Los políticos y las burocracias federales y estatales de Australia han revelado que están dispuestos a atacar los derechos de los ciudadanos cuando les conviene. El nuevo sistema de identidad digital de Australia daría a los políticos tiranos un control total.

El proyecto de ley para crear un sistema de identidad digital que se aplique a todo el mundo, según el gobierno federal australiano, es importante porque “la gobernanza eficaz del sistema es esencial para el funcionamiento eficaz del sistema y para infundir la confianza del público en él”.

La cuestión es que el gobierno australiano ha perdido completamente su legitimidad. En el transcurso de los dos años de la “pandemia”, los gobiernos australianos han demostrado que no se puede confiar en ellos para preservar las instituciones democráticas fundamentales, los derechos humanos básicos, en particular el derecho a la privacidad de la propia salud, o el estado de derecho independiente.

La confianza del gobierno se ha erosionado para una gran parte de la población, y de forma merecida. Los políticos y los burócratas del gobierno han demostrado sistemáticamente que no se ocupan de los intereses del pueblo. En lugar de ello, dan directivas y castigan a quienes no las siguen.

No cumplir las órdenes de inyectarse un tratamiento genético experimental significa ser expulsado de la sociedad y perder el trabajo en la mayoría de las regiones del país. ¿Qué significa “gobierno efectivo” en este contexto?

El concepto de DNI digital no es nuevo. El gobierno laborista de Bob Hawke luchó mucho por la legislación del carné de identidad en los años 80, pero no tuvo éxito. Esta vez, es más crucial oponerse a ella.

La tecnología digital puede proporcionar al gobierno un control total sobre los ciudadanos y sus acciones. En el primer caso, incluiría la asistencia sanitaria y ampliaría el uso de los ya conocidos certificados digitales Covid-19, que se exigen para acceder a la mayoría de los eventos y negocios.

La cosa no va a acabar ahí. Todas las telecomunicaciones estarán vigiladas, y se controlará el acceso a los servicios gubernamentales, a las redes sociales, a los servicios bancarios y a los viajes, gracias a la identidad digital. Por decirlo de otro modo, poder total.

El plan ya habría sido arriesgado si los gobiernos australianos y el sector público estuvieran al servicio del público la mayor parte del tiempo, cosa que no ocurre. Crear un sistema de identificación digital que pudiera ser explotado en el futuro seguiría siendo un riesgo que no merece la pena asumir.

Los argumentos del gobierno de que llevará a un “funcionamiento más eficiente” o de que le permitirá acabar con la actividad del mercado negro son, como mucho, ganancias marginales que no compensan las desventajas.

Los beneficios son mínimos y están envueltos en la habitual e inútil jerga de gestión que los gobiernos utilizan para disfrazar objetivos más siniestros. La verdad es que el DNI digital proporciona más control, algo a lo que los gobiernos no pueden resistirse.

El plan es aún más preocupante a la luz del hecho de que los políticos y las burocracias federales y estatales de Australia han demostrado sin lugar a dudas que están dispuestos a socavar los derechos de los ciudadanos cuando ello sirve a sus intereses.

La mayoría de los empleados del gobierno han seguido ciegamente directivas autoritarias, con poca empatía o flexibilidad. La gente corriente y buena ha soportado aparentemente un apartheid médico que recuerda al Tercer Reich.

Los tribunales no proporcionan ninguna protección, los medios de comunicación hacen propaganda y el mundo académico ha sido un socio voluntario de la dictadura en su mayor parte. Casi todas las instituciones democráticas del país han sufrido un daño importante.

Así que, en esa situación, ¿cuál podría ser la justificación para conceder a los gobiernos aún más influencia sobre la vida de los australianos normales? En la actualidad, la administración federal está dando un espectáculo de consulta con el público para mantener la ilusión de que todavía vivimos en un país libre.

No se debe confiar en ese procedimiento. El alcance de la oposición pública a esta legislación debe ampliarse; es fundamental para la supervivencia del país.

La prueba de que el gobierno no se preocupa por nuestros intereses está a nuestro alrededor. El derecho a la libertad de expresión está siendo suprimido implacablemente. Las personas que se manifiestan, como yo, han sido procesadas por incitación y acusadas de cometer un delito por querer reunirse con personas de ideas similares para expresar un punto de vista político.

Al entrar en una cafetería, ir al trabajo o asistir a un evento deportivo, se pide a los australianos que presenten sus “papeles”. Negarse a hacerlo puede dar lugar a cuantiosas multas. A nadie parece importarle que esto viole la Ley Federal de Privacidad, que es un delito penal. Esto implica que ya no somos una sociedad basada en la ley, y que los controles y equilibrios democráticos se han desmoronado.

Cualquiera que preste atención ha visto los posibles errores del gobierno. Esas personas deben concentrarse ahora en la ley propuesta, que, si se aprueba, tiene el potencial de conducir a crímenes aún más atroces.

He sido objeto de la ira del gobierno y ahora me enfrento a un proceso penal por defender los derechos humanos. Es casi seguro que mi teléfono y mis conversaciones son vigilados a diario, no puedo huir de ellos. Si están dispuestos a usar sus poderes contra mí, estoy seguro de que los usarán contra cualquier persona que respete la ley y pague sus impuestos.

Toda la legislación que se apruebe en Australia debe ser vigilada de cerca. Australia se está convirtiendo en un estado policial como resultado de leyes como estas. Están intentando continuamente ampliar sus capacidades para controlar todos nuestros movimientos, ¡y no se lo vamos a permitir!

Exigimos la restauración de los derechos que nos ha dado Dios. Deseamos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y hablar libremente sin temor a represalias. No nos rendiremos hasta que se restauren nuestros privilegios.