Luis Gonzalo.- Estupefacto quedé. Y, sospecho, que no fui el único. Ocurrió en el Juzgado de lo Penal de Madrid hace algo así como un año, cuando debía defenderme de una demanda interpuesta contra mí por la propia ministra de Defensa española, Margarita Robles, que presta casi la misma atención a mis tuits que a Jens Stoltenberg o Joe Biden –en unas pocas horas fui denunciado, con toda la maquinaria del Estado español funcionando como si de una crisis diplomática se tratara–. Así nos va.

En la refriega judicial, que finalizó tras ser absuelto por la Audiencia Provincial, porque no existía razón jurídica alguna, sino una operación estatal de acoso económico y judicial, el teniente general Miguel Alcañiz Comas soltó la bomba. Unas escasas palabras que detonaron sobre todos los presentes con una onda expansiva que todavía provoca temblores en la mente de más de uno: ‘No sé muy bien cómo se denuncia una página web’. Todo un teniente general mostrando una severa incapacidad jurídico-tecnológica.

Fue, realmente, escandaloso. Bien, pues Miguel Alcañiz Comas, entonces jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), fue incorporado como asesor de dirección en el consejo de administración de General Dynamics Santa Bárbara Sistemas. ¿Les suena? Es la principal empresa adjudicataria del blindado 8×8 que supuso a los españoles 2.100 millones de euros en plena pandemia –y que serán casi 4.000 millones si no hay sobrecostes–.

Creo que es muy posible que, tras la anécdota, muchos puedan intuir las razones reales de la incorporación del teniente general Miguel Alcañiz Comas a General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, la filial española de la gran empresa armamentística norteamericana –y no me refiero a la conocida filia norteamericana por lo nazi o lo filonazi–.

Una noria interminable

Porque más allá de lo anecdótico, las puertas giratorias, como la atravesada por el teniente general Miguel Alcañiz en su momento, constituyen un problema de grandes proporciones en el mundo militar español, donde hay un interminable listado de altos mandos militares que, en su desaforado amor a la patria, se convierten en emprendedores dentro del mundo de la consultoría a su nada tierna edad de la reserva, casi en los sesenta. Máxime, cuando el nivel de formación de Miguel Alcañiz Comas parece ser compartido por más de uno. ¿Recuerdan el alto mando militar español –coronel Amable Sarto– que, en una conferencia en 2018, confundió a los frikis con los hákers? Pues dentro de la cúpula militar se sitúa entre los jóvenes y preparados, pues trabajaba en Ciberdefensa.

Las puertas giratorias constituyen un problema de grandes proporciones en el mundo militar español, donde hay un interminable listado de altos mandos militares que, en su desaforado amor a la patria, se convierten en emprendedores dentro del mundo de la consultoría a su nada tierna edad de la reserva, casi en los sesenta.
Retornando a la cuestión principal, el listado de patriotas generales que se ha transformado en exclusivos asesores es alarmante, ya que, solo desde el año 2016: Salvador Delgado Moreno fue contratado por Petronor y Argos; César Miguel Simón López por Airbus; Fernando Alejandre Martínez por Sener Aeroespacial; José Luis Urcelay Verdugo por Maxam, Abengoa, Oesia o Everis; José Carrasco Gabaldón por Everis; Ignacio Azqueta Ortiz por una consultoría tecnológica; Juan Antonio Carrasco Juan por Airbus; Eduardo Gil Rosella por Oesia; Francisco Javier García Arnáiz por Global Training Aviation; Eugenio Pérez Ferrer por Indra; Rafael Comas Abad por TRC y Suricatta Systems. Además, el registro podría ser más extenso si incorporamos a los generales contratados antes de 2016 y a los militares cuyo empleo es inferior a general.

De hecho, de no ser por la no menos fervorosa tendencia de la cúpula militar española de ingresar en la formación ultraderechista de VOX, podríamos afirmar, sin ningún género de dudas, que convertirse en asesor tecnológico a cambio de generosos sueldos colma las aspiraciones casi sexagenarias de demasiados generales.

Un disparate de difícil justificación

Más de uno cuestionará qué hay de malo en que un alto militar que no tiene ni idea sobre cómo se denuncia una web decida desarrollarse profesionalmente en el terreno de la asesoría al terminar su carrera militar. Dejando a un lado los múltiples informes existentes en ámbitos académicos, políticos o institucionales sobre lo pernicioso de las ‘puertas giratorias’, existen razones fundadas para creer que esta práctica perjudica gravemente a las Fuerzas Armadas por la adquisición de material innecesario. Y, por tanto, al bolsillo de los contribuyentes.

Una muestra del disparatado dispendio se halla en los almacenes de las Fuerzas Armadas, que han almacenado o almacenan material militar por valor de varios miles de millones de euros. Por ejemplo, en bases militares han estado almacenadas aeronaves por valor de casi 2.700 millones de euros: en Albacete se guardaron a cobijo de las inclemencias meteorológicas, no sea que se estropearan, una docena de Eurofighter en 2016; mientras, en Almagro permanecieron en hangares 3 helicópteros NH-90, por falta de personal, y 6 helicópteros Tigre, por cosas del destino –se compraron 24 unidades, 18 de un modelo y 6 de otro, y estos últimos ahora se han convertido en piezas de repuesto–.

Dejando a un lado los múltiples informes existentes en ámbitos académicos, políticos o institucionales sobre lo pernicioso de las ‘puertas giratorias’, existen razones fundadas para creer que esta práctica perjudica gravemente a las Fuerzas Armadas por la adquisición de material innecesario. Y, por tanto, al bolsillo de los contribuyentes.

Da la graciosa casualidad que estas aeronaves han sido suministradas por Airbus, la empresa que ‘fichó’ a dos de altos mandos militares anteriormente reseñados. Los mismos que estuvieron presentes cuando las Fuerzas Armadas adquirieron el material que después tendría como uso principal dotar de sentido a los almacenes. Al menos durante un tiempo. Y si a ello le añadimos que España pretende revender la mitad de los aviones militares de transporte A400M que se adquirieron –también de Airbus–, 13 de los 27, el montante de material dudosamente necesario superaría los 5.000 millones de euros. Un disparate que genera un gran beneficio a los generales que trabajan para Airbus y un gran perjuicio a las Fuerzas Armadas que estos juraron defender y a los ciudadanos que pagan la factura.

Por último, y aunque pudiéramos seguir, lo afirmado aquí encuentra respaldo en el Congreso de los Diputados, la sede parlamentaria española. Porque fue ahí donde, en octubre de 2010, el entonces secretario de Estado para la Defensa, Constantino Méndez, afirmó que “no deberíamos de haber adquirido ni adquirir de presente y de futuro sistemas que no vamos a utilizar para escenarios de confrontación que no existen, y lo que es más grave, con un dinero que no teníamos ni en el momento en que ustedes gobernaron y tuvieron que tomar decisiones ni lo tenemos ahora”.

Mastodóntico gasto militar, inasumible deuda

Habida cuenta del impacto de la adquisición de armas en la contabilidad de las Fuerzas Armadas, no cabe duda de que las contrataciones de altos mandos militares por empresas privadas relacionadas con el sector armamentista causan un gran impacto en el presente y el futuro: un mastodóntico gasto militar y una inasumible deuda. No es la razón principal, pues Estados Unidos es el motor y promotor del gasto militar español, pero, sin duda, es un buen lubricante para la correa de transmisión del dispendio.

Aunque estimaciones reales cifran el gasto militar español en 22.796 millones de euros, lo cierto es que no sabemos exactamente el gasto militar real –el gasto oficial se sitúa en 10.155 millones de euros–. Un gasto al que debemos añadir una deuda que no ha hecho más que aumentar desde que Margarita Robles se convirtiera en ministra de Defensa. Solo durante 2021 se autorizaron y firmaron contratos por valor de más de 7.000 millones de euros –aunque los programas de modernización ya superan los 14.000 millones de euros, y no han terminado–, un gasto que se añade a los 21.500 millones de euros que todavía se adeudan de los planes especiales de armamento y que de deben seguir pagando hasta más allá de 2030 –este mismo año se abonarán 1.809 millones de euros–. Es decir, el Ministerio de Defensa se encuentra endeudado entre 28.500 y 35.500 millones de euros. Y subiendo.

Después de más de 5.000 millones de euros en aeronaves que han estado o están almacenadas o despiezadas, más de 35.000 millones de euros de deuda y más de 22.000 millones de euros de presupuesto anual, los estupefactos deberían ser los españoles, salvo los que no saben denunciar una página web.