Muchos de los trámites legales en organismos oficiales se han visto afectados por la crisis actual, incluida la gestión de pensiones por incapacidad. Conoce de qué manera afecta la crisis a quienes solicitan una incapacidad legal y cómo actuar cuando ha sido denegada una pensión permanente de incapacidad.

Situación actual de las pensiones de incapacidad

Cada vez es más complejo que se apruebe una incapacidad permanente. Quienes necesitan este tipo de pensión deben consultar con un abogado seguridad social, quien tendrá que pelear en Tribunales por su aprobación e interponer un recurso de apelación en caso de que se haya revocado una incapacidad ya aprobada.

La economía tiene una influencia importante en la sostenibilidad de las pensiones, pues determina —junto con otros factores— la masa salarial para responder a los compromisos de pensión. Debido a la crisis, la posibilidad de sostener tales compromisos se ha hecho difícil, pues los recursos de la Seguridad Social han disminuido a causa del aumento de personas en paro. Por eso, la denegación incapacidad es cada vez mayor.

¿Cómo afecta la crisis a los pensionistas de incapacidad?

Cualquier enfermedad o lesión que genere un impedimento para realizar actividades laborales debería condicionar la obtención de una pensión por invalidez. No obstante, muchos casos han sido desestimados, e incluso algunas pensiones por incapacidad aprobadas han sido recurridas por el INSS. Entonces, quienes necesitan este beneficio no tienen más opción que contratar un abogado para tramitar una reclamación.

¿El INSS recurre todas las sentencias?

Por lo general, la Seguridad Social desestima la solicitud de miles de personas que necesitan una pensión de incapacidad con motivos válidos. Los cálculos ascienden a más de 50 mil expedientes rechazados, de los que aproximadamente 20 mil son partícipes de juicios contra el INSS.

Cuando estas batallas legales culminan en beneficio del ciudadano, la Seguridad Social tiene la opción de interponer un recurso para desestimar la sentencia. No obstante, debe cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, la Seguridad Social tiene cinco días hábiles para interponer el recurso y, además, la interposición de este recurso no le exime del abono de la prestación, incluso mientras el trámite esté en curso.

¿Qué hacer frente a la denegación de una incapacidad permanente?

Lo primero que hay que hacer es presentar una reclamación por la vía administrativa en un plazo menor a 30 días hábiles desde que se ha recibido la notificación por parte de la Seguridad Social. Si esta reclamación no es respondida, se procede con una demanda judicial.

Un abogado especializado en pensiones de invalidez permanente presentará el caso en los juzgados. Durante el juicio, se ofrecerán las pruebas que acrediten la necesidad de una pensión por incapacidad, lo que incluye la valoración por un especialista médico en el área correspondiente. Aun si la sentencia no fuese favorable en este punto, la ley establece la posibilidad de interponer un recurso de apelación.

Mientras tanto, la duda de muchos es si es necesario reincorporarse a sus funciones laborales o no. El trabajador solo volverá al trabajo si ha sido dado de alta por un médico cuando se le ha negado la incapacidad. Si en estas circunstancias el trabajador no acude al trabajo, la situación podría acabar en un despido disciplinario. Por eso, lo más razonable es contratar un abogado que ofrezca asesoría ante la necesidad de una pensión de incapacidad.