En directa oposición a las políticas de la Unión Europea, Polonia aprobó una ley para recuperar la soberanía sobre sus fronteras.

Con una nueva reforma procesal aprobada el día 26 de octubre por el Parlamento polaco, los agentes fronterizos del país europeo están autorizados a expulsar de forma inmediata a cualquier persona que haya entrado ilegalmente en Polonia desde fuera de la Unión Europea (UE), algo que hasta el momento no tenían la potestad de hacer.

Según las nuevas leyes, este proceso de expulsión deberá quedar registrada en un informe y su confirmación estará sujeta a la supervisión del jefe de la guardia fronteriza, pero su ejecución será inmediata. Además, el infractor no podrá volver a Polonia o a cualquier país del espacio Schengen durante un período de entre 6 meses y tres años.

Otro punto a destacar de la ley es que se efectuarán las expulsiones sin atender a ninguna petición de asilo o refugio, lo que permitirá expulsar a los inmigrantes musulmanes de países árabes y africanos que la Unión Europea está importando.

Por último, se establece una pena de 6 meses a 5 años de prisión para quien “destruya, modifique, mueva o inutilice” elementos de protección y delimitación de la frontera polaca, como vallas, alambrados o barreras.

Esta ley marca un antes y un después en Polonia, ya que va en dirección contraria a todos los reglamentos de la Unión Europea y le otorga soberanía sobre sus fronteras, algo que el país había relegado cuando se inscribió en el sistema Schengen.

Actualmente Polonia está viviendo una severa crisis migratoria desde Ucrania y Bielorrusia, dos países que están aceptando refugiados de Medio Oriente y África a cambio de jugosos subsidios europeos, para luego liberarlos en suelo polaco.

El jefe de Política Internacional de la Cancillería del presidente, Jakub Kumoch, afirmó este martes que, lejos de impedir el tránsito de personas a la frontera polaca desde su territorio, el régimen del bielorruso Aleksandr Lukashenko permite que “más y más personas estén haciendo cola en los aeropuertos” para llegar a Minsk y desde allí a la frontera.

“Se da la paradoja“, declaró Kumoch, “de que cuando a estas personas se les detiene en la frontera y se les pregunta si quieren solicitar asilo político, la respuesta suele ser ´no´” y aseguran que fueron enviados por el gobierno.

El Gobierno polaco incrementó el pasado lunes su presencia militar en la frontera con Bielorrusia hasta los 10.000 soldados y planea construir un dispositivo de vigilancia que constará de un muro de tres metros de alto y sistemas electrónicos.

Las tres provincias polacas limítrofes con Bielorrusia se encuentran en estado de alerta desde septiembre y, según Frontex, desde comienzos de año han cruzado la frontera polaca de manera ilegal casi 5.400 personas.