Imagen de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, el pasado viernes

El 22 de junio de 2017, dos agentes de la Policía Nacional acuden al centro de menores Niño de Jesús de Valencia para trasladar a la residencia a una joven que se ha escapado. A su llegada, los policías se encuentran en la puerta a una pareja que nada tiene que ver con el suceso. «Díselo, díselo de una vez, anda, cuéntaselo de una vez todo y escarmienta», le espeta un chico a Maite, su novia y una de las menores tuteladas por la Generalitat internas en el centro.

Acto seguido, la niña de 14 años relata que un monitor, «un tal “Luis”», en referencia a Luis Ramirez Icardi -entonces marido de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra- ha abusado sexualmente de ella entre dos y tres meses antes.

Los agentes también anotan la siguiente frase en el informe de incidencia que entregan a su superior: «Que una noche mientras este se pensaba que estaba dormida procedió a cogerme la mano y hacerse una gayola».

Sobre el agresor, la joven «no quiere decir más» y «le cuesta hablar por el temor que este le suscita, ya que tiene una familiar que es un cargo importante dentro de una Conselleria y que la misma sale por la tele». Esta revelación da pie a que la jefa del Grupo de Menores de la Policía Nacional remita pocos días después, el 27 de junio, una nota informativa a la Fiscalía para que investigue los hechos y constituye la génesis de un caso judicial cuya polémica gestión amenaza ahora la estabilidad del Gobierno valenciano.

Hasta ese momento y pese a que la menor verbalizó los abusos en febrero, el Ministerio Público no tuvo constancia de los mismos. Así lo recoge la exposición razonada en la que el juez que investiga la actuación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en este asunto pide a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que valore la imputación de Oltra, máxima responsable del departamento autonómico.

Un documento de 71 páginas, en el que el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia indica que existen «indicios racionales y sólidos» de la participación de la dirigente de Compromís -aforada- en los hechos por los que ya se siguen diligencias contra trece investigados, entre altos cargos, funcionarios y trabajadores del centro concertado de la capital del Turia en el que ocurrieron los abusos entre finales de 2016 y principios de 2017. Por ello, Icardi, uno de los educadores del turno de noche, fue condenado a cinco años de prisión, a la espera del recurso en el Supremo.

El instructor mantiene que desde el centro de menores y desde la Conselleria se promovió un «cierre en falso» de la primera investigación. Ni se utilizó el nombre completo del presunto agresor en los informes ni «incomprensiblemente» se derivó a la niña al servicio que se encargaba de estos casos -el Instituto Espill-, siendo atendida por psicólogas que no estaban especializadas en abusos y que tampoco preguntaron por los mismos a la víctima.

Durante meses, el asunto se trató «en total discreción», tal y como revela uno de los correos electrónicos que obran en la causa. «En ningún momento existió una voluntad cierta de esclarecer los hechos penalmente relevantes repetidamente expuestos por la niña y atribuidos» a Icardi, marido de la «superior, jerárquicamente, de los funcionarios que tenían conocimiento de lo verbalizado» por la víctima. Sino «por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos», algo «inexplicable» por la «amplia experiencia profesional» de los implicados.

«No se alcanza a entender por qué» en el centro no creyeron su relato y «se trató de restar credibilidad» a la joven. Además, solo se pidió la versión del educador -cuya relación con Oltra era conocida por todos en la residencia- cuando el asunto ya se daba por cerrado y volvió a su puesto de trabajo tres semanas después. En ese momento, se le consintió elaborar un protocolo de actuación para futuros casos similares.

«¿Por qué sin investigación alguna digna de merecer tal nombre se repone a un presunto abusador de una menor tutelada en un servicio al cuidado de menores? ¿Si la niña no era creíble, por qué se cambió al educador de planta al reintegrarle al servicio? ¿Por qué ni siquiera se informó de los hechos a la Fiscalía para su constancia en el Expediente de Protección de la menor?», se pregunta el magistrado en su escrito dirigido al TSJ.

El instructor Vicente Ríos pone el foco en que «desde el punto de vista de la investigación, en modo alguno puede soslayarse» que la manera de proceder de los trece investigados «tuviera que ver con decisiones de la máxima responsable de la Conselleria en la que trabajaban o de la que dependían todos ellos». Desacreditando a la víctima, beneficiaban al educador.

Sin embargo, matiza el juez, «no puede negarse que los hechos afectaban de forma muy relevante» a Oltra, «no solo en el plano personal, como es obvio, sino también en el plano de sus responsabilidades políticas, ante la carencia de cualquier protocolo en la Conselleria para proceder en supuestos tan graves como el del abuso sexual continuado de una niña tutelada y en tanto que, por esta actuación de los funcionarios a su cargo, no salieron entonces a la luz graves hechos, penalmente relevantes, atribuidos a su marido».

«Una investigación paralela carente de sentido»

Cuando la Policía Nacional comunicó los hechos, la Fiscalía de Menores inició diligencias penales: envió tres requerimientos de información a Igualdad y reprochó no tener conocimiento de absolutamente nada de lo ocurrido hasta la fecha. El 27 de julio un juez ya había abierto un procedimiento y dictado una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima.

La versión de Mónica Oltra se ajusta a la de los plazos judiciales. La titular de Igualdad asegura que conoció lo ocurrido cuando recibió una notificación judicial en su casa. El juez ha verificado que esa comunicación llegó el 4 de agosto. Cuatro días después, el 8 de agosto por la tarde, se recibió en la Dirección Territorial de Igualdad.

El instructor destaca que Oltra «es la única que ha reconocido públicamente» que conociera la existencia de un proceso judicial en marcha cuando se abrió un expediente informativo, bajo el nombre de «Información Reservada 1/2017», esa misma jornada. Las dos altos cargos que ordenaron abrir ese expediente desmintieron a la portavoz del Gobierno autonómico y aseguraron que actuaron por cuenta propia.

«Ese informe, el expediente lo encargué yo, dejen a la gente en paz», aseveró Oltra ante los medios de comunicación, para días después matizar sus palabras, aunque el juez considera que todos los indicios apuntan en esa dirección.

Es este el punto más controvertido de la causa, pues pese a que la consellera ha asegurado que quiso conocer los fallos del sistema, el estado de la joven, «saber qué actuaciones se habían realizado, por qué no se había derivado a la presunta víctima a Espill, por qué no se le había hecho la atención psicológica de tratamiento que hacía falta…», el objetivo del informe no era ese: se orientó a «desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado».

Se activó una «investigación paralela a la judicial carente aparentemente de todo sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos, humanos y materiales, con el consiguiente coste». De hecho, el magistrado hace alusión al planteamiento que Oltra utilizó durante su comparecencia en las Cortes Valencianas en abril de 2021: «Pues bien, ¿se imaginan que ante esta situación yo como consellera no hubiera movido ni un dedo para ver qué ha fallado, ni para ver cómo está la joven, ni para asegurarme si es cierto lo que cuenta? ¿Qué me habrían dicho ustedes?».

La respuesta -asevera el juez- es «simple»: «No hubiera ocurrido nada, porque a eso ya se dedicaba quien por ley tiene encomendada esa función, que no es otro que el Juez de Instrucción, una vez judicializadas las diligencias de la Fiscalía Provincial».

Además, incide en el «sesgo» del documento y en la dureza con la que se trata a la menor. Ese informe psicológico del Instituto Espill concluyó que la versión de la víctima era era «poco creíble». A la Fiscalía solo se remitió en diciembre de 2017 el expediente final, basado en el de Espill, que calificaba como «no creíble» el relato de la joven. El archivo completo fue enviado al Ministerio Público dos años después, cuando ya se había celebrado el juicio, que tuvo que repetirse parcialmente.

Ni cese ni dimisión

La causa tiene su origen en sendas denuncias del abogado de la víctima y líder de España 2000, José Luis Roberto, y la asociación Gobiérna- Te, impulsada por la confundadora de Vox Cristina Seguí. Además, la formación de Santiago Abascal ejerce la acusación popular. Surge a raíz de la sentencia de la Audiencia de Valencia que condenó al agresor y en la que ya se indicaban indicios de encubrimiento por parte del personal de Igualdad.

Pese a la fuerte presión de la oposición y ante el cierre de filas de la izquierda, la vicepresidenta del Gobierno de PSPV, Compromís y Unidas Podemos no contempla dimitir e insiste en que el procedimiento nace de una «teoría de la conspiración liderada por la extrema derecha» y que no asumirá responsabilidades «por las mentiras que cuentan otros». «No hay ilegalidad ni falta de ética», reiteró este lunes.