Revés para Biden: El Tribunal de Apelaciones bloquea la vacunación obligatoria para empresas privadas
El decreto de Biden que obliga a las empresas con más de 100 empleados a vacunar a su personal fue frenado por la Corte de Apelaciones y ahora pasará a la Corte Suprema.
La medida inconstitucional del presidente Joe Biden, quien ordenó por decreto que todos los trabajadores en relación de dependencia en empresas de más de 100 empleados, deben tener el esquema de vacunación completo o serán despedidos, fue frenada por una Corte de Apelaciones.
“Debido a que las peticiones dan motivos para creer que existen graves problemas estatutarios y constitucionales con el mandato, el decreto queda pendiente de más acciones por parte de este tribunal antes de entrar en vigencia“, dictaminó el panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans en una orden corta.
El tribunal asegura que requiere de más información sobre la reglamentación del decreto, y sospecha que la medida viola los derechos constitucionales de los norteamericanos, y le dio a la administración de Biden hasta la noche de este lunes para responder a la solicitud de los demandantes de la orden judicial.
La Casa Blanca apelará la decisión del tribunal y la causa será elevada a la última instancia, la Corte Suprema de Estados Unidos, donde si bien hay una mayoría republicana 6-3 que «debería» rechazar la vacuna obligatoria, algunos de los jueces conservadores ya han demostrado estar del lado de los demócratas en esta decisión y hay sospechas de que votarán a favor.
Cuántos lo harán es la gran incógnita y no hay una estimación de cómo vaya a salir esta votación. Sin embargo, lo que es claro es que el futuro de las libertades civiles en Estados Unidos han caido nuevamente en la Corte Suprema, ante una imposibilidad del Poder Ejecutivo de adecuarse a la Constitución.
El destino de la Constitución de Estados Unidos se disputará en la Corte Suprema.
El decreto de Biden que viola todas las libertades civiles en Estados Unidos
En septiembre, el presidente asignó a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) la promulgación de una “Norma Temporal de Emergencia” (“ETS“, por sus siglas en ingles) para poner en práctica la obligatoreidad a nivel federal.
El mandato, si se impone, podría afectar a unos 84 millones de trabajadores. De acuerdo con las pautas del gobierno, las violaciones de la orden se enfrentarían con multas de hasta 14.000 dólares por infracción. Sin embargo, los grupos de oposición ya han anunciado que emprenderán acciones legales de inmediato tan pronto como se haga público.
La apelación fue presentada por numerosas empresas privadas, instituciones religiosas e incluso los Fiscales Generales de Estados gobernados por republicanos como Texas, Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Utah.
Los demandantes buscaron anular la regla de emergencia, que requiere que las empresas con más de 100 empleados vacunen a sus trabajadores o se arriesguen a ser multados severamente.
De acuerdo con la ley federal, un ETS solo se puede emitir cuando se considera “necesario” y para mantener a los empleados alejados de “peligros graves” como “sustancias o agentes que se determina que son tóxicos o físicamente dañinos o de nuevos peligros“.
Los demandantes argumentaron que la autoridad se limita a los peligros relacionados con el lugar de trabajo, mientras que el riesgo de COVID-19 depende de la edad y la salud de los empleados, no de la cantidad de compañeros de trabajo que tengan.
“En un intento de imponer un mandato de vacunación a nivel nacional sin la aprobación del Congreso, el poder ejecutivo ha formulado su mandato de vacunación COVID-19 como una regla de emergencia en el lugar de trabajo que afecta a casi 100 millones de estadounidenses. Pero el ETS no es una regla en el lugar de trabajo ni responde a una emergencia”, escribieron los abogados en la moción de emergencia.
“El estado de vacunación es un problema de salud pública que afecta a las personas en toda la sociedad; no es un peligro particular para el lugar de trabajo. Y no es necesario utilizar una regla de emergencia para abordar una pandemia que ha estado ocurriendo durante casi dos años. El Congreso no otorgó a OSHA poderes tan amplios en su estatuto de autorización”, agregaron.
Sin embargo, la Casa Blanca se siente segura de defender la orden en los tribunales. “El Departamento de Trabajo de Estados Unidos confía en su autoridad legal para emitir la norma temporal de emergencia sobre vacunación y pruebas“, dijo la procuradora de trabajo Seema Nanda a los medios en un comunicado enviado por correo electrónico.
“La Ley de Salud y Seguridad Ocupacional otorga explícitamente a OSHA la autoridad para actuar rápidamente en una emergencia donde la agencia encuentra que los trabajadores están sujetos a un peligro grave y es necesaria una nueva norma para protegerlos”, agregó. “Estamos completamente preparados para defender este estándar en los tribunales“.
