El Senado español aprobó este miércoles una modificación del código penal que castigará el acoso y la intimidación de los activistas provida a las mujeres que acudan a clínicas para interrumpir voluntariamente su embarazo.

La nueva legislación, impulsada por el Partido Socialista, ya había obtenido el visto bueno del Congreso y entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado.

A partir de entonces, quienes «para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo» acosen a una mujer «mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad» serán castigados con penas de prisión de tres meses a un año o a trabajos comunitarios, según la propuesta enviada por el Congreso.

Con este cambio en el código penal también se arriesgarán a las mismas penas quienes traten de intimidar a los profesionales sanitarios que asisten a estas mujeres.

El aborto fue despenalizado en España en 1985, únicamente por tres causas: violación, riesgo grave para la madre y malformación fetal, pero no fue hasta 2010 cuando se legalizó la interrupción del embarazo sin justificación médica hasta la decimocuarta semana de gestación.

Distintas organizaciones provida llevan años trabajando a las puertas de estos centros para ofrecer información a las mujeres y disuadirlas de practicarse un aborto. Sin embargo, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha denunciado que estas actuaciones suponen una coacción para las embarazadas, ya que muchas de ellas «son increpadas, insultadas o incluso amenazadas».

Un grupo de estos activistas se manifestó este miércoles a las puertas del Senado para protestar contra lo que denuncian que es una «criminalización» de sus actividades, según la plataforma Derecho a Vivir, que afirmó que seguirá ofreciendo «ayuda» y «oraciones a las mujeres que lo necesiten».

El gobierno de Pedro Sánchez prepara también una ley para garantizar que todos los hospitales públicos realicen abortos, además de un cambio en la legislación para que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir un embarazo sin el consentimiento de sus padres, como ocurre en Reino Unido y Francia.