Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre 13 contratos de adquisición de material sanitario y de adjudicación de ayudas por parte del Gobierno denunciados por un diputado del PP de la Asamblea de Madrid después de que esta misma Fiscalía comenzara a investigar el contrato de compra de mascarillas del que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un decreto, hecho público este viernes, la Fiscalía anuncia que las diligencias de investigación se dirigen a la práctica de comprobaciones sobre siete empresas presuntamente «favorecidas» con esos contratos y acuerda la apertura de diligencias por cada empresa. Se trata de Industrias Plásticas Playbol (a la que el denunciante relaciona con los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez), Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (que se vincula al exministro José Luis Ábalos); FCS Select Products (con cuyos responsables tendría lazos de amistad el exministro de Sanidad Salvador Illa) o Páginas Amarillas Soluciones Digitales, ahora Beedigital, vinculada al marido de la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Las diligencias también afectan a empresas con las que se hicieron compras supuestamente fraudulentas como Weihai Textile Group Import & Export, Hyperin Grupo Empresarial y Member Of The Tribe (a la que Sanidad adelantó el 30 % del primero de los contratos que se relacionan por un importe de 1,6 millones de euros, se incumplió el plazo de entrega y la Administración no ha recuperado el dinero adelantado).

Anticorrupción, al igual que ocurrió en el caso del contrato que atañe al hermano de Díaz Ayuso, excluye cualquier participación «ab initio» de personas aforadas en esas millonarias adjudicaciones y ayudas, lo que determinaría que sea suya la competencia para investigar estos hechos y no de la Fiscalía del Tribunal Supremo. De hecho, la Fiscalía hace referencia al decreto por el que se abrieron diligencias de investigación acerca del contrato del que cobró Tomás Díaz Ayuso tras denunciarlo los grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid. La Fiscalía considera aquel decreto «extrapolable a este» y, al igual que con esas denuncias, también ve procedente con esta «la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados».

Recuerda el decreto, que suscribe el fiscal jefe Alejandro Luzón, que esta denuncia presentada por un diputado del PP de la Asamblea de Madrid, presentada el pasado 10 de marzo, expone presuntas irregularidades en los contratos de emergencia, relacionados con el COVID-19, formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, y en la concesión de subvenciones públicas. «El hilo conductor en la exposición de los hechos» de la denuncia es la vinculación de las sociedades adjudicatarias «con las distintas administraciones públicas y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos», si bien «no se terminan de formular imputaciones concretas». Unas conductas que podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Por todo ello, y «debido a la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública» y «a la indiscutible trascendencia social del contexto en que tienen lugar los hechos descritos en la denuncia», Luzón cree conveniente la apertura de estas diligencias «conducentes al esclarecimiento de los hechos» y cuya instrucción asigna al fiscal Luis Pastor.

El decreto recoge los indicios recopilados en la denuncia, y sobre la empresa Playbol, explica que el denunuciante relaciona las ayudas que recibió «con la vinculación de la empresa con los padres del Presidente de Gobierno». «Al parecer, estos vendieron en 2018 los activos, fondo de comercio y maquinaria de la empresa Playbol, S.A., de la que continúan como administrador y apoderada ambos cónyuges», señala Luzón. La empresa compradora Industrias Plásticas Playbol «se subrogó en los contratos laborales» y Playbol «sigue siendo propietaria de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial trasmitida, por cuyo arrendamiento percibe anualmente 156.000 euros», añade.

Respecto a Beedigital, la denuncia destaca que el marido de la ministra de Economía es el director de marketing de la empresa y que esta sociedad suscribió un contrato de 884.000 euros con la Administración «cuando la adjudicataria tenía deudas con el Estado por un importe de 1,6 millones de euros». En cuanto a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, el denunciante aporta información periodística que la relaciona con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y añade otras circunstancias, fundamentalmente, que su cifra de negocio fue en 2019 «de 0 euros, frente a los 53,13 millones de euros en 2020 por las adjudicaciones públicas directas». Los mismo sucede con las sospechas sobre FCS Select Products, con cuyos administradores tendría una relación de amistad el exministro de Sanidad.

A esto suma el denunciante que su actividad social -servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas- «no tiene relación directa con el objeto del contrato», y que, mientras en 2018 su. su cifra de negocio fue inferior al millón de euros, en 2020 alcanzó los 263,1 millones de euros por las adjudicaciones públicas directas.