Hungría ha anunciado un referéndum sobre una reciente ley que reprime la pederastia y la promoción de la ideología LGBT entre los niños, en medio de las acciones legales de la Unión Europea para sabotear la legislación.

El partido gobernante húngaro Fidesz dijo el mes pasado que la votación se celebrará el 3 de abril, el mismo día que las elecciones parlamentarias del país. El primer ministro, Viktor Orbán, aspira a su quinto mandato y se enfrenta a un aspirante pro-LGBT y apoyado por los globalistas.

La amplia ley húngara de protección de la infancia, aprobada en junio de 2021 y que entró en vigor al mes siguiente, prohíbe los temas LGBT en el material escolar y en los contenidos de los medios de comunicación, incluida la publicidad. La ley prohíbe explícitamente “el contenido que represente la sexualidad por sí misma, o que promueva o muestre desviaciones de la identidad del sexo de nacimiento, la reasignación de género o la homosexualidad”.

La medida también endurece las penas por pornografía infantil, crea un nuevo registro de delincuentes sexuales y restringe la educación sexual a las organizaciones aprobadas por el gobierno húngaro.

Con el referéndum de abril, se plantearán a los votantes cinco preguntas, entre ellas si apoyan las clases de educación sexual pro-LGBT sin el consentimiento de los padres y si permiten que los menores se sometan a cirugías transgénero:

¿Está usted a favor de que se muestren a los niños contenidos mediáticos que muestren cambios de sexo?
El referéndum cuenta con un apoyo abrumador entre los votantes húngaros, según los sondeos.

En una encuesta realizada por la encuestadora Századvég, el 73% de los adultos húngaros dijo que no se debe enseñar a los niños la orientación sexual sin el permiso de los padres, y más del 90% dijo que los procedimientos de cambio de sexo no deben promoverse ni ponerse a disposición de los menores.

Alrededor del 90 por ciento también rechazó el contenido de los medios de comunicación sexualizados sin restricciones que puedan afectar al desarrollo de los niños y la exposición de los niños a representaciones de procedimientos transgénero.

Si el referéndum es válido, la normativa permanecerá en vigor durante tres años, tras los cuales el gobierno decidirá sobre nuevas leyes, según Gergely Gulyás, jefe de gabinete de Orbán.

En un vídeo de julio en el que se anunciaba el referéndum, Orbán describió la votación como una forma de que los húngaros hicieran frente a los intentos de la UE de desmantelar la ley de protección de la infancia. Los burócratas europeos, dijo el primer ministro, “se quejan de que no permitimos lo que se ha convertido en la práctica de Europa Occidental” con “activistas LGBTQ que van a los jardines de infancia y a las escuelas para proporcionar información sexual”.

“Eso es lo que los burócratas de Bruselas quieren también en Hungría”, dijo. “El futuro de nuestros hijos está en juego y no podemos hacer concesiones en este caso”. “Cuando la presión sobre nuestro país es tan fuerte, Hungría sólo puede ser protegida por la voluntad común del pueblo”.

Días después de la aprobación de la ley en junio, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió utilizar “todos los poderes de la Comisión” para detener la medida. La UE inició un procedimiento judicial contra el país de Europa del Este en julio y envió un dictamen al gobierno húngaro en diciembre en el que exigía la eliminación de la ley.

La legislación antipederastia es la última medida de una campaña de años dirigida por Orbán para preservar los valores cristianos de Hungría y defender a los niños de la ideología de izquierdas. Desde 2018, Hungría ha eliminado los cursos de “estudios de género”, ha prohibido la adopción por parte de personas del mismo sexo, ha enmendado la constitución nacional para proteger el matrimonio y la familia natural, y ha exigido renuncias a los libros pro-LGBT dirigidos a los niños.

Sin embargo, Orbán decepcionó a los conservadores el año pasado con las sanciones restrictivas COVID-19, que incluían la obligación de vacunar a los profesionales sanitarios y a los trabajadores del Estado.