La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una nueva extensión del estado de excepción en el país, impuesto a finales de marzo, con 67 votos a favor, por otros 30 días más para combatir la violencia entre pandilleros.

El régimen de excepción supone la suspensión de algunas garantías constitucionales y se puede aplicar «en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público». Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.

El estado de excepción fue decretado tras un incremento histórico de asesinatos (89 muertos en un fin de semana).

Una investigación periodística de ‘El Faro’ reveló que la matanza fue consecuencia de la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Bukele, que siempre ha negado que existieran negociaciones, y la Mara Salvatrucha.

«Las condiciones se mantienen. Necesitamos más tiempo para seguir erradicando (las pandillas)», dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, que señaló que desde el 27 de marzo han sido detenidos 35.000 ciudadanos vinculados a estos grupos y más de 26.000 están en detención provisional dictada por orden de un juez.

Organismos de derechos humanos han denunciando las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las muertes de varias personas en custodia durante estos dos meses.