Una alta funcionaria de la administración Biden en la nueva Junta de Gobierno de Desinformación del Departamento de Seguridad Nacional trabajó anteriormente para el multimillonario antiamericano George Soros, según los informes.

De acuerdo con el Centro de Investigación de Medios, la líder de la Junta de Gobierno de Desinformación Jennifer Paskal tiene tres conexiones con Soros.

Soros es conocido por financiar causas de extrema izquierda en los Estados Unidos.

Antes de ser elegida para formar parte de la Junta de Gobierno de la Desinformación -apodada por los críticos como el “Ministerio de la Verdad” de la administración Biden-, la Consejera General Adjunta de Seguridad Nacional (Cibernética y Tecnología) había sido becaria del Open Society Institute.

La red de subvenciones fundada y presidida por Soros afirma respaldar a grupos de la sociedad civil de todo el mundo con la intención de promover la justicia, los medios de comunicación independientes, la justicia, la educación y la salud pública.

La organización es conocida por apoyar movimientos de izquierda como Defund the Police y Black Lives Matter.

Paskal también ha sido la principal asesora antiterrorista de Human Rights Watch, una organización de derechos humanos financiada por el multimillonario.

Según Media Research Center, Soros dio a la organización 32.106.746 dólares entre 2000 y 2014. La graduada de la Universidad de Brown y de la Facultad de Derecho de Harvard también había trabajado como editora fundadora de Just Security, una publicación en línea financiada por Soros, que se centra en la seguridad nacional, la política exterior y el análisis de los derechos humanos.

Además Soros dio a Just Security, un proyecto del Centro Reiss de Derecho y Seguridad de la NYU, 675.000 dólares en subvenciones entre 2017 y 2019, según Media Research Center.

Tanto Soros como los beneficiarios de sus fondos participan activamente en programas de comprobación de hechos en los que una organización asume el papel de árbitro de la verdad, desechando perspectivas alternativas como información errónea y noticias falsas y llamando a la censura de los puntos de vista opuestos.

Las organizaciones de control de hechos más notables respaldadas por Soros incluyen la Red Internacional de Control de Hechos del Instituto Poynter, de tendencia izquierdista, y Full Fact, con sede en el Reino Unido.

En enero, el Instituto Poynter publicó una carta abierta de los fact-checkers a YouTube, en la que pedían una mayor censura de la plataforma, alegando que es utilizada por “actores sin escrúpulos para manipular y explotar a otros, y para organizarse y recaudar fondos”.

El verificador de hechos Full Fact, con sede en Gran Bretaña y respaldado por Soros, negó en 2020 la validez de la teoría de la fuga de laboratorio para explicar los orígenes del COVID-19, para luego enfrentarse a los principales medios de comunicación que reconocen la posibilidad de una fuga de laboratorio más adelante durante el curso de la pandemia.

El hecho de que Soros tenga a uno de sus antiguos compañeros dirigiendo el Ministerio de la Verdad sancionado por el gobierno de Biden debería preocupar a todos los ciudadanos estadounidenses, dijo el Media Research Center.

El Secretario de Seguridad Nacional de la administración Biden, Alejandro Mayorkas, reveló a finales de abril que el Departamento de Seguridad Nacional había formado un Consejo de Desinformación dirigido por Nina Jankowicz, que en su día consideró que las noticias sobre el contenido de la computadora portátil de Hunter Biden formaban parte de una campaña de desinformación rusa.

Prácticamente, todos los medios de comunicación reconocen ahora que la computadora portátil y su contenido son auténticos.

A su vez, Jankowicz fue una antigua becaria de desinformación del Wilson Center que trabajó para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania con una beca política Fullbright.

Durante su estancia en el Instituto Nacional Demócrata, supervisó los programas de Rusia y Bielorrusia del instituto, según Politico.

La noticia de la Junta de Desinformación provocó la indignación de los republicanos y los defensores de la libertad de expresión a la luz de la definición hiperbólica de la administración Biden de lo que constituye el extremismo y la desinformación.

Los republicanos se comprometieron a impedir que la junta reprimiera los derechos de la Primera Enmienda de los estadounidenses a través de la acción legislativa.