La continua escalada en el precio de la electricidad mayorista amenaza con llevar la factura final que paga el consumidor a cifras nunca vistas en la historia. De momento, si la tendencia registrada a lo largo del año se mantiene en los cuatro meses que restan, el hogar medio español habrá pagado casi 150 euros más por la luz que en 2020. Sin embargo, la cuantía de la factura anual no superaría a la de 2018 compensada con el IPC, siempre y cuando el recibo se mantenga en los 68,5 euros mensuales de promedio que se acumulan hasta ahora. El presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en una entrevista concedida a El País el pasado domingo a que el recibo final de este año no supere al de hace tres años.

Hasta el 31 de agosto de 2021, la factura de la luz de un hogar con un consumo mensual de 292 kWH y una potencia contratada de 4,6 kW -los parámetros que utiliza la asociación de consumidores OCU para definir el hogar estándar – ascendía a 547,7 euros, según datos obtenidos del simulador de factura eléctrica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De estos algo más de 500 euros, 327,5 corresponden al periodo anterior a que entrara en vigor la nueva factura de la luz (1 de junio) y los 220,2 restantes se registraron entre junio y agosto, con el nuevo sistema de peajes ya en vigor. Los cálculos tienen en cuenta la reducción del IVA de la factura del 21 al 10% que entró en vigor el 26 de junio.

El año pasado, una estimación en las mismas fechas y con los mismos parámetros de potencia y consumo arrojaba como resultado un recibo de 439,94, 108 euros más barato que el de este año. En 2019, la factura hasta el 31 de agosto ascendía a 510,11 euros, lo que representa una diferencia de 37,6 euros respecto al año vigente.

Estos cálculos se refieren solo a los consumidores suscritos al mercado regulado -también llamado PVPC- e incluyen, además del coste mayorista de la energía, todos los impuestos, peajes y gastos que recoge la factura que finalmente llega a los hogares. Según datos de Red Eléctrica, el 38% de los 29 millones de consumidores domésticos de electricidad que hay en España pertenecen a este mercado. Los 18 millones restantes están inscritos en el mercado libre, donde el precio final de la factura no está vinculado de forma directa al mercado mayorista, como sí ocurre en el PVPC, aunque los costes acaben repercutiendo en él de manera indirecta.

De mantenerse la tendencia observada hasta ahora, 2021 cerraría con una factura de la luz de 821,55 euros para el hogar promedio. Si esto ocurriera, el recibo permanecería aún 20 euros más barato que el de 2018 ajustado con el IPC, que según una estimación de la OCU con los mismos parámetros, se elevó a 841,2 euros hace tres años. De esta forma, el compromiso anunciado por Pedro Sánchez de que “todos los ciudadanos con un consumo medio al final de 2021 paguen una cuantía semejante y similar a la que pagaron en 2018” se mantendría vigente.

La semana pasada, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, presentó en el Congreso de los Diputados sus propias estimaciones sobre la cuantía de la factura de la luz. Aunque no dio datos sobre qué considera un consumidor promedio, Ribera sostuvo que en 2018 el español medio pagó 598 euros de luz, más que los 562 de 2019 y los 512 de 2020. Además, la ministra predijo que a finales de año la factura de la luz repuntará hasta los 644 euros, un 7,7% más de precio que hace tres años, sin tener en cuenta la inflación.

Pero hay varios factores que apuntan a que el precio de la factura de la luz se mantendrá en niveles elevados si el Gobierno no toma medidas adicionales para frenarlo. En el corto plazo no está previsto que desciendan los altos precios del gas y de los derechos de emisión del CO2 -los dos principales factores detrás del encarecimiento de la luz en el mercado mayorista-. Asimismo, el mercado de futuros anticipa precios todavía muy elevados para los próximos meses.

Para tratar de frenar el impacto de los precios del mercado mayorista a la factura que al final paga el consumidor, el Gobierno está trabajando en una serie de medidas de las cuales ya se conocen dos proyectos de ley. A saber, una propuesta para atajar los beneficios “caídos del cielo” que reciben las hidroeléctricas y nucleares y la creación de un fondo nacional de sostenibilidad para abaratar el recibo.

Preguntada este martes sobre qué otras propuestas tiene bajo la manga el Gobierno, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez solo deslizó que se trata de “medidas técnicas”. Una de ellas sería la creación de un mecanismo de subastas alternativas, que obligaría a las empresas “con un peso importante” en el sector a vender parte de su energía a las pequeñas comercializadoras o a industriales “a un precio fijado por subasta”. El Gobierno también ha manifestado que está trabajando en medidas para proteger a los consumidores más vulnerables o para frenar el criticado vaciado de embalses de las hidroeléctricas.