El encarecimiento de los derechos de emisión que pagan los grandes consumidores energéticos por emitir cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera es uno de los principales responsables directos de la escalada que registra el precio de la luz desde hace meses.

La subida de estos derechos, que en solo un año han duplicado su precio hasta los 60 euros por tonelada de CO2, está provocando que los costes de las grandes plantas energéticas sean cada vez más altos, una situación que termina repercutiendo en la factura final de los consumidores domésticos.

¿Pero qué son exactamente los derechos de emisión que pagan las grandes compañías para poder emitir CO2, cómo funcionan y cuál es su fin último?

Un permiso para “contaminar”

En 2005, con la intención de alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones acordados en el marco del Protocolo de Kioto, la Unión Europea (UE) creó el primer régimen internacional de comercio de derechos de emisión del mundo, que hoy es el principal mercado de carbono a nivel global.

“Simplificando mucho, los derechos de emisión son un coste que tienen que pagar aquellas empresas que emiten CO2. Realmente es un papel que la UE asigna a cada país, una cantidad de derechos de emisiones, que éstos a su vez asignan en subastas públicas donde cualquier generador puede comprarlo”, explica a EFE el socio de la consultora Ingebau, Joaquín Giráldez.

Este sistema limita las emisiones contaminantes de casi 11.000 instalaciones de gran consumo de energía (centrales eléctricas y plantas industriales) y de las cerca de 500 compañías aéreas que operan entre todos los países de la UE, más Islandia, Liechtenstein y Noruega, lo que equivale aproximadamente al 40 % del total de las emisiones de estos países. En España son cerca de mil instalaciones y 30 operadores aéreos.

El mercado funciona con un límite máximo fijado por la UE de algunos gases que pueden emitir las instalaciones afectadas y que se va reduciendo progresivamente (un 2,2 % como máximo al año desde 2021) para conseguir disminuir las emisiones totales.

Es decir, cada año se reparten menos derechos, por lo que las empresas se ven obligadas a contaminar menos o a tener que acudir a subastas de derechos que, ante la mayor demanda y la menor oferta, cada vez son más caros.

Asignación gratuita o susbastas

Hay dos métodos para recibir estos derechos de emisión: por asignación gratuita o a través de subastas que organiza cada país acogido a este mecanismo.

Aunque el proceso de asignación gratuita seguirá aplicándose, las subastas cada vez tendrán más peso (en 2020 se acercaban al 60 % de los derechos de emisión), salvo en aquellos sectores que corren el riesgo de verse afectados por la conocida como “fuga de carbono”, al ver aumentados sus costes de producción.