El Gobierno de Brasil ha aportado dos millones de euros a un proyecto internacional, en el que participan 17 países de todo el mundo y que cuenta con una financiación total de siete millones, para combatir la pederastia, abusos y explotación sexual infantil, así como la trata de personas, a través de internet, con un «enfoque mixto» de tecnología y acción social.

El programa, liderado por un grupo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en España, se ha fijado el reto de desarrollar aplicaciones gratuitas de código abierto que ayuden a reducir el riesgo de que los menores se conviertan en víctimas de trata, además de aumentar la seguridad con la que los niños se comunican a través de las redes sociales.

El proyecto, denominado Héroes, cuenta con un presupuesto de casi siete millones de euros (cinco de la Comisión Europea y dos del Ejecutivo brasileño) y la participación de 27 organizaciones de todo el mundo.

Además, todos los participantes contribuirán a crear herramientas tecnológicas y protocolos enfocados a “armonizar” los marcos legales de los países miembros del consorcio, y diseñar nuevas guías para que las víctimas “no tengan que revivir su pesadilla una y otra vez”.

De esta forma, la prevención, investigación y asistencia a las víctimas se llevaría a cabo desde las vertientes informática, social y legal, explica la UCM en una nota.

Para ello, el proyecto cuenta con 27 socios procedentes de 17 países, de los que 11 pertenecen a la Unión Europea (Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Portugal, España y Reino Unido), uno está asociado a la Unión Europea (Suiza) y cinco son terceros países (Bangladesh, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay).

También participarán en el desarrollo de herramientas tecnológicas que cubran las necesidades más importantes de las policías, como la recopilación automática de información, el análisis de datos, la clasificación y detección de patrones que contengan evidencias de estos delitos; unos datos que se abordarán mediante técnicas de inteligencia artificial.

La última fase del trabajo implica la propia cooperación entre las policías y los agentes implicados en estas investigaciones, con el fin de brindar una “adecuada asistencia” a las víctimas y, con ello, reducir la re-victimización a corto y largo plazo.

Todas las iniciativas del proyecto se ejecutarán por medio de un consorcio multidisciplinar compuesto por cinco universidades (tres europeas y dos iberoamericanas), tres centros europeos de investigación, siete cuerpos policiales (cuatro europeos y tres iberoamericanos), ocho ONG, dos empresas europeas, una organización internacional y un organismo del Gobierno de Uruguay.