A juicio seis exdirigentes de UGT Asturias acusados de fraude en cursos de formación
Justo Rodríguez Braga
RM.- El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo juzgará a partir de hoy a seis exdirigentes de UGT acusados de fraude en la gestión de cursos de formación.
Entre ellos se encuentran Justo Rodríguez Braga, secretario general de UGT en Asturias entre enero del 2000 y mayo de 2016, Mónica Menéndez, secretaria de Administración de UGT Asturias entre 2002 y junio de 2013, y Manuel Díaz Cancio, responsable de Formación del sindicato desde mayo de 2009 hasta junio de 2013, para quienes la Fiscalía pide 10 años de prisión.
El juicio se celebrará en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), ubicado en el Palacio de Valdecarzana de Oviedo. Está previsto que se prolongue hasta el 12 de noviembre.
LOS HECHOS, SEGÚN LA FISCALÍA
El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Servicio Público de Empleo (SPEPA) ha venido adoptando desde hace años en el ámbito de sus competencias medidas para la mejora del sistema de formación profesional, entre las cuales destaca la concesión de subvenciones públicas para la realización de programas de acciones de formación para el empleo enmarcados en planes anuales.
De esta forma, ha realizado convocatorias para la concesión anual de subvenciones con destino a la participación de entidades y centros colaboradores en la programación de acciones de formación para el empleo dirigidas, entre otros, a trabajadores desempleados y ocupados. Y ello con fondos públicos del Principado con cargo a las correspondientes aplicaciones presupuestarias, así como con fondos provenientes del Fondo Social Europeo.
Entre las entidades que habitualmente concurrían a las convocatorias y eran, también recurrentemente, beneficiarias directas de las subvenciones concedidas, están el sindicato UGT-Unión Regional de Asturias y la Fundación IFES.
La Fiscalía destaca que en las subvenciones en las que UGT Asturias era el beneficiario, este encargaba íntegramente su gestión y ejecución a entidades vinculadas, en concreto y en lo que a estos hechos se refiere, a IFES y, en particular, a su delegación territorial en Asturias.
Según expone el fiscal Gabriel Bernal del Castillo en su escrito de acusación, Justo Rodríguez Braga y los entonces secretarios de Administración y Formación llevaron a cabo «en actuación concertada una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención, tanto por el sindicato como por IFES, respecto a los fines para los que les fueron concedidos, que les permitieron obtener, con cargo a dichas subvenciones recibidas, beneficios económicos que revertían principalmente en la propia organización sindical».
Explica que para llevar a cabo esta «operativa fraudulenta» contaron con la «necesaria colaboración» del entonces delegado territorial de IFES en Asturias, ya fallecido, y con la ayuda de los encargados de la administración y contabilidad en UGT Asturias y la Delegación Territorial IFES, Alberto González y Silvia Sariego, respectivamente.
Contaban, además, según manifiesta, con la «cooperación o auxilio» de la administradora legal de dos empresas, María Jesús Ocaña.
El fiscal indica que «los beneficios fraudulentamente obtenidos revertían en el sindicato UGT Asturias». Afirma que una parte importante de ellos fue destinada al sostenimiento de gastos estructurales del sindicato, en especial costes de su personal laboral. Otra parte, añade, se destinó a capitalizar una sociedad vinculada del sindicato para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades llevadas a cabo por UGT Asturias de promoción inmobiliaria, como fue el caso de una promoción llevada a cabo por una cooperativa vinculada al sindicato en La Felguera.
Según la Fiscalía, «dicho desvío fue llevado a efecto mediante diversos subterfugios con los que lograban el enmascaramiento de los costes reales de ejecución y en su caso su adecuación al valor de mercado, de las acciones formativas por las que uno y otra recibían las subvenciones respectivamente concedidas por el SPEPA, ocultando a la Administración concedente el sobrecoste en que incurrían en la justificación del gasto».
Manifiesta que «la realización de ese sistemático desvío de fondos procedentes de las subvenciones públicas en algunos casos tuvo lugar mediante el aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con diversas sociedades, a las que recurrían en exclusiva para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas, tanto a nivel nacional como regional en Asturias».
LAS PENAS QUE SOLICITA
Según Bernal del Castillo, los hechos son constitutivos de cinco delitos de fraude de subvenciones.
Afirma que de dos de ellos son penalmente responsables como cooperadores necesarios el exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga; Mónica Menéndez, Manuel Díaz, y María Jesús Ocaña. El fiscal pide para cada uno de ellos cuatro años de cárcel, dos años por cada uno de los delitos.
También solicita sendas multas del tanto de las cantidades defraudadas, esto es, 231.466,57 y 330.179,33 euros respectivamente, así como sendas penas de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cuatro años.
A Alberto González y Silvia Sariego los acusa de ser cómplices y solicita para cada uno 20 meses de prisión, 10 meses por cada uno de los dos delitos, y sendas multas de 115.733 y 165.090 euros, respectivamente, así como la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de un año y 10 meses.
La Fiscalía también imputa a Braga, Menéndez y Díaz otros tres delitos de fraude de subvenciones en concepto de coautores, por los que solicita seis años de prisión para cada uno, dos años por cada delito, sendas multas del tanto de las cantidades defraudadas, esto es, 238.247,83, 254.521,36 y 122.028,32 euros, respectivamente».
A Ocaña, González y Sariego los considera cómplices y pide otros 30 meses de cárcel para ellos, 10 meses por cada uno de los delitos.
En total, para el exsecretario general de UGT, y los exsecretarios de Administración y Formación pide 10 años de cárcel. Para María Jesús Ocaña, seis años y cinco meses, y para Alberto González y Silvia Sariego, cuatro años.
También pide que se imponga a UGT Asturias la pena de multa del doble de la cantidad defraudada, esto es, 244.028,64 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años.
