¿Cuánto va a costar a España el posible “chantaje” a Pedro Sánchez?
18 de marzo de 2022. Inesperadamente y sin que hubiese habido rumores previos, Marruecos hacía pública una carta en la que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cambiaba unilateralmente la política que había venido manteniendo nuestro país con respecto al Sáhara Occidental y aceptaba, sin ninguna fisura, el plan de autonomía que reclama Rabat para la excolonia. Solo tres meses después, las relaciones con el reino alauí han mejorado; con Argelia, están en su peor momento.
Decisiones como la del Sáhara, que afectan a la política exterior de un Estado -y más una política que ningún gobierno español se había planteado modificar-, no se toman de un día para otro. Son decisiones meditadas y que atienden normalmente a motivos que van mucho más allá de un mero cambio de opinión o a un capricho de un presidente. Y si el que toma la decisión no ofrece casi detalles al respecto, el campo de la especulación se hace cada vez más amplio.
Por eso, hay que retrotraerse tiempo atrás, mucho antes de marzo de 2022, para analizar hechos que pueden haber influido en el giro con el Sáhara Occidental. ¿Hasta dónde? Esta es la primera duda y a partir de ahí surgen las hipótesis sobre los verdaderos motivos de Sánchez.
En estos más de dos meses desde que se conoció la carta del jefe del Ejecutivo al rey de Marruecos, Mohamed VI, Sánchez y su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han venido repitiendo el mismo discurso: el plan de autonomía es “la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso” en la excolonia española.
Pegasus: la especulación está servida
El estallido del ‘caso Pegasus’ ha centrado las hipótesis sobre los verdaderos motivos del giro con respecto al Sáhara Occidental. Cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reveló en rueda de prensa el 2 de mayo que el teléfono móvil de Sánchez había sido hackeado con el malware de fabricación israelí, un dato llevó a la conexión marroquí: las fechas de la intromisión, que coincidían con la crisis abierta con Rabat por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado de coronavirus y con la posterior respuesta en forma de entrada masiva de miles de personas (muchas de ellas menores de edad) por la frontera de Ceuta.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.
Los titulares que señalaban a Marruecos como posible responsable del hackeo del terminal del presidente del Gobierno no se hicieron esperar. Era mucha coincidencia. Y la hipótesis de un posible chantaje ha ido ganando enteros para otros partidos. Formaciones como el PP o el PNV ya han manifestado públicamente sus sospechas.
“Después del inexplicable volantazo diplomático dado por Sánchez respecto al Magreb y de las humillantes consecuencias que está teniendo para España, urge que Sánchez aclare si la información privada robada de su móvil oficial condicionó su errática actuación en este caso”, advirtió el pasado jueves el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.
La “prueba del nueve”, dijo Aitor Esteban, portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, es que entre los ministros espiados durante la crisis migratoria de Ceuta se encuentra el titular de Agricultura, Luis Planas (que había sido embajador de España en Marruecos), además de los ministros de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores y el propio presidente del Ejecutivo.
Sánchez negó el chantaje, aseguró que no tiene “ningún problema” al respecto, dijo a Esteban que puede estar “tranquilo” y tiró de ironía para intentar eludir más debate: “A diferencia de otros presidentes, no tengo ningún problema con mi móvil. A diferencia del señor Rajoy, yo no tengo ningún problema con mi móvil”, afirmó en referencia al mensaje de ánimo que el expresidente envió al extesorero popular Luis Bárcenas cuando éste había sido imputado en el marco del caso Gürtel.
Un posible “chantaje” como el que señalan PP y PNV, sin embargo, no tendría por qué venir necesariamente de Marruecos. Según fuentes conocedoras de la crisis diplomática, esa presión podría proceder de otro país con intereses en la zona y que hubiese tenido acceso al informe sobre los datos que se extrajeron del móvil del presidente, cifrados en 2,6 gigas por el Gobierno.
Marruecos, “socio” de Estados Unidos
Otra hipótesis, saliendo de las conjeturas del “chantaje”, apunta a una petición que podría provenir de Estados Unidos, potencia que ya ha manifestado su apoyo a Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental. Lo hizo Donald Trump en los estertores de su mandato -finales de 2020-, reconociendo la soberanía marroquí sobre la excolonia española, y su sucesor, Joe Biden, no ha enmendado esta postura.
El reino alauí es el principal aliado de Washington en la zona del Magreb. “Socio”, como lo llegó a calificar la Administración Biden. La cooperación contra el terrorismo en un Sahel cada vez más inestable, los acuerdos comerciales y de armamento y las buenas relaciones Marruecos-Israel hacen de este país norteafricano un importante aliado de Estados Unidos.
La ‘presión’ para España después del pronunciamiento tan explícito de Estados Unidos se habría unido a la que también puede ejercer Francia, habitual aliado de Marruecos que considera que el plan de autonomía para el Sáhara Occidental es “una base” sobre la que negociar, o de Alemania, que también resolvió su crisis diplomática con el reino alauí tras pronunciarse sobre la excolonia española y que opina que el plan es una “importante contribución”.
El control de las fronteras
La otra hipótesis al giro de Sánchez con respecto al Sáhara Occidental es la que menos análisis ocupa, pero podría tener cierta influencia. El control o descuido por parte de las autoridades marroquíes de las fronteras con Ceuta y Melilla es fundamental a la hora de determinar los flujos migratorios irregulares hacia España. Consciente de ese poder, Rabat lo utiliza en función del estado de las relaciones diplomáticas o de sus aspiraciones como medida de presión.
Fue clara esta estrategia en la crisis migratoria de Ceuta de mayo de 2021, tras conocerse que el líder del Frente Polisario estaba ingresado en un hospital de Logroño y que su entrada en España se había hecho bajo el más estricto de los secretos. Marruecos retiró a su embajadora en Madrid y la crisis se enquistó hasta el punto de que le costó el puesto a la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. La sustituyó José Manuel Albares. Su misión principal era solucionar el conflicto con Rabat. Un año después, la crisis es con Argelia.
