Por Cristina Díaz de Aguilar.- La Fiscalía abrió el año pasado procedimientos penales contra los patrones de 66 de las 484 pateras que llegaron a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, el último eslabón de las mafias que trafican con personas, en el que conviven dos perfiles: los “profesionales” de este negocio y los inmigrantes que se pagan el pasaje aceptando llevar el timón.

El año pasado, un total de 22.316 inmigrantes arribaron a Canarias en 545 pateras, el 87 % de ellos a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, según los datos por islas que maneja la Cruz Roja, y la Policía Nacional logró detener a 202 patrones “tras una exhaustiva investigación”, han indicado a Efe fuentes policiales.

Pese a la dificultad de luchar contra estas mafias porque las personas que emprenden su huida hacia Europa por esta vías son coaccionadas y amenazadas para que no hablen, en la nueva ola migratoria hacia el archipiélago se ha logrado detener a más patrones que en la llamada “crisis de los cayucos”, en 2006.

Fruto del trabajo policial, la Fiscalía de Las Palmas inició en 2021 un total de 66 procedimientos contra los patrones de estas embarcaciones por delitos contra los derechos de los extranjeros y homicidio imprudente en los casos en los que murieron migrantes en la travesía, según ha señalado en una entrevista con Efe la fiscal de Extranjería de esta provincia, Teseida García.

La Fiscalía estima que el año pasado fueron objeto de este tipo de procedimientos 150 patrones (de dos a tres por patera), la mayoría ya juzgados y con sentencias condenatorias gracias a que son delatados por sus víctimas, testigos protegidos que aseguran haber pagado entre 1.500 y 2.000 euros por la travesía.

Teseida García resalta que estos procedimientos crecieron un 400 por ciento respecto a 2020, cuando se incoaron 12 en la provincia de Las Palmas debido a la parálisis que sufrió la actividad judicial entre los meses de marzo y septiembre a causa de la pandemia de coronavirus, pero sobre todo a la continua llegada de pateras a las islas.

TODOS LOS CASOS DE 2020, CON CONDENA

De los casos abiertos en 2020 que ya han pasado por la Audiencia Provincial, todos han resultado con sentencia condenatoria.

Según ha explicado, en las cárceles de las islas permanecen los que están en prisión preventiva, pues, una vez que son juzgados, Instituciones Penitenciarias los traslada a los centros de la península e intenta que sea a lugares donde puedan tener algún arraigo familiar.

Todos cumplen condena en España ya que la ley prohíbe la expulsión judicial de los autores de delitos contra los derechos de los extranjeros y de trata de seres humanos, pero después son objeto de expulsión administrativa, que en estos momentos están prácticamente paralizadas debido al cierre de fronteras de los países de donde procede la mayoría, Marruecos y Senegal.

Aunque también suele haber patrones de Mali y Gambia, la mayoría de los subsaharianos que se ponen al timón de una patera reúne poca o ninguna experiencia en la navegación, mientras que los marroquíes están “más curtidos”, asegura la fiscal.

Los subsaharianos, además, son bastante jóvenes, mientras que los magrebíes pueden tener 40 y hasta 50 años, han sido pescadores, conocen bien el mar -lo que se aprecia en los aparatos de navegación de que disponen- y algunos incluso han hecho varias veces la Ruta Canaria.

PATRÓN… Y A LA VEZ VÍCTIMA

La fiscal ha manifestado que los patrones, a veces, son víctimas también de las mafias y, por lo general, eso ocurre con los subsaharianos, que negocian no pagar el billete o menos cantidad por el viaje a cambio de pilotar la patera.

En estos casos, según relatan los testigos protegidos, disfrutan de mejores condiciones que el resto de los viajeros, no permanecen en las casas que llaman “los tranquilos”, donde esperan hacinados los inmigrantes antes de emprender la travesía, ha indicado.

En cuanto a las condenas que la Fiscalía reclama por estos delitos, en el caso de que la patera o el cayuco llegue con todos los ocupantes y no haya tenido problemas, suelen ser de tres años y medio de cárcel, pero las penas aumentan si se pierde y queda a la deriva con el peligro que ello conlleva y, cuando se producen muertes, se impone un año por cada homicidio imprudente.

La Fiscalía ha tratado de “hilar cada vez más fino” para ser más justa en las penas que aplica: ya no se responsabiliza a los que manejan estas barquillas de la muerte de alguien que se tira por la borda porque no soporta la travesía, al considerarlo un suicidio, ni tampoco si el que fallece en el viaje es un patrón.

Teseida García ha subrayado que llegar hasta los responsables de las mafias es difícil porque “los patrones no hablan y últimamente ni siquiera en los juicios”, pero en ocasiones se ha logrado detener a los responsables e incluso extraditar a España a senegaleses desde Marruecos.