El rey emérito Juan Carlos I, en una imagen de archivo.

LR.- El posible recorrido judicial sobre las cuentas del Rey Juan Carlos I ha terminado. Después de meses anunciándolo, la Fiscalía acaba de hacer público los decretos de archivo sobre las investigaciones que se iniciaron en 2018 (durante la instrucción del “caso Villarejo”) y se trasladaron al Tribunal Supremo en 2020 sobre el patrimonio del exjefe del Estado y el posible cobro de comisiones irregulares. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado los decretos de archivo este mismo miércoles sin conseguir amarrar ningún delito contra el Rey, bien por la inviolabilidad que le otorga la Constitución en sus años de mandato, bien porque los hechos han prescritos o bien porque los indicios han sido insuficientes. Termina así, sin querella, la investigación que ha llevado al exjefe del Estado a trasladar su residencia fuera de España.

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, había prorrogado hasta en dos ocasiones (por seis meses cada una) las diligencias porque siempre faltaba algún fleco por terminar. Unos decretos de prórroga que no estuvieron exentos de polémica por la indefensión que siempre supone para los investigados -en este caso Don Juan Carlos- no conocer qué es lo que está bajo la lupa porque nunca se llegó a judicializar.

Prórrogas y regularizaciones

La última de las prórrogas -que se firmó en diciembre, aunque en diferentes fechas- se hizo habida cuenta de que faltaba una información importante por llegar de Suiza: las cuentas de la Fundación Zagatka de los años 2014 y 2015.

Al fiscal de Ginebra Yvess Bertossa -cuya investigación también corrió la misma suerte de archivo- se le olvidó incluir estos datos en una comisión rogatoria que envió a España y la Fiscalía española los necesitaba para comprobar que las regularizaciones practicadas por Don Juan Carlos estaban bien terminadas.

En esto se ha demorado la Agencia Tributaria corroborando los datos del fisco. A través de su abogado Javier Sánchez-Junco, el monarca realizó dos pagos a Hacienda. El primero, el 9 de diciembre de 2020 por un total de 678.393 euros correspondientes a una deuda tributaria de 2016 y 2018. El segundo, en febrero de 2021 por más de 4 millones de euros, referente a rentas no declaradas durante años por pago en especie a través de billetes de avión.

Hasta aquí llegan las tres líneas de investigación que un equipo de fiscales, liderados por el fallecido Juan Ignacio Campos y por el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, han desplegado en los últimos meses.

Primero: AVE a La Meca

La primera de ellas referente a unas supuestas comisiones del AVE a La Meca que Arabia Saudí pago al padre de Felipe VI por haber intercedido para que el proyecto millonario se lo llevaran los empresarios españoles. El Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí “donó” unos 65 millones de euros a la Fundación Lucum (registrada en Panamá). Un dinero que, luego, acabó en una cuenta en Bahamas de su examiga Corinna Larsen. Precisamente una grabación de ésta hablando con el comisario José Manuel Villarejo dio pie al inicio de las pesquisas.

Según el relato de la Fiscalía la Fundación Lucum se abrió en agosto de 2008 y ese mismo día, el 8 de agosto, se efectuó un ingreso por transferencia bancaria procedente del Ministerio de Hacienda de Arabia Saudí por importe de 100.000.000 dólares estadounidenses, que al cambio son 64.884.405 euros. En el informe de apertura de la cuenta se indica: “importe enviado por el rey Abdallah de Arabia Saudí como regalo según la tradición saudí de cara a otras monarquías”. A partir de ese momento y hasta 2012 se realizaron diversas operaciones. Por ejemplo, en junio de ese año se transfirieron 3.500.000 euros a una cuenta abierta a nombre de la sociedad Dolphin en un banco en Bahamas y cuyo titular era Arturo Fasana.

La Fundación abrió hasta cuatro cuentas diferentes más. Una en francos suizos que se utilizó para satisfacer las comisiones por servicios bancarios y para obtener efectivo; otra en abril de 2010 para poder ingresar ese mismo día en ella 1.890.250 dólares en efectivo que, “al parecer” dice el fiscal, el Sultán de Bahrein habría entregado al entonces Rey de España y en la que se realizaron operaciones de inversión; y la cuarta, y última, se abrió en libras esterlinas con el objetivo de realizar inversiones con valores británicos.

Regalo a Corinna Larsen

La cuenta se cerró en 2012 y todo el dinero en el interior se realizó como una “donación irrevocable en favor de Corinna zu Sayn-Wittgenstein” (apellido que conserva de su anterior matrimonio, la empresaria Corinna Larsen). Fue una orden del propio Rey y el valor de la Fundación Lucum ese 5 de junio de 2012, día del traspaso, era de 52.749.390, 84 euros, 3.778.983,89 francos suizos y 14.493.993,26 dólares.

El decreto especifica que Don Juan Carlos presentó las correspondientes autoliquidaciones del IRPF en este periodo (entre 2008 y 2012), pero que no incluyó las rentas y rendimientos obtenidos en las cuentas abiertas en el banco Mirabeaud. La Agencia Tributaria no ha hallado otros motivos de regularización derivados de su condición de beneficiario porque ni aparece en las bases de datos su titularidad, ni cuando se pidió información a Suiza constaba allí cuentas de Juan Carlos de Borbón.

Segunda: tarjetas opacas

La segunda línea indagatoria se empezó a raíz de una alerta del Servicio de Inteligencia Financiera de España (SEPBLAC). Versa sobre el uso de Juan Carlos I y de miembros de su familia de unas tarjetas opacas que empleaban como testaferro a un militar de su confianza y cuyos fondos procedían del empresario mexicano Allen Sang Krause.

Tercera: trust en Jersey

De la tercera ya se conocía el contenido por una filtración del documento de archivo a la Cadena COPE. Se trata de un trust que se constituyó cuando Juan Carlos I era príncipe como soporte para su corona. Si había inestabilidad política en el futuro podría tirar de ese dinero que provenía de unos fondos de Manuel de Prado y Colón de Carvajal, una persona muy próxima al monarca.

La investigación de la Fiscalía señala que el trust bebe de dos fondos creados entre 1995 y 1997, del que nació en 2004 el “The JRM 2004 Trust” ubicado en la isla de Jersey (en el Canal de la Mancha y ligada a Reino Unido). Las siglas vienen por su creador Joaquín Romero Maura, historiador, profesor y consejero de Don Juan Carlos. Todos estos nombres han sido analizados por el Ministerio Público, pero no han podido dilucidar qué personas aportaron dinero a lo largo de los años.

El Rey Juan Carlos decidió liquidar el trust y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura por una sencilla razón: “la situación política en España era estable, el heredero, hoy Rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la Monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia en ellos de Manuel de Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional hubiera exigido embarazosas explicaciones”.

Con todo esto, aquí tampoco ve Luzón delito endosable a Juan Carlos I “ni en su gestión, ni en la capacidad para disponer de los fondos; ni en ningún momento” porque no ha tenido “la condición de beneficiario”.