Registro realizado por la Guardia Civil el pasado día 18 en las dependencias municipales de San Martín de Valdeiglesias (Foto: ABC)

Paloma Cervilla.- La Operación Pantano, que llevó a cabo la Guardia Civil el pasado 18 de diciembre con el registro de varias dependencias municipales del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, ha destapado una trama sobre la que existen «indicios racionales de criminalidad» en la actuación del anterior equipo de gobierno del PSOE.

Pero no solo en la de la exalcaldesa María Luz Lastras, exconcejales y ediles actuales, sino también en personas vinculadas a estos responsables socialistas «por lazos familiares e intereses económicos». El objetivo era «obtener un beneficio económico ilícito en relación, principalmente, con la contratación de obras y servicios» por parte de este consistorio, según el auto del juez que autorizó este registro, al que ha tenido acceso ABC.

El magistrado que ha puesto en marcha la operación, tras la investigación realizada a raíz de la denuncia de la actual alcaldesa del PP, Mercedes Zarzalejos, desgrana en su escrito, con gran detalle, las empresas familiares que se han beneficiado del presupuesto municipal. Un dinero que han recibido con adjudicaciones presuntamente irregulares.

Uno de los casos más llamativos es el que afecta al ingeniero municipal, Manuel Sanz Zapata, y a la empresa ZM Ingenieros SLP, de la que fue administrador único hasta 2013, año en el que fue nombrado administrador solidario José Ramón Portabella. Manuel Sanz Zapata habría actuado en connivencia con el concejal de Obras y Servicios, Luis Haro, en el periodo investigado, entre 2014 al 2019. El objeto de la empresa es «servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico a los servicios de asesoramiento en trabajos de ingeniería». El montante total de dinero facturado sería 21.286 euros; lo declarado, 26.862 euros.

Ingeniero municipal

A juicio de la Policía, el «mantenimiento de la irregularidad es constante». Por un lado, «no existe un contrato adjudicado para los servicios prestados», ni «un procedimiento de licitación o contratación», por lo que hay una «ausencia de todos los requisitos previos». Además, se omite «la publicación del perfil del contratante».

Por otra parte, uno de los administradores solidarios, Manuel Sanz Zapata, es el ingeniero municipal, como así lo advirtió la interventora, Vanesa Pérez Vidal, en un interrogatorio, al aludir a «la posible presunción de laboralidad de este tercero». La investigación ha constatado la existencia de documentos que ratifican «la relación laboral continuada y con atribuciones públicas reservadas para funcionarios públicos».

Sanz Zapata «guiaba» hacía su empresa a dueños de locales que tenían que realizar informes para la concesión de licencias y «solicitaba que fueran realizadas inspecciones en aquellos locales que se negaban a realizar el proyecto con ZM Ingenieros SLP», señala el auto. «La ilegalidad de los hechos perpetrados por el ingeniero» se concreta en que «el cobro de los servicios se realizaba en efectivo, no coincidiendo el importe de la factura con el importe entregado», señala.

Animales y corbatas

La empresa Recolte que trabajó con el ayuntamiento es de Carolina Francisco Ortiz, sobrina de Luis Lastras, concejal de Deportes en la Corporación anterior a la de la socialista María Luz Lastra y prima del exconcejal de Deportes, Pablo Luis Lastra.

La empresa, dedicada al alojamiento y recogida de animales, llamó la atención por el alto volumen de facturación: 145.027,88 euros. Los perros que dice recoger no los recoge en su totalidad, y la exconcejala socialista, Beatriz Sánchez, personal de confianza de Alcaldía, posteriormente dice que «son trasladados a una residencia, propiedad de su tío».

Igualmente, Gráficas Serafín S.L, cuyo administrador único es Serafín González, primo hermano de Félix González, concejal de Personal, presenta una factura por 635 euros en concepto de «corbatas xerografiadas», que no corresponde realizar en función del contrato.

Fuente: ABC