Josele Sánchez (Especial para AD) Resulta llamativo y alarmante que en España la retirada a unos padres de la tutela de su hijo no la decida un juez sino un simple funcionario de los Servicios Sociales.

Si a esto le añadimos el extraordinario negocio de la tutela de niños en nuestra nación, donde se llegan a pagar ¡más de 9.500 euros al mes! por cada niño tutelado, no es de extrañar que “los niños tutelados” se hayan convertido en uno de los mayores negocios que ha enriquecido (y continúa haciéndolo) a empresas y particulares y en uno de los más tristes “entramados” que acaban originando, de manera sistemática, abusos sexuales, prostitución y misteriosas desapariciones de menores y que conforma eso que ha venido en denominarse “alcantarillas y sumideros del Régimen del 78.

Para Pepe Maldonado, presidente de la Asociación Nacional del Menor Tutelado es el dinero y la codicia el principal problema y la causa por la que en España existe un número tan elevado de retiradas de tutelas a los padres (la última actualización de la que disponemos es del 31 de diciembre de 2.020, fecha en la que había 49.171, lo que representa aproximadamente unos 6 / 1.000) con un porcentaje muy superior al de los países de nuestro entorno:

“Los Servicios Sociales muestran una extraordinaria avidez por declarar desamparos, casi siempre por motivos económicos”. Según el máximo representante de la Asociación Nacional del Menor Tutelado “la mayoría de las retiradas de tutelas se basan simplemente en una situación de pobreza de la familia de origen, pero no en la falta de cuidados o abandono de los niños”. Maldonado, acaso el más veterano defensor de esta causa sostiene que “muchas familias expresan tanto dolor por la pérdida de sus hijos y son capaces de hacer tanto esfuerzo para intentar recuperarlos, que nadie creería que esos padres merecieran una medida tan drástica y tan dolorosa.

Retirar la tutela a los padres: “el pelotazo” del negocio de la caridad

Pero es que además, si el Estado decide retirar la tutela a unos padres que “presuntamente” no están capacitados para tener y educar a sus hijos, siempre es bajo el supuesto de que las administraciones públicas van a garantizar esos cuidados de los que “teóricamente” carecen junto a sus familias. Pues bien, lejos de ser el Estado un responsable mejor que los padres de una criatura, que no ha cometido más delito que el de haber nacido en una familia pobre, las residencias en las que los niños son ingresados se han convertido en los mayores “dispensarios de niños y niñas para la explotación sexual” en España.

Así las cosas ha tenido que ser la prensa alemana la que pusiera el grito en el cielo por el “caso de prostitución de menores en Mallorca”, un hecho conocido y silenciado por la Administración hasta el punto de que el gobierno (y la coalición de izquierdas y separatistas que le dan soporte parlamentario) rechazaron crear una comisión parlamentaria para investigar los hechos ocurridos dentro de una residencia administrada por el ejecutivo balear que, como el de Pedro Sánchez se autoproclama “progresista”.

Pero resulta que lo que la prensa alemana hizo estallar como un caso escandaloso (silenciado, hasta entonces por los grandes medios de comunicación en España) no era sino la punta del iceberg, un siniestro caso entre los muchos que vienen sucediendo en residencias de niños tutelados a lo largo y ancho de toda la geografía nacional.

Fake News o realidad. El abusador sexual marido de Mónica Oltra

Hasta entonces, sólo unos pocos periodistas veníamos denunciado estos macabros acontecimientos y, pese a ofrecer en nuestras informaciones todo tipo de detalles que avalaban este funesto comportamiento de pederastia institucionalizada, la comisión Torquemada que a las órdenes de George Soros se ha convertido en los nuevos censores de lo que es verdad o no” (los Pedro J. Ramírez, Antonio García Ferreras & Ana Pastor, Ignacio Escolar & Cia…) decidieron calificar a este periodista como “Rey de las Fake News”.

Pues tomen ustedes “Fake News”, una sobredosis de “Fake News”, todas ellas sobradamente argumentadas, alguna incluso ya condenada (como la del abusador sexual marido de la vicepresidente de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra) y otras en fase de judicialización.

Pepe Maldonado, gitano con extraordinario prestigio en una etnia especialmente afectada por este “robo de niños a sus padres” y activista contra los abusos gubernamentales contra los menores desde los mismos inicios de la Transición afirma:

“Por fin se ha abierto una gran grieta en ese muro censor que impidió que se creyera las denuncias de un periodista español: primero la prensa alemana y posteriormente mucha otra prensa internacional, se hicieron eco de que las niñas tuteladas de Mallorca se prostituían con mucha frecuencia y de que este hecho era conocido y consentido por la Administración desde hacía varios años”.

Pero la sociedad española parece seguir sin enterarse y sigue expuesta al mensaje prácticamente unánime de los grandes medios de comunicación que –quién sabe por qué intereses- pretenden “echar tierra” sobre el asunto o, directamente, calificar de “conspiranoico” a todo aquel que persiste en su denuncia.

El doctor Juan Mariano Pérez Abad prestigioso cirujano digestivo y, desde hace décadas, uno de los más destacados activistas en defensa de la infancia se queja, precisamente, de esta opacidad generalizada sobre la pederastia de los niños tutelados:

“Quizás lo que resulta más grave de todo, lo que parece estar poniendo en entredicho los fundamentos de nuestro Estado de Derecho, es comprobar la gran cantidad de cargos públicos, funcionarios, jueces, fiscales, policías o periodistas que miran para otro lado o colaboran activamente en el encubrimiento de estos hechos. Pero aún resulta de mucho peor pronóstico para el futuro de nuestra sociedad que a la propia opinión pública parezca importarle bien poco el esclarecimiento de semejante asunto”.

Periodistas al servicio de la ocultación

Juan Mariano Pérez Abad, cirujano y defensor de los niños violados.

El Dr. Pérez Abad continúa denunciando la manipulación de la verdad y el intento de ocultamiento por parte de algún periodista concreto y pone su acento en Pedro J. Ramírez:

“Tan importante debe ser taparlo todo, como para conseguir que un diario como El Español se haya visto obligado a adentrarse en el cenagoso terreno de las perversiones pederastas y homicidas del caso “Bar España” y lo hace a pesar de estar dirigido por el maestro Pedro J. Ramírez, cuyas pintorescas orientaciones sexuales anduvieron en risa de todos los que, en la primavera de 1997, tuvieron la oportunidad de contemplar el vídeo en el que la negra Exuperancia profanaba de placer los dos extremos de su tubo digestivo”.

Coincide Pérez Abad en lo expuesto -en párrafos anteriores por este periodista- en relación a la calificación de “Fake News” de toda noticia que disguste al poder mediático-político:

“Y como todos los estados que vulneran los Derechos Humanos, el nuestro también somete a su control a los grandes medios de comunicación, imponiéndoles sus criterios sobre la “Crónica Pederasta” que pretenden disipar. Y para acallar por completo todas las posibles voces disidentes, ha creado una nueva censura para redes sociales que, bautizada con el nombre de “maldito bulo” y disfrazada de defensor contra las “fake” (noticias falsas) ha sido introducida en Facebook y en el resto de redes sociales”.

Pero retomando el origen del problema (problema tan nefando que lastra al sistema hasta convertirlo en cómplice), es el dinero lo que origina estos robos masivos e injustificados de tutelas. Tanto es así que la propia Asociación Nacional del Menor Tutelado pide lo contrario que todas las asociaciones: ¡menos dinero público!:

La exagerada dotación económica asignada a la manutención de estos niños es lo que ha provocado que la ‘caridad pública’ se convierta en un negocio de trata de seres humanos –manifiesta el dosier de prensa de esta Asociación- Un negocio que necesita tutelar cada vez a más menores como “materia prima” para obtener mayor rentabilidad. Este fenómeno, que también se produce con las mujeres maltratadas, los ancianos, con colectivos étnicos como el gitano, etc., lo conocemos como “los negocios de la caridad”. Y la Asociación Nacional del Menor Tutelado prosigue en su demanda de reducción de partida presupuestaria para este negociado:

“Por muy paradójico que pueda parecer, proponemos que la primera medida a adoptar debería ser la drástica reducción de los fondos públicos destinados a la protección de menores. Que se invierta mucho menos dinero, y que ese dinero se entregue directamente a las víctimas del problema, evitando que esos recursos se queden “por el camino” en el entramado institucional que los gestiona”.

Desde luego resulta tan extraño que puede que sea la primera vez que este periodista se enfrenta a un colectivo que en lugar de solicitar más fondos económicos para asegurar los servicios públicos, lo que demanda es todo lo contrario, la reducción drástica de la partida presupuestaria destinada a tal fin. Pero no les falta razón. Pensemos que una familia con 3 hijos en situación de pobreza, podría vivir cómodamente con una ayuda de 1.000 € mensuales. Sin embargo, tutelar a sus 3 hijos, a razón de 7.000 € al mes, cuesta 21.000 € a los contribuyentes. Ahorraríamos 240.000 € al año y nunca encontraríamos dónde podrían estar mejor cuidados que con su propia familia.

Resulta escandaloso “el pelotazo” de los niños tutelados en España: pagamos cada mes por cada niño tutelado el doble que si lo enviáramos al internado más caro y prestigioso de Europa. El ejemplo es evidente: el Charterhouse School, uno de los internados más caros y elitistas del mundo cuesta 4.086 € mensuales. Aquí pagamos 9.813 € cada mes y por cada niño tutelado. ¿Incompetencia en la gestión de fondos públicos o negociazo a costa de los menores?

1.500 niños desaparecidos cada año y la fiscalía sin inmutarse

Pepe Maldonado atendiendo a los medios.

No hablamos del tercer mundo, no. Esto es España; esto está ocurriendo en España. Y mientras tanto a nadie parece preocuparle que muchos de los niños tutelados acaben siendo violados e introducidos en mafias pederastas, que se produzcan multitud de suicidios, que sean medicados con barbitúricos sin prescripción médica, que ¡cada año desaparezcan 1.500 niños! y que, aproximadamente, 300 niños por año nunca más vuelven a aparecer.

¿Dónde están esos 300 niños desaparecidos y por los que pagábamos cada mes más de nueve mil quinientos euros? ¿A dónde han ido a parar, qué ha sido de ellos, viven, están muertos, han ingresado en organizaciones pederastas, los han sacado al extranjero, son utilizados para tráfico de órganos?

Cualquier pregunta que el lector se haga está más que justificada. Lo único que carece de explicación es que al Estado “se le pierdan definitivamente” 300 niños por año y que nadie (políticos, fiscales, jueces ni periodistas) se pregunten dónde están esos pequeños y qué ha sido de sus vidas, de unas vidas que el Estado se comprometió a cuidar desde el momento en que retiró la tutela a sus padres biológicos.

Todo esto es lo que la prensa del sistema denomina “Fake News”. Nosotros ofrecemos detalles y verificamos toda la información. Ojalá fueran invenciones de este periodista; ojalá cada niño desaparecido y no encontrado fuese una “Fake News”, 300 “Fake News” cada año. Pero desgraciadamente son vidas humanas, vidas de niños desaparecidos es de lo que hablamos. Aquí no se inventa nada. Y aquí, tampoco, nadie investiga nada.