Por Oriana Rivas.- Que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, amenazara a los no vacunados indignó a más de uno. El moderno sistema democrático del país europeo quedó empañado con los insultos del mandatario, quien usó el calificativo “emmerder” (que viene de la palabra «merde»). En el contexto de sus palabras traducidas al castellano sería algo como «joder» o «fastidiar» a los ciudadanos que se niegan a vacunarse.

Francia se escandalizó. Y es que naciones que encabezaban la lista de las más democráticas están virando a sistemas autoritarios cuando se habla de las vacunas y medidas para reducir los contagios por COVID-19. Al mismo tiempo que Macron lanzaba la amenaza, el parlamento francés debatía una iniciativa para que solo las personas vacunadas puedan acceder a restaurantes y lugares de ocio. Finalmente la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley y ahora pasará al Senado la propuesta excluir de «aspectos básicos de la vida» a los no vacunados.

En Alemania aquellos que no presenten un certificado conocido como 2G — vacunados («geimpfte») o recuperados («genesene»)— podrán ir a trabajar, pero deberán regresar directo a sus hogares. No pueden entrar a otro lugares a excepción de compras indispensables, urgencias médicas o familiares.

La gran incógnita es qué forma tomarán finalmente los modelos democráticos considerando las imposiciones que se vienen endureciendo en naciones con menores libertades. Por ejemplo, en Argentina bajo el gobierno izquierdista de Alberto Fernández, se ordenó el pase sanitario obligatorio en varias provincias. Los no vacunados pasan a ser ciudadanos de segunda. La paradoja es precisamente esta: las vacunas no son obligatorias, pero la constancia de las dosis sí lo es. Las libertades quedan coartadas ante la excusa de las normas epidemiológicas.

Desde Italia hasta Australia

La expansión de la nueva variante omicron fue el punto de partida para que las órdenes arreciaran, no solo en Europa, sino en otros continentes. Italia, concebida como una democracia representativa y multipartidista, aprobó una medida que obligará a los mayores de 50 a vacunarse. El país experimenta una ola de contagios. De 68034 casos el 3 de enero, pasó a 189088 el 5 de enero, según Our World in Data. Sin embargo las empresas fabricantes admiten que las dosis no eliminan el riesgo de contagio.

Imponer entonces la inmunización ha sido catalogado por detractores como una medida «totalitaria» e «inconstitucional». En Austria, considerada otra democracia modelo, se ordenó desde noviembre la obligatoriedad de las dosis. A juicio del canciller, Alexander Schallenberg, las vacunas son el «boleto de salida» de la pandemia.

El campeón mundial de tenis Novak Djokovic plantó posición y, por ende, está pagando las consecuencias. Djokovic fue detenido por más de seis horas en el aeropuerto de Melbourne, acusado de no haber cumplido con los requisitos de ingreso al país —tener las vacunas—. Allí le avisaron que sería deportado.

Toda la situación en torno al virus, los pases sanitarios y la vacunación avizoran un evidente autoritarismo y disputas diplomáticas. Que el presidente serbio acusara a Australia de «maltrato» por lo ocurrido con el destacado tenista asoma una tensión en las relaciones bilaterales futuras. Unas donde las inyecciones posiblemente se convertirán en requisito para conversar y concretar acuerdos. Un punto interesante para tener en la mira a mediano plazo.

Estados Unidos no es la excepción

También hay disputas en curso por las imposiciones desde la administración central en la que se suponía una de las naciones más democráticas del mundo, pues son varios los gobernadores que han decidido poner un alto a las decisiones emanadas desde Washington.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que no permitirá que el Gobierno de Joe Biden cierre la vida de las personas. «En Florida no vamos a permitir que ninguna histeria impulsada por los medios haga algo que infrinja las libertades individuales de las personas, cuando se trata de cualquier tipo de variante del COVID-19», enfatizó.

Los mandatos de vacunas de Biden para empresas y trabajadores de la salud podrían ser bloqueados por la Corte Suprema, tras impugnaciones de compañías y varios estados, los cuales denuncian que la actual Administración se extralimitó en su autoridad. Unos 100 millones de trabajadores han accedido a inmunizarse, pero el mandatario ha dicho que «no es suficiente».

Para muchos gobiernos del mundo siguen sin ser «suficientes» las políticas sanitarias y, exacerbarlas está poniendo entre la espada y la pared a las libertades individuales.