La huelga de los transportistas colapsa las principales vías de acceso a Madrid (20 Minutos)

AD.- Si hubiera que definir en solo una frase el balance de la crónica económica española, esta sería sin duda caos, sectarismo y negligencia a todos los niveles. El desconocimiento de la realidad y de los mecanismos más elementales de fiscalidad, crecimiento y empleo resulta asombroso.

Desde el gobierno socialcomunista se defiende incrementar el gasto en el país que más desastrosamente gestiona lo público de toda Europa, que despilfarra anualmente el 9% del PIB sin control alguno. Una política económica responsable no puede recortar gasto y bajar impuestos. Vamos a un desastre a la argentina en forma acelerada.

Pagamos las consecuencias de todos los excesos de estos últimos años. El Gobierno ha enchufado a millares de amigos sin conocimiento alguno para los cargos y con sueldos de escándalo —con nóminas de hasta 546.000 euros, coches oficiales, visas oro, etc.—, y muchos miles más sumando los enchufados que traen consigo; ha llevado a cabo programas de despilfarro público inexistentes en el resto del mundo, como la sanidad universal y el turismo sanitario, financiando todo ello con un incremento brutal de deuda, comprada casi toda por un BCE que ya ha dejado de hacerlo, sin que nadie piense ni sepa cómo van a financiar más de 200.000 millones en vencimientos y deuda.

El Gobierno ha sido incapaz de coger las riendas de una economía que acumula la mayor deuda pública de su historia, solo plantea en forma totalmente caótica el mayor hachazo fiscal de la historia (cinco veces el de Rajoy), cuyas primeras consecuencias están a la vista: destrucción récord de empleo y hambre en las calles. Los inversores han sacado ya más de 70.000 millones, y no debido a las crisis externas que afectan a muy pocos, sino al temor suscitado por un Gobierno caótico, donde la descoordinación es total y el sectarismo, absoluto.

El informe de coyuntura del Ministerio de Economía cuantifica la grave desaceleración de la economía (caída de ventas minoristas, desplome del turismo, caída de expectativas y de indicadores adelantados). El déficit comercial se ha disparado y la tasa de inflación se acelera. Pero esto no es todo, el más importante indicador adelantado, el PMI del sector servicios, que representan los dos tercios del PIB, se ha desacelerado al nivel mas bajo en casi dos años, los nuevos pedidos siguen cayendo y el sentimiento empresarial se ha desplomado a su mínimo de hace cinco años.

En cuanto al déficit del Estado, dada la orgía de gasto iniciada por Sánchez e Iglesias, hasta noviembre de 2021 alcanzó los -65.008 millones de euros, un -10,17% en tasa interanual, equivalente al -5,4% del PIB. El problema es que estos irresponsables, cuya ignorancia supera su sectarismo, opinan que el déficit no solo no es ningún problema y que lo que hay que hacer es tener más déficit, porque socialistas y podemitas comparten la increíble patraña de que “un país no puede quebrar”, cuando solo desde 1975 han quebrado 20 países, y nueve desde el año 2000, dejando una secuela de hambre, miseria y dolor humano casi inimaginable.

Demagogia, incompetencia y sectarismo ciego como no se conocían desde que Zapatero nombró a un equipo ministerial que asombraría a Europa porque el que más parecía sacado de una escombrera. Cada ministro/a va completamente a su aire, sin nadie que coordine nada, en función de sus caprichos y de su filosofía ‘progre’, ya que casi nadie tiene el menor conocimiento sobre las responsabilidades a su cargo. Pero lo malo de verdad empezará este año. Con la mayor deuda pública de su historia, casi 1,5 billones de euros o el 118,7% del PIB, con un crecimiento a la baja y teniendo que emitir deuda por más del 20% del PIB sin el BCE para comprar, vamos a la senda griega de la suspensión de pagos. Por si fuera poco, la huelga de transportistas ya ha provocado problemas de desabastecimiento de alimentos en los supermercados, la suspensión de actividades de la industria lactea y el amarre de la flota pesquera.

Embargo de las cuentas bancarias

Lo peor sin embargo podría producirse si el gobierno tiene la tentación de embargar las cuentas bancarias de los ciudadanos. El Consejo de Ministros aprobó el pasado julio el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Seguridad Nacional defendiendo la necesidad de que si se producía otra crisis, el Estado podía disponer de los recursos necesarios para mitigar el impacto.

Con esta nueva Ley de Seguridad, el Gobierno podrá disponer en este tipo de situaciones de todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas, regular la producción industrial de España en función de la situación y otras medidas. El problema de esta medida es que concede poder absoluto al Gobierno para tomar decisiones sin que sean aprobadas en el Parlamento a través de Real Decreto, solo necesitando establecer una situación de crisis.

Esta reforma contempla una reserva estratégica de aquellos bienes considerados como esenciales para garantizar los derechos y libertades, el bienestar de los ciudadanos, el suministro de los servicios esenciales y los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico. Esto se traduce en que el Gobierno puede requisar de forma temporal determinados bienes que considere necesarios para afrontar la hipotética situación de crisis, como pueden ser componentes electrónicos, maquinaria de alta tecnología, etc.

Además, el texto destaca sectores como el de la ciberseguridad, seguridad económica y financiera, el marítimo, aéreo y ultraterrestre, el energético o el sanitario.

Pero la norma va más allá, y en el artículo 28 reconoce que el Gobierno podría requisar bienes privados y exigir la disponibilidad de “recursos humanos y materiales” ya sean públicos o privados para hacer frente a la crisis, aunque será de forma temporal y con indemnizaciones. La inclusión de “bienes privados” incluye los depósitos bancarios de los ciudadanos.