Gabriela Moreno.- España no comienza el año bien. El país bajo la administración del socialista Pedro Sánchez cayó en el listado global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 que emite Transparencia Internacional. En esta oportunidad, la nación europea obtuvo 61 puntos en una escala de 100, donde 0 es muy corrupto y 100 muy limpio.

Este listado contempla ítems que miden el soborno, el desvío de fondos públicos, el uso del cargo público para beneficio privado, el nepotismo en la función pública y la incapacidad del gobierno para hacer cumplir los mecanismos de integridad.

Otros puntos relevantes que destacan en la medición son también el enjuiciamiento efectivo de los funcionarios corruptos, la burocracia, la existencia de leyes adecuadas sobre divulgación de información financiera, prevención de conflictos de intereses, así como el acceso a la información y protección legal para denunciantes, periodistas e investigadores.

En todos esos aspectos, España cayó un punto en comparación con el año anterior, cuando arrojó 62 y dos puntos menos en la escala mundial. Allí pasó del puesto 32 al 34 entre los 180 países incluidos en el balance. Con su nuevo puntaje queda relegada al escalón 14, entre los 27 Estados de la Unión Europea.

Un mal resultado

El resultado «refleja que sigue latente en España un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, y que requiere una llamada a la acción a las autoridades, al sector privado y a la sociedad civil». Así lo señaló Transparencia Internacional, que desde su cuenta en Twitter la increpa por la falta de progreso en su lucha contra estos flagelos.

Incluso, esta organización considera que una economía como la española no debería estar por debajo de los 70 puntos en el índice de Percepción. Es vital que éste en esta banda si quiere mantener su imagen y competitividad ante un resultado que la dejan al lado de Lituania (61) e Israel (59) y lejos, muy lejos, de Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda que empatan la cabeza de la lista con 88 puntos cada una.

Una estocada en la caída

Mientras el gobierno de Sánchez digiere el amargo resultado, la Comunidad de Madrid dirigida por Isabel Díaz Ayuso le ganó el reclamo del mes de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente a diciembre de 2017 que no se abonó.

Madrid lideró la justa a través de una carta dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en octubre de 2019. Sin embargo, ante la negativa de este departamento, emprendió acciones judiciales en la Audiencia Nacional. Lo mismo hicieron otras comunidades autónomas; de hecho, la Justicia ya se ha manifestado, a favor de las autonomías, en los casos de Castilla y León y de Galicia, donde hubo fallo del Supremo.

El triunfo legal le sumará más de 400 millones de euros a las arcas de Díaz Ayuso. La representante de la Comunidad de Madrid celebra en Twitter este triunfo, que además impulsa la viabilidad de su ley que blinda a los tributos madrileños contra los aumentos nacionales.

Una realidad que persiste

Ahora, en la misma dirección que España, otros 131 países tampoco lograron avances significativos contra la corrupción, al solo alcanzar una puntuación inferior a 50. A su vez, se indica que 27 tienen la puntuación más baja de su historia.

Sudán del Sur (11), Siria (13) y Somalia (13) permanecen en la parte inferior del índice. De la misma forma, los países que experimentan conflicto armado o autoritarismo tienden a obtener los puntajes más bajos, incluidos Venezuela (14), Afganistán (16), Corea del Norte (16), Yemen (16), Guinea Ecuatorial (17), Libia (17) y Turkmenistán (19).

Frente a este panorama, Transparencia Internacional concluye que la defensa de los derechos humanos es crucial en la lucha contra la corrupción porque “los países que violan las libertades civiles generalmente obtienen una puntuación más baja en el IPC”. Esto, en opinión de la mencionada organización, se deba que “la corrupción socava la capacidad de los gobiernos para garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos. Esto afecta la prestación de servicios públicos, la impartición de justicia y la provisión de seguridad para todos».

La gran corrupción

El informe también destaca que la corrupción cometida por funcionarios de alto nivel suele combinar el robo transnacional a gran escala de fondos públicos. Tales acciones, a su vez, provocan graves violaciones de los derechos humanos.

Parte del problema que genera el escenario es que “la corrupción y la impunidad hacen que no sea seguro que la gente hable y exija justicia. Por eso, 98 % de los 331 asesinatos de defensores de los derechos humanos en 2020 ocurrieron en países con altos niveles de corrupción en el sector público, como lo demuestra un puntaje del CPI inferior a 45. Al menos 20 de estos casos fueron de defensores de los derechos humanos”.

Defender los derechos necesarios para que el poder rinda cuentas, restaurar o fortalecer los controles institucionales y combatir las formas transnacionales de opacidad es la única receta para cambiar esta realidad. Le toca a España también enfrentar el tema de la corrupción, así como al resto.