Hace más de dos años empezaron a imponerse oleadas de restricciones cada vez más estrictas, incluido el arresto domiciliario generalizado, a ciudadanos sanos que no habían cometido ningún delito.

Una a una, las democracias del mundo se doblegaron ante el pánico a la pandemia de Covid que se extendía por el mundo, y sus gobiernos adoptaron cada vez más tintes de regímenes totalitarios, al decir a la gente cuándo, dónde, hasta dónde, cuánto tiempo y con quién y con cuántos podían salir o incluso acostarse; qué negocios podían funcionar y en qué condiciones; qué medicamentos podían recetar los médicos y los requisitos de barbijos y vacunas obligatorios para una serie de interacciones sociales y profesionales.

Muchas directivas carecían de base científica y algunas eran francamente descabelladas; realmente no hay una palabra mejor para definirlas. La manifestación más importante de la extralimitación del ejecutivo se produjo en Canadá, con la caravana de la libertad de los camioneros en Ottawa, y en el estado australiano de Victoria.

En ambos casos, los diputados traicionaron al pueblo, al país y a la Constitución al poner sus propias carreras en primer lugar, el partido en segundo lugar y el país en último lugar. El crecimiento desenfrenado del Estado administrativo y la centralización de la autoridad, el poder y la toma de decisiones en los despachos de los primeros ministros y de los primeros ministros se fundieron a la perfección en el ascenso del Estado neofascista.

La complicidad de los medios de comunicación en la propagación de la pornografía del miedo, la censura de las voces alternativas en las redes sociales y las amenazas de procedimientos disciplinarios, incluidos el despido y la cancelación del registro por parte de los organismos profesionales, han garantizado un conformismo asfixiante.

La mayor sorpresa para mí fue la facilidad con la que los ciudadanos nacidos libres cayeron en la conformidad absoluta. Las comisiones de derechos humanos desaparecieron justo cuando más se las necesitaba.

La Comisión de Derechos Humanos del Territorio de la Capital Australiana, por ejemplo, recurrió a generalidades difusas: “Las restricciones a los derechos sólo deben mantenerse mientras sean necesarias, y no deben limitar los derechos más severamente de lo necesario”. Prometió que estaba “supervisando las restricciones”. Esto fue en diciembre.

La mayor decepción fue la rapidez con la que los defensores institucionales contra la tiranía del ejecutivo -el parlamento, los medios de comunicación, las comisiones de derechos humanos y los grupos de presión- se doblegaron ante el mayor ataque a las libertades de la historia.

Lo más decepcionante fue la renuncia de los tribunales a controlar el descenso a la tiranía de facto, aunque sea temporal, a pesar de las salvaguardias constitucionales como la Carta de Derechos en Canadá. Los tribunales se remitieron en su mayoría al ejecutivo.

Así, varias impugnaciones legales a la creciente serie de restricciones del Reino Unido en nombre de la salud pública simplemente se esfumaron. En una serie de decisiones en 2020-21, los tribunales australianos confirmaron la validez de las restricciones del COVID-19, incluyendo Palmer v Western Australia (2021), Loielo v Giles (2020), Gerner v State of Victoria (2020) y Cotterill v Romanes (2021).

El Tribunal Supremo de Victoria rechazó las demandas de impugnación de las órdenes de salud pública porque la prueba de proporcionalidad debía aplicarse al conjunto de medidas adoptadas, que habían contribuido a disminuir el riesgo de pandemia.

En cuanto a las órdenes de vacunación, el 3 de noviembre un juez federal dictaminó que Victoria podía despedir a las enfermeras que se negaran a recibir las vacunas Covid. El 8 de diciembre, el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur se pronunció en contra de una impugnación legal, financiada por el público, de los mandatos de vacunación para los profesores, los trabajadores de la salud y de la tercera edad y algunos trabajadores de la construcción, que fue rechazada primero en un tribunal en octubre y luego apelada.

Lo más importante de todo es que, en febrero de 2021, el Tribunal Superior, la máxima instancia judicial de Australia, confirmó el cierre de la frontera de Australia Occidental. El profesor de derecho James Allan ha argumentado que si el primer ministro Scott Morrison no se hubiera acobardado al apoyar el desafío del magnate minero Clive Palmer, probablemente habría ganado hasta 3.600 euros para los disidentes desde mediados de marzo.

Sin embargo, apenas un mes después, el Gobierno abandonó el intento porque ya no se podía justificar la “invasión de los derechos fundamentales”, ya que la variante Omicron era menos severa que las anteriores. Es probable que las preguntas del tribunal hayan empujado al Gobierno a dar marcha atrás.

El mes pasado, el Tribunal de Justicia Administrativa de Sicilia declaró inconstitucional el mandato de vacunación porque se había demostrado que las vacunas de ARNm causaban “efectos secundarios graves o mortales”. Aunque las muertes sean raras, basta con una sola para invalidar el mandato. El caso pasará ahora al Tribunal Constitucional de Italia.

Debido al tirón de cumplimiento que el Tribunal Supremo de EE.UU. ejerce a nivel mundial, su decisión del 13 de enero de anular el mandato de vacunación o prueba de la administración Biden para los grandes empleadores, con un mandato limitado para los trabajadores sanitarios de los centros que reciben dinero federal, fue trascendental.

La sentencia de la jueza federal de Florida, Kathryn Kimball Mizelle, del 18 de abril, anuló los mandatos de los barbijos en el transporte público. La suya fue una decisión legal, no política ni científica: los CDC se habían excedido en su autoridad legal. La sentencia fue recibida con vítores y celebraciones espontáneas por parte de la tripulación y los pasajeros tras los anuncios a mitad de vuelo.

La administración, que no tiene oído, decidió apelar y el siempre fiable Anthony Fauci cuestionó la autoridad de los tribunales para invalidar a los burócratas de la salud. Después de haber rechazado cualquier crítica dirigida a él como un ataque a la propia ciencia, ahora quiere situar a los CDC y al Instituto Nacional de Salud por encima del estado de derecho.

La decisión del Tribunal Supremo de la India del 2 de mayo es especialmente digna de mención.

En primer lugar, porque es el máximo tribunal del país, que abarca todo el territorio en su mandato e incluye instituciones educativas y organizaciones privadas.

En segundo lugar, porque afecta a 1.300 millones de personas. Y tercero, por su longevidad, estatura y sólida independencia, que a menudo ha cruzado el umbral del activismo judicial, sus dictámenes influyen en la configuración de los debates en los procedimientos judiciales de otros países.

El Tribunal sostuvo que el Gobierno central tiene derecho a imponer restricciones a los derechos de las personas como medida de seguridad para la salud pública.

Sin embargo, debido a la “integridad corporal y la autonomía personal”, según el artículo 21 de la Constitución, no se puede obligar a ningún individuo a vacunarse. Y lo que es más importante, el Tribunal basó su decisión en “la opinión científica emergente [que] parece indicar que el riesgo de transmisión del virus por parte de personas no vacunadas está casi a la par con el de las personas vacunadas”.

Por lo tanto, los mandatos de vacunación no son “proporcionados”. En un nuevo giro que alegrará a los escépticos de las vacunas Covid en todo el mundo, el Tribunal ordenó al Gobierno que facilitara la notificación de los efectos adversos sospechosos en una plataforma de acceso público.

Si ninguna otra institución o foro examina rigurosamente la ciencia y los datos que hay detrás de las órdenes de salud pública que afectan a poblaciones enteras, entonces los tribunales son la última esperanza que nos queda para poner a prueba la sustancia de los consejos sanitarios y las decisiones del gobierno. Este es el significado clave de la decisión del Tribunal Supremo indio.