Carlos Caldito Aunión.- Nadie sabe qué pasa con ellos, si están vivos o muertos, nadie sabe su paradero. Las cifras son terroríficas. Más de 2.100 niños y niñas desaparecen anualmente en España o «escapan» de los centros de menores.

Son muchos los niños de matrimonios separados, de divorciados, o relacionados con la denominada «violencia de género» que acaban siendo ingresados en centros de menores… Lo que están vendiendo a la sociedad es absolutamente falso. «Esto es un negocio«, resalta José Maldonado, presidente de la Asociación del Menor GTuletado.

Todas estas tragedias comienzan de igual manera: las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales de los diversos Gobiernos Regionales (o como se nombre en cada parte de España) les retiran la tutela de sus hijos, incluso recién nacidos en el centro hospitalario, sin ninguna resolución judicial, y teniendo generalmente en cuenta informes desfasados y/o con datos falsos…

Aunque la Ley del Menor obliga a la Fiscalía de Menores y Familia a hacer un seguimiento y revisar cada caso de niños tutelados por las autoridades cada seis meses. Hay madres que llevan años sin ver a sus hijos y no saben dónde están. A los hermanos se les separa y a los padres no se les informa de adónde han enviado a los niños», relata Maldonado.

Entre 1940 y 1990, decenas de miles de niños –las diferentes asociaciones de bebés robados estiman que las cifran están próximas a los 300.000– fueron robados de los hospitales en España. Doctores, enfermeros, sanitarios y religiosos estaban detrás de una trama que movía cantidades importantes de dinero. A madres de familias humildes les anunciaban que habían perdido durante el parto sus bebés o que habían nacido muertos. Niños que eran vendidos a familias adineradas, que ya habían apalabrado previamente la compra.

El doctor Eduardo Vela y la monja María Valbuena Gómez, ambos ya fallecidos, representaron la cara de esta auténtica mafia de tráfico de menores. Aunque no pagaron por sus delitos, ya que habían quedado prescritos tras pasar 31 años, sí que fueron juzgados. La justicia en España reconocía por primera vez en 2018 que en nuestro país se robaron bebés durante las fechas señaladas. El doctor Vela fue considerado culpable de «tráfico de niños«.

Desafortunadamente, la mayoría de los casos denunciados fueron directamente archivados o cerrados ante la imposibilidad de dar con los implicados en la trama y con los padres biológicos de las víctimas. Cuando comenzaron las investigaciones habían pasado, en algunos casos, más de 50 años.

El caso de los bebés robados es un capítulo negro de la España más siniestra, pero, lamentablemente, en los tiempos actuales también se están dando casos muy parecidos en cuanto al modus operandi. «El Estado español está secuestrando niños con informes falsos, tergiversados, manipulados y con ocultismo por parte de los servicios sociales. Esto es una barbarie». La denuncia la realiza Pepe Maldonado, presidente de la Asociación Nacional del Menor Tutelado.

Las cifras del caso de niños tutelados van en aumento en los últimos años y asustan: son más de 60.000 los menores que están en España en manos de las administraciones autonómicas, que son las que gestionan el tema de las tutelas y no la justicia, como ocurría años atrás. Un informe de un trabajador social, sin que conste ninguna denuncia, puede ser el perfecto pretexto para quitar la custodia a madres y padres. «La administración no necesita una orden de un juzgado para ir a una guardería, un colegio o un hospital y llevarse a los niños. En el caso de los recién nacidos, hay madres que no llegan ni a ver a sus hijos».

«Los niños son secuestrados legalmente con informes falsos. Detrás de todo esto hay políticos, funcionarios, técnicos, fiscales, jueces. Esto es una trama muy grande», indica Toñi Moreno, una de las colaboradoras más activas de la Asociación Nacional del Menor Tutelado.

A una mujer de Sevilla le quitaron a sus dos hijos. Llevaba once años litigando, porque en un informe la tildaron de alcohólica y.. acabó demostrando que no lo era. El Constitucional condenó a la Junta a pagarle una indemnización de 1.700.000 euros. Ella contrajo cáncer en medio del sufrimiento y el horror. Murió tres meses antes de recibir el dinero. El niño se quedó con la familia de acogida y la niña terminó en la República Dominicana condenada por tráfico de drogas.

Las condenas siguen, de 40.000 euros, de 80.000,… pero por ahora nadie ha sido imputado ni se ha abierto ningún proceso judicial contra quienes forman parte o son colaboradores necesarios de esta trama.

Estamos hablando de un negocio a cara descubierta que han montado con dinero procendente de los fondos FEDER de la Unión Europea.

¿En qué consiste el negocio? ¿Con qué intención se llevan a los niños bajo tutela a los centros de menores? La clave la ofrece el presidente de la Asociación del Menor Tutelado. «Una diputada dijo en el Congreso que recibía de los programas FEDER un total de 9.800 euros mensuales por niño tutelado sin ninguna deficiencia. En el caso de niños con deficiencias, la cifra asciende a los 15.000 euros. Cantidades a las que hay que sumar los 60.000 euros que reciben por cada niño tutelado».

El entramado todavía va a más. «Hay madres de acogida profesionales que tienen hasta 3 o 4 niños a su cargo. Dependiendo de la comunidad autónoma pueden recibir de 600 a 1.200 euros por niño«.

Otro ejemplo del maltrato institucional del que se viene exponiendo es el caso de Cristina Cotelo y Fernando Lorenzo:

“Se las llevaron el dos de junio del colegio Amor de Dios de Arévalo, provincia de Ávila, colegio concertado. Se las llevaron con el chándal del uniforme con sus mochilas y sus meriendas de ése día, por orden de la gerencia de servicios sociales de Ávila acompañado por la guardia civil que, en ningún momento se identificaron con sus placas no había órden judicial y por la puerta de atrás del colegio

Y las trasladaron en una furgoneta azul oscura, sin nombre y con un conductor que parecía (…) mal vestido y sucio al centro de acogida de Valladolid «El Carmen«, alí están siendo maltratadas física y psíquicamente.»

Estamos hablando e un centro de «protección de menores» que ya ha recibido varías denuncias por supuesto maltrato a la infancia. También por no permitir llamadas…

Cristina Cotelo y Francisco Lorenzo llevan casi medio año sin ver a sus hijas y, cada vez que logran hablar con ellas, por teléfono, las niñas piden volver a casa con sus papás que, su mamá las lleve al colegio que, las lleve de paseo…

Los padres están a la espera de que tenga lugar el juicio, y afirman que sólo desean que se haga justicia…

Otro caso también reciente es el de Sara Casas, del que algunos medios de información se han hecho eco:

Sara Casas se ha manifestado en el Juzgado número 30 de Sevilla para pedir justicia para su hijo, enfermo y tutelado por un centro de menores de la Junta de Andalucía a pesar de contar con una sentencia en firme a su favor.

Emilio lleva más de un año separado de su madre. Nació con el síndrome de Pierre Robin, una enfermedad congénita extremadamente rara. Los médicos no le daban más de tres años de vida. En su casa era feliz. Su madre, Sara Casas, había adaptado el hogar familiar a todas sus necesidades. Aunque los recursos económicos escaseaban, esta mujer de Dos Hermanas se las ingeniaba para sacar adelante a su hijo.

A los 7 años, Emilio fue arrancado de los brazos de su madre por los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, que alegaron una situación de desamparo por parte de su progenitora que ha quedado totalmente demostrado que no existía. «Tengo tres informes que dicen que no tengo ningún problema mental como se han querido inventar. Me podría haber llevado dos años ingresada en prisión por la grave acusación que hicieron contra mí. ¿Hasta el informe psicosocial del juzgado miente?», se pregunta Sara, que hoy se ha manifestado en el Juzgado número 30 de Sevilla para pedir justicia para su hijo Emilio.

Tras perder la tutela de Emilio, el menor estuvo en el centro de menores de San Juan de Dios y desde hace unos cuatro meses en el de Montequinto. El abogado de Sara, Álvaro Castillo, ha solicitado ver las instalaciones para ver si son adecuadas para las necesidades que tiene el pequeño. Sin embargo, no han accedido a su petición. «¿Por qué? –se cuestiona Sara– Le dijeron que no era posible que viese el centro. Igual que ellos quieren ver mi casa para cuando vuelva Emilio, nosotros queremos ver si el centro está o no adaptado. No cuentan con personal sanitario y Emilio está muy desprotegido ahí».

La salud de Emilio, según relata Sara, incluso ha empeorado en el tiempo que lleva lejos de casa. «Le han puesto unas férulas en las piernas desde que está en el centro, cuando yo tengo un informe médico indicando que no las necesitaba cuando estaba conmigo. No tiene el baño adaptado cuando en casa sí lo tiene, ni tampoco tiene una silla de baño. No tiene fisioterapia cuando eso es su calidad de vida. Si no le das terapia, con la enfermedad que tiene, lo dejas empotrado en la cama».

Atados a la cama y sin agua

El pasado 20 de septiembre, Emilio fue operado de urgencia sin que nadie le ofreciese a Sara información del estado de su hijo. Ni desde Menores ni desde el Hospital Virgen del Rocío permitieron a esta madre de Dos Hermanas que se acercase a darle un beso a su hijo ante una intervención delicada.

Dentro de dos meses, el pequeño volverá a ser nuevamente operado. «Siguen otra vez sin darme información porque dicen que el niño está tutelado por el centro de menores. ¿Por qué van a realizarle dos operaciones en menos de seis meses cuando Emilio no se puede anestesiar? Si se queda en la operación y mi hijo se muere no pasa nada porque para ellos es un simple número», comenta Sara.

Tras la última operación, el menor fue llevado al colegio a los dos días de regresar del hospital. Tenía todavía hasta los puntos. «Qué miramiento y qué protección tienen estos niños en estos centros de desprotección del menor», se pregunta José Maldonado, presidente de la Asociación del Menor Tutelado, quien añade. «Esto se les ha ido de las manos. Un niño enfermo, recién operado y lo mandan al colegio. ¿Qué está pasando en estos centros?«.

La desprotección es total. «Una trabajadora social estaba pidiendo por internet ropa y zapatos para los niños porque estaban descalzos y desnudos. Hay monitores a los que han amenazado para que no cuenten lo que está pasando en estos centros de menores. Hasta los propios trabajadores de algunos centros han denunciado que hay garrapatas, piojos y chinches. Un educador denunció que hay internos que están atados en la cama a los que no dan ni agua», relata Maldonado.

A Emilio, como cuenta su madre, «no saben ponerle el botón que tiene. Tampoco saben controlarle sus crisis. No lo saben reanimar. ¿Esto no es una situación de desamparo? ¿Cuándo piensan devolverme a mi hijo?».

Desde el centro de menores tiran balones fuera y lo dejan todo en manos de los juzgados. Todo procedimiento judicial lleva meses y años de espera. Del tiempo no entiende la salud de Emilio. Su madre no piensa rendirse hasta poder recuperar a su hijo, pero mientras llega ese día, ¿quién protege a estos niños tutelados?…

Maldonado se ha reunido en dos ocasiones con el Fiscal General del Estado y en otra con el Fiscal General de Menores. Les entregó expedientes de casos de madres a las que les han retirado la custodia de sus hijos con informes falsos. Y solicitó al Fiscal General del Estado que el tema de los menores volviese a la justicia y no en manos de la administración como está ahora. «No puede ser porque está repartido autonómicamente», fue la respuesta literal que recibió Pepe.

El sentimiento de frustración e injusticia es grande dentro de la asociación. «Es como si estuviésemos en un túnel. Los primeros culpables son los políticos. Nosotros vamos dando pasos muy pequeños porque no somos nadie y nos aplastan como a hormigas», afirma Toñi.

La justicia no se pronuncia sobre las numerosas denuncias presentadas. «Esto es una aberración y ningún juez dice qué es lo que está pasando», indica un Maldonado que ha visto de cerca a abogados defensores desolados. «Uno de ellos salió llorando diciendo que no hay justicia y que se iba a su casa a darle dos besos a su hijo. Esto es una lucha de David contra Goliat«.

Drogas, abusos y abandonos en centros de menores

Muchas de las madres incluso son amenazadas con quitarles la única hora de visita que tienen al mes para estar con sus hijos. «Están amenazadas –detalla Pepe– por psicólogas, trabajadoras sociales y educadoras. En una manifestación que tuvimos a las puertas de la Junta de Andalucía en Sevilla, la delegación de Menores llamó a todas las madres de Sevilla que tenían hijos tutelados amenazándoles con quitarles la visita de sus hijos. Las madres están asustadas, preocupadas, las tratan como si fueran basura».

La desatención en muchos centros de menores es total. Sobre varios pesan incluso denuncias de menores que son amarrados durante días a sillas y camas. Casos que son silenciados por las instituciones hasta que no pueden tapar más tanta barbarie, como ha ocurrido en Baleares con más de veinte menores, que estaban bajo la protección del Gobierno de las islas, prostituidas. Otro caso aberrante ha sido el de la joven tutelada que llevaba trece meses en paradero desconocido sin que la administración hubiera denunciado la desaparición.

Drogas, abusos, prostitución y niños prácticamente abandonados en los propios centros de menores. «Tengo la documentación de una trabajadora social que en internet pedía ropa y calzado para los niños de un centro andaluz de acogida. Decía que los niños estaban desnudos y descalzos en el centro», destaca Maldonado.