Imagen de Mónica Oltra, junto a otros dirigentes de Compromís, durante el acto celebrado este sábado en Valencia

La imputación de Mónica Oltra por un posible encubrimiento de los abusos sexuales a una menor por los que fue condenado su hoy exmarido señala el final de la escapada para la vicepresidenta del gobierno valenciano.

Una escapada que no debería haber sido tolerada bajo ningún concepto por un Ximo Puig que ayer, con la imputación de Oltra por parte de la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad todavía caliente entre sus manos, se resistía a hacer aquello que ningún político supuestamente sensibilizado con los abusos sexuales dudaría jamás en hacer.

Pocos editoriales de este diario han sido tan rápidamente sentenciados en la reunión del staff del diario como este. Porque la dimisión de Oltra, o su cese por parte de Ximo Puig, está fuera de debate. Cada minuto de más que la vicepresidenta continúa en su cargo contribuye, además, a extender la sombra de la sospecha sobre el gobierno en pleno. Si no de connivencia, sí de comprensión con unos hechos que, desde luego, no la merecen.

Su propio baremo moral

Mónica Oltra, sí, conserva intacto su derecho a la presunción de inocencia. Pero su responsabilidad política es inexcusable. El baremo moral con el que Oltra debe ser juzgada es, además, aquel que ella misma esgrimió para los políticos del PP. Porque fue ella la que una y otra vez pidió la dimisión de Rita Barberá y Francisco Camps tras unas imputaciones que no acabaron en condena en ninguno de los dos casos.

Dicho de otra manera. Si Oltra no quiere obedecer al baremo moral de todos aquellos políticos que hoy han pedido su dimisión, y entre ellos Inés Arrimadas y Edmundo Bal, que atienda al que ella misma delimitó cuando estaba en la oposición y no sospechaba que algún día acabaría frente a un tribunal por delitos de tanta gravedad como aquellos de los que hoy se le acusa.

Estruendoso silencio

Más allá del apoyo, lógico pero obsceno, de compañeros como Joan Baldoví, uno de los políticos más agresivos y frentistas del Congreso de los Diputados, llama la atención el estruendoso silencio de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y socia de Mónica Oltra, y de Irene Montero, ministra de Igualdad.

Con su silencio, Díaz y Montero han demostrado que su presunto desvelo feminista por los abusos sexuales y la violencia contra la mujer son sólo una herramienta que esgrimir de forma hipócrita en la batalla cultural contra la derecha, pero no una preocupación real para ellas. No de otra forma puede calificarse ese silencio cuando desde el entorno de Compromís se ha difundido, incluso, el bulo de que la menor se lo habría inventado todo. ¿Dónde ha quedado, en fin, el “yo sí te creo hermana” tantas veces esgrimido por ellas?

La responsabilidad es si cabe mayor para Díaz, que ha convertido a Oltra en uno de los cinco puntales de su futuro proyecto político al margen de Podemos y de la mano de Ada Colau (también imputada por prevaricación y coacciones), Mónica García y Fátima Hamed. Si ese es el estándar ético de la nueva esperanza blanca de la extrema izquierda, entonces su proyecto ha muerto antes siquiera de dar sus primeros pasos.