Jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos

AC.- El viernes 7 de enero de 2022, la Corte Suprema escuchó los argumentos a favor y en contra de la provisión que utilizó la administración Biden para imponer la vacunación obligatoria en todos los empleados federales, personal sanitario, y empresas con más de 100 trabajadores –un total de más de 100 millones de personas en todo el país. Basados en los cuestionamientos que hicieron los jueces conservadores, la Corte Suprema bien podría revocar la vacunación obligatoria antes de que entre en vigor.

El 4 de noviembre pasado, Biden anunció la implementación de la vacunación obligatoria a través de una ‘norma temporal de emergencia’ de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) la cual abarcaría a todos los empleados sanitarios que trabajen en clínicas que participen de los programas de salud pública de Medicaid y Medicare –alrededor de 84 millones de empleados, y todas aquellas empresas incluyendo el sector privado que tengan más de 100 empleados –se calculan unos 17 millones de personas en este grupo.

Quienes no estuvieran vacunados tendrían que presentar un test negativo semanalmente a partir del 4 de enero.

La medida se encontró con resistencia tanto del sector privado como de los trabajadores sanitarios y hubo decenas de demandas para anularla.

La corte federal del quinto circuito dejó sin efecto la norma, pero el gobierno apeló y la corte de apelaciones del sexto circuito volvió dejarla en vigencia y ahora está todo en manos de la Corte Suprema.

Jueces liberales le dan la razón a la administración Biden

Si bien la audiencia en la que los jueces escuchan los argumentos no es una definición concluyente de lo que será el fallo, en base a las preguntas o los cuestionamientos que hacen, se puede inferir cuál podría ser el resultado, especialmente cuando hay una mayoría que tiene opiniones en la misma dirección.

De los nueve jueces de la Corte, los tres considerados liberales o progresistas, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Stephen Breyer, dejaron en claro que la decisión de la administración Biden de usar la norma OSHA para obligar a la gente a vacunarse, se justificaba dada la gravedad de la pandemia en tiempos recientes.

La jueza Sotomayor incluso dijo que hacía falta una ‘regulación nacional’ con autoridad para anular aquellos estados que prohibieron la vacunación obligatoria, como el caso de Florida y Texas y como argumento citó algunas cifras de la pandemia.

“Tenemos hospitales que están casi a pleno rendimiento con personas gravemente enfermas con respiradores. Tenemos más de 100.000 niños, algo que nunca antes habíamos tenido, en estado grave, muchos con respiradores”, dijo la jueza.

No obstante, los dichos de Sotomayor fueron rápidamente ‘chequeados’ por periodistas en las redes sociales quienes aclararon que según datos del CDC, hay apenas 3700 niños internados por Covid en todo el país y como con otras cepas del virus, los niños siguen mostrando mayor resistencia a la enfermedad y ninguno ha tenido síntomas graves.

El juez Breyer también mostró una postura mucho más radical a favor de la norma OSHA, diciendo que le parecía ‘increíble’ que la vacunación no sea obligatoria dada la cantidad de muertes y hospitalizaciones que causó la pandemia.

Cuando se les preguntó por la cantidad de empleados que dejarían sus puestos de trabajo en vez de vacunarse o tener que hacerse un test todas las semanas, los jueces liberales dijeron que era mayor la ganancia de obligar a todos a vacunarse que perder un tercio de los trabajadores afectados.

Pero uno de los abogados que lidera las demandas contra la norma OSHA, el Dr. Kobach, refutó los datos presentados por los jueces progresistas afirmando que la cantidad de trabajadores dispuestos a renunciar es casi un 50 por ciento.

Jueces conservadores prefieren que el Congreso o los estados decidan por sí mismos

Los argumentos de los jueces conservadores giraron en torno a que la norma OSHA no era necesaria cuando los mismos estados tienen –y ya lo han hecho– la autoridad para dictar medidas para mitigar la pandemia, y tanto el sector privado como los empleados sanitarios estarían abarcados de esta forma.

El juez Samuel Alito señaló que proteger a los vacunados no era el punto de partida de la medida, sino más bien, lo que busca el gobierno con la norma es proteger a los no vacunados.

Si ese es el caso, la norma de la OSHA resulta difícil de justificar, ya que esos trabajadores no vacunados ya han analizado los riesgos y están dispuestos a soportarlos.

También resaltó que la vacunación obligatoria “impone un riesgo” debido a las posibles consecuencias adversas para la salud que muchas personas sufren tras recibir la vacuna Covid.

El juez Gorsuch dio a entender que regular la vacunación a nivel nacional era más bien rol del Congreso y no del gobierno federal. También aseguró que las normas de OSHA tradicionalmente nunca se usaron para regular la vacunación obligatoria.

Por su lado, Kavanaugh también reforzó la idea de que es el Congreso el que usualmente ha diseñado leyes relacionadas a la vacunación masiva y que lo por tanto, OSHA nunca tuvo la autoridad que la administración Biden la ha otorgado.

La opinión del presidente de la Corte Suprema, el Dr. Roberts, que en muchas instancias dejó de lado su visión conservadora para opinar a favor de los jueces liberales, fue casi contundente.

“No creo que se pueda decir que [la norma de OSHA] se dirigía específicamente al problema [de la vacunación]. Fue hace cincuenta años cuando el Congreso actuó. No creo que tuvieran en mente el COVID”.

También afirmó que era más apropiado dejar que el Congreso y los estados se auto-determinen al respecto en vez de que lo haga la burocracia federal.

La opinión de Roberts tiene especial importancia porque si él decide anular la medida, tanto la jueza Amy Coney Barrett que fue una de las que no se mostró segura en qué dirección ir, como los demás jueces conservadores, apoyarán su decisión, dejando aislados a los tres jueces liberales que están a favor.