Cartagena de Indias (Colombia)

Por Enrique Area Sacristán.- El juez central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional informa que el número 6 ya se había hecho cargo de la “denuncia de Fernando Presencia Crespo, actuando en su propio nombre y al mismo tiempo en nombre y representación de ACODAP, por delito de corrupción de menores contra Ricardo Conde Díez, actualmente promotor de la acción disciplinaria, Fermín Morales Prats, abogado, y Miguel Julián Collado Nuño, magistrado, todos ellos por un presunto delito de corrupción de menores; y (ii) exclusivamente para la práctica de las primeras diligencias del artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para prevenirla causa contra José María Macías Castaño, vocal del CGPJ; Fernando de Rosa Torner, senador; y Pablo Llarena Conde, magistrado del Tribunal Supremo.”

Asimismo, la Audiencia Nacional informa que:

“Dado traslado al Ministerio Fiscal a fin de, con carácter previo, informase si procedía aceptar la competencia para el conocimiento de los hechos objeto de la denuncia y su admisión a trámite, el mismo lo ha evacuado mediante la emisión de informe de fecha 25 de octubre de 2021, del siguiente tenor literal: “EL MINISTERIO FISCAL, dando curso al traslado conferido por auto de 9 de septiembre de 2021, relativo a eventual competencia para conocer sobre los hechos denunciados por la representación de ACODAP en su escrito de fecha 2 de septiembre de 2021, DICE: Que previo examen de los archivos de esta Fiscalía de la Audiencia Nacional, se ha podido comprobar que por los mismos hechos y en igual formato se denunciaron anteriormente hechos idénticos que dieron lugar a las diligencias prev. nº 66/2021, tramitadas ante el Juzgado Central nº 6”.

Recordemos que Dolores Delgado contó al ex-comisario Villarejo que jueces y fiscales españoles se citaron con menores de edad durante un viaje “de trabajo” a Colombia. Unas grabaciones desveladas por el ex comisario así lo revelaban.

La denuncia toma como punto de partida la difusión vía internet de un listado de jueces circulando por distintos canales de la red. Fue conocido como el “vídeo de la cumbia” y detallaba los nombres de quienes supuestamente viajaron a Cartagena de Indias en compañía de la que también fue ministra de Justicia Dolores Delgado. A esto se suma la grabación de un audio divulgado por Villarejo en el que la actual fiscal general del Estado afirmaba haber visto a magistrados y fiscales acompañados de chicas menores de edad.

La grabación del citado audio se habría realizado durante un almuerzo en el que la actual pareja de Baltasar Garzón compartía mesa y mantel con Villarejo y varios mandos policiales. En el ambiente de confianza, propio de las comidas de trabajo, ella relató algunos detalles de aquel viaje. Según esa grabación, los miembros de la delegación judicial española le hicieron el vacío a ella y a la magistrada de la Audiencia Nacional. La transcripción de algunos pasajes sería:

Delgado: “Y estos tíos, missing en combate. Y vamos nosotras dos, disolucas, y me decía ésta vámonos a comprar esmeraldas y bueno, si tu quieres, vamos y tal y cual. Intentamos quedar con ellos y nos decían que no. Nos vamos a cenar, ella y yo solas, palabra de honor, y nos vamos a tomar mojitos allí a un sitio que nos dicen que vayamos. Y nos vamos allí las dos. Estamos ‘sentadicas’ las dos solas y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General…17 años…”

Villarejo: “Con 17 años, eh…”.

Delgado: “¡Menores de edad! Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían visto”.

Villarejo: “Nosotros, lo primero que preguntamos es si votan. Y si votan…”.

Delgado: “Y las explicaciones: Camareras del hotel que nos han dado pena y han venido y no sé qué”.

Hace dos años el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desmentía mediante un comunicado que Dolores Delgado hubiese estado en esos viajes. Sin embargo hubo reacciones que instaban tanto al Gobierno como al propio CGPJ a iniciar una investigación seria y profunda sobre este asunto. Por si fuera poco, el alcalde de Cartagena de Indias exigió al gobierno colombiano la solicitud de extradición para las personas que estuvieron presentes en dicho encuentro.

Tras la polémica comenzó a circular por las redes sociales el listado y el vídeo en el que aparecían los nombres de seis jueces españoles que, presuntamente estuvieron en esas “jornadas de trabajo” celebradas en Cartagena de Indias. En concreto, se trataba de Pablo Llarena (actualmente magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo), Fermín Morales, José Macías, Manuel Collado, Ricardo Conde y Fernando de Rosa quien por aquellas fechas era el vicepresidente del CGPJ. Por puñetera casualidad o por lo que sea, Ricardo Conde sería nombrado meses después Promotor de la Acción Disciplinaria. Lo cierto es que “el vídeo de la cumbia” desapareció de internet. Dada la gravedad del asunto, ACODAP mantiene que es preciso que se investigue también si alguno de los mentados o sus subalternos han tenido algo que ver en la censura cibernética del vídeo.

En un momento como el actual, en que ya es de dominio público la entrada en vigor de la Directiva europea de denunciantes de corrupción, UE 2019/1937, y la puesta en marcha de la Fiscalía europea, cobra especial relevancia la polémica por las grabaciones realizadas a la ex-ministra y fiscala Delgado.

La Fiscalía europea dispone de funciones instructoras para este tipo de delitos, por cuanto afecta al crédito y honorabilidad de los integrantes de un servicio público esencial de uno de los Estados miembros de la Unión, España. Tres cuartos de lo mismo ocurre con los magistrados que ocupan altos cargos del poder judicial español. Por ello ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el ex juez decano de Talavera, Fernando Presencia, emprende las tareas de limpieza y presentó denuncia ante el juzgado central de instrucción de guardia de la Audiencia Nacional contra los referidos magistrados, por las sospechas de “haber participado cada uno de ellos, y en concurso con los demás, en varios delitos de corrupción de menores tipificados como tales en el Código Penal”.