En la imagen (Abás Momami/AFP, vía Getty Images), fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina (AP) se despliegan ante unos manifestantes que protestaban el pasado 3 de julio en Ramala por la muerte del activista Nizar Banat mientras se encontraba bajo custodia policial.

Por Khaled Abu Toameh.- A petición de la Autoridad Palestina (AP), el Consejo de Seguridad (CS) de la ONU celebró una nueva sesión para debatir sobre las “violaciones” y “agresiones” israelíes contra los palestinos. Asimismo, la AP pidió que el CS analizara el supuesto “asedio” israelí sobre la Franja de Gaza, gobernada por Hamás.

Las sesiones del CS de ese tipo se han convertido en rutinarias y casi siempre terminan con pronunciamientos en los que se denuncia a Israel luego de que funcionarios de la AP presenten quejas sobre sus supuestas “violaciones” y “agresiones”.

Ahora bien, el otro día en el CS no se escuchó una sola palabra sobre las agresiones y violaciones a los derechos humanos cometidas por la AP en la Margen Occidental y por Hamás en Gaza. En el CS no se dijo nada sobre los más de 75 usuarios de redes sociales, activistas políticos y periodistas palestinos detenidos en las últimas semanas en la Margen por las fuerzas de seguridad de la AP.

Las detenciones se produjeron tras las protestas multitudinarias registradas tras la muerte del activista contra la corrupción Nizar Banat, que, según se ha informado, fue golpeado hasta la muerte por los agentes palestinos que irrumpieron en su domicilio, en la ciudad de Hebrón.

El CS no escuchó el testimonio de quienes fueron detenidos por las fuerzas de la AP, ni los pormenores de las varias formas de tortura a las que fueron sometidos. Las mujeres fueron arrastradas del pelo, sometidas a abusos sexuales y golpeadas con palos. Algunas de ellas, así como periodistas, denunciaron que los agentes que les golpearon también les robaron los móviles –y las cámaras– para impedirles documentar las protestas por la muerte de Banat.

Banat, activista anticorrupción y notorio crítico de la cúpula de la AP, fue presuntamente golpeado hasta la muerte el pasado 24 de junio por más de 20 agentes. Ha pasado más de un mes de esa muerte brutal, pero el CS no ha tenido tiempo para ocuparse de tan grave asunto. ¿Por qué aún no ha celebrado una sesión de urgencia para condenar a la cúpula palestina? Porque a Banat lo mataron no soldados israelíes sino policías palestinos.

En vísperas de la reunión del CS, la AP recrudeció su represión de las libertades públicas, incluidas las de los medios de comunicación, claramente para silenciar a los críticos e impedir que el mundo sepa lo que hacen sus fuerzas de seguridad con su propio pueblo.

Esas fuerzas de seguridad fueron enviadas a clausurar las oficinas de J-Media, agencia privada de noticias con sede en Ramala y propiedad del periodista Ala al Rimawi. La razón oficialmente esgrimida es que no tenía la licencia requerida para su actividad, expedida por el Ministerio palestino de Información. Sea como fuere, Rimawi fue detenido hace unas semanas por participar en las manifestaciones por la muerte de Banat y por “afrentar” a funcionarios palestinos.

También en vísperas de la reunión del CS, el presidente de la AP, Mahmud Abás, despidió al director de la Biblioteca Nacional Palestina, Ehab Besaiso, por publicar comentarios en las redes sociales en los que denunciaba la muerte de Banat.

Besaiso, exministro de Cultura, publicó en su página de Facebook lo que sigue:

“Nada justifica la comisión de un crimen. Matar a una persona es un crimen (…) La discrepancia es un espacio para la interacción, el debate, la indignación, la reflexión, el desarrollo y la rectificación. La discrepancia no es una epidemia, una situación de emergencia ni una justificación para la incitación y el derramamiento de sangre”.

Obviamente, ni el cierre de J-Media ni el despido del director de la Biblioteca Nacional Palestina son del menor interés para el CS ni para las organizaciones internacionales de derechos humanos.

Los periodistas palestinos que viven bajo la férula de la AP en la Margen Occidental siguen denunciando intimidaciones y ataques por parte de las fuerzas de seguridad. Pero esto, obviamente, tampoco interesa ni al CS ni a la Asamblea Genrral de la ONU como una agresión o una violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los perpetradores son palestinos, no israelíes.

La Coalición palestina por la Integridad y la Rendición de Cuentas (CIRC) dice que hay funcionarios que denuncian amenazas e intimidaciones por manifestar públicamente sus puntos de vista.

“Varias instituciones públicas han emitido instrucciones verbales, de acuerdo con las cuales una serie de funcionarios han sido amenazados con el despido”, refiere la CIRC. “Estas irregularidades afectan a todos los funcionarios que participan en las redes sociales o en asambleas pacíficas contra la muerte del activista social y político Nizar Banat».

La CIRC afirma que envió una carta al primer ministro de la AP, Mohamad Shtayeh, en la que enfatizaba la importancia de despolitizar el servicio público y hacer de él un cuerpo [políticamente] neutral. “El derecho de cada palestino a la libertad de opinión y expresión habría de ser respetado”, decía la misiva. “La CIRC y las organizaciones de la sociedad civil están monitoreando los desarrollos que afectan a las libertades públicas en toda Palestina, especialmente tras el asesinato del activista social y político Nizar Banat».

Ni que decir tiene, las advertencias de la CIRC y otros grupos palestinos pro derechos humanos no se hacen un hueco en el CS ni en las páginas de los medios de referencia occidentales.

El CS y el resto de la comunidad internacional seguirán ignorando no sólo lo que hace la AP a su propio pueblo en la Margen Occidental, sino las violaciones a los derechos humanos que comete Hamás en Gaza. Las víctimas y las organizaciones pro derechos humanos palestinas podrán gritar todo lo que quieran, pero sus denuncias y agravios jamás llegarán a los pasillos de la ONU en Nueva York.

Sin duda, el CS no ha oído hablar del caso de Emad al Tawil, un palestino de 27 años que falleció el 25 de julio tras ser apalizado por agentes de Hamás. Tawil vivía en la Franja, en el campo de refugiados de Nuseirat. La Comisión palestina Independiente de Derechos Humanos (CIDH) ha reclamado a Hamás que investigue la circunstancias de su muerte.

Según la CIDH, ese día, a eso de las 4 de la tarde, un contingente policial de Hamás compuesto por unos 40 efectivos se presentó en el domicilio de Tawil. Según testimonios recogidos por la CIDH, “unos 15 individuos entraron en la casa y empezaron a mirarlo todo; la búsqueda continuó durante cerca de una hora”. “Llegaron miembros de la familia Tawil y trataron de enterar, pero la Policía se lo impidió y cargaron contra Emad Abdulaziz al Tawil, a quien empujaron, dieron puñetazos y apalearon en todo el cuerpo”.

Treinta minutos después de que los agentes se fueran, Al Tawil se quejó de que le dolía el pecho y tenía dificultades para respirar. Tras vomitar, unos familiares le llevaron a una clínica cercana, donde falleció.

“La CIDH considera que el comportamiento de los policías y la violación [de la legalidad] relacionada con el golpeo a la ciudadanía de forma injustificada requiere una revisión seria para asegurar el (…) respeto a la ley, y la toma de las decisiones necesarias para que el personal policial respete los derechos humanos”, manifestó la referida organización.

Muy probablemente, el Consejo de Seguridad, los periodistas y las organizaciones pro derechos humanos no han oído hablar del caso de Hasán Abu Zayed, palestino de 27 años de la Franja de Gaza abatido por “guardaespaldas” de Hamás el 23 de julio. Abu Zayed estaba en un coche con dos amigos cuando unos milicianos de Hamás abrieron fuego contra ellos con el pretexto de que no se habían detenido en un puesto de control. También sobre este caso ha reclamado la CIDH una investigación exhaustiva, y que Hamás permita que activistas pro derechos humanos puedan visitar a los amigos del difunto, detenidos por Hamás y testigos principales de los hechos.

Igualmente, el Consejo de Seguridad no convocó una reunión de urgencia para analizar el caso de Shadi Nofal, de 41 años, muerto bajo custodia policial de Hamás el 5 de julio.

Según la documentación que maneja la CIDH, el estado de Nofal se deterioró y fue trasladado al Hospital Mártires de Al Aqsa, donde fue sometido a reanimación cardiaca antes de ser ingresado en la UCI. Dos días después fue dado de alta y permaneció bajo observación. Fue devuelto a prisión y en la mañana del 5 de julio fue de nuevo ingresado en la UCI del mismo hospital, donde falleció.

Los abusos a los derechos humanos de los palestinos y la represión contra los activistas políticos y los periodistas palestinos son ignorados no sólo por la ONU, también por la Administración Biden, que en vez de presionar a los dirigentes palestinos para que dejen de encarcelar, torturar y matar a su propia gente trata, absurdamente, de reforzar su posición.

Al parecer, para la Administración Biden, a los líderes de la AP se les refuerza permitiendo a las fuerzas de seguridad palestinas golpear hasta la muerte a los activistas políticos, llevar del pelo a las mujeres por las calles de Ramala y encarcelar e intimidar a los periodistas. A todo esto, los miembros del Consejo de Seguridad llevan su injustificada obsesión con Israel a nuevas cotas mientras la AP y Hamás llevan a los palestinos a la cárcel o a la tumba.