoco de la mediación en su nombre de Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna”.

Así, y en cuanto a una posible prohibición para contratar con Priviet por una situación de incompatibilidad, recuerda que “para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

“No resulta aplicable a Isabel Díaz Ayuso porque no ha intervenido en el procedimiento, habida cuenta de que el Consejo de Gobierno no es órgano de contratación en la Comunidad de Madrid. Solo tiene en algunos contratos de tramitación ordinaria la facultad de autorizar o aprobar su tramitación con carácter previo, por encima de determinados umbrales de precio máximo de licitación que, en el supuesto investigado, no se han superado”, aclara Anticorrupción.

Asimismo, la Fiscalía ve “significativo” que en los correos que Priviet envió a la Subdirección General Tomás Díaz Ayuso “figurara en copia oculta”. “Por lo que su intervención en la operación, deasesoramiento técnico a la empresa para preparar la oferta, fue desconocida por los funcionarios tramitadores de esta”, añade.

Pero además, asegura el decreto, “al tratarse de un contrato de emergencia, la actuación del Consejo de Gobierno queda circunscrita, a la recepción de la información contractual por parte de la Consejería a la que pertenece el órgano de contratación”.

“Se trata de una mera recepción de información, una vez concluido el procedimiento de contratación y que no faculta al Consejo para alterar o anular las actuaciones del órgano de contratación”, concluye la Fiscalía.

LAS ACUSACIONES CONTRA TOMÁS DÍAZ AYUSO

El archivo de estas diligencias llega después de que Anticorrupción decidiese investigar el pasado mes de febrero con el objetivo de “confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados” por los tres partidos de izquierdas.

En su denuncia, Unidas Podemos consideraba que Tomás Díaz Ayuso medió con el Gobierno regional y que consiguió una “comisión” por ello. El PSOE entendía que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido “tráfico de influencias” y “malversación de caudales públicos”; y Más Madrid señalaba en su denuncia que podría haber “cohecho” y “tráfico de influencias”.

La presidenta regional aclaró tras la incoación de diligencias que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid. Además, entregó documentación al respecto a Anticorrupción.