Es un pleno monográfico para despejar las dudas sobre la crisis política motivada por el espionaje a líderes independentistas y también a miembros del Ejecutivo a través del sistema Pegasus. A petición de todos los grupos parlamentarios que han exigido desde el minuto uno explicaciones sobre el asunto.

La crisis acabó con la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, algo que, para los socios no era suficiente, quienes apuntaban a la responsabilidad política de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Este miércoles, el presidente del Gobierno ha dedicado hasta sus primeros quince minutos para usar su comparecencia para atacar al Partido Popular por el caso Gürtel. Lo ha hecho echando la vista cuatro años atrás, con la moción de censura de 2018 a Mariano Rajoy que le llevó a la Moncloa. Y desde ahí ha acusado al PP de no aceptar el resultado electoral en las urnas y de “descalificar como ilegítimo cualquier Gobierno que no sea el suyo”. Según Pedro Sánchez, cuando llegó al Gobierno, “la sociedad veía entre atónita e indignada la escalada de escándalos de corrupción de sus gobernantes, que con una mano recortaban y con otra cobraban sueldos en b”.

El presidente del Gobierno ha aprovechado para cargar contra el PP, y se ha congratulado de que “la corrupción” desde su llegada a La Moncloa, ya no se encuentra como uno de los principales problemas para los ciudadanos. Según ha incidido, es ahora la “crispación política” la que ocupa los principales puestos en el barómetro del CIS en su pregunta de principales preocupaciones. Una cuestión a la que endosa la participación de la oposición. “Sabemos que la situación no es nueva. Suele ocurrir cuando la derecha está en la oposición”.

En cuanto a las responsabilidades de su Gobierno sobre el caso Pegasus, el presidente ha asegurado que defiende desde el primer momento la transparencia y la colaboración con la Justicia. Se ha defendido asegurando que su Ejecutivo “defiende la Constitución con los métodos que autoriza la Constitución y sin saltarse la Constitución”. Además, se ha amparado en el Defensor del Pueblo, que depende del socialista Ángel Gabilondo, para subrayar que el Ejecutivo se adecuó a la legalidad. En cuanto a la participación del Ejecutivo de las operaciones del Centro Nacional de Inteligencia, Sánchez se ha desvinculado al completo. “En un país democrático, Presidencia recibe informes del CNI, pero ni conoce ni decide sobre las operaciones del CNI”, ha remarcado en varias ocasiones.

Sí ha reconocido, como hizo la pasada semana ya, que “es evidente que ha habido un fallo de seguridad”, el cual pusieron en conocimiento de la Justicia y de la ciudadanía.

Sánchez se ha defendido así de las críticas de sus principales aliados, que exigían conocer el grado de implicación del Ejecutivo en el caso Pegasus. ” Con este gobierno no hay espacio para el uso ilegal de las instituciones. Hay espacios reservados, sujetos a la confidencialidad, pero sujetos a la ley”.