El choque entre PSOE y PP por los indultos enquistan el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial
Pablo Casado y Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo.
La nueva fricción entre el Gobierno y el PP, esta vez a cuenta de lo «improbable» de la anulación de los indultos concedidos a los líderes del procés, rebaja todas las esperanzas para que la renovación de los órganos constitucionales caducados sea desbloqueada a la vuelta de vacaciones.
El Consejo General del Poder Judicial lleva en funciones desde diciembre del 2018 al expirar el mandato de cinco años, y ha batido todos los récords de prolongación, pero su relevo sigue estancado en el Congreso y amenaza con enquistarse lo que queda de legislatura.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, pactaron antes del parón estival nuevas reuniones de cara a septiembre para tratar de desencallar las negociaciones.
Pero los conservadores no tienen intención de modificar ni una coma de sus requisitos, que, con Pablo Iglesias ya fuera del Ejecutivo, ahora se resumen, ante todo, en el compromiso de que se modifiquen las reglas actuales para que la próxima renovación del CGPJ se haga de acuerdo «con el modelo constitucional». Es decir, «que los jueces elijan a los jueces».
La dirección nacional del PP justifica su posición en las exigencias europeas de independencia, pero, al mismo tiempo, sabe también que su propuesta obligaría al Gobierno a romper la unidad de acción con la mayoría de investidura, y le abriría, por tanto, otro frente en la inestable estabilidad de la mayoría que lo sustenta. «Tenemos que hacer lo posible para que los ciudadanos perciban la realidad, que tenemos un poder judicial independiente y por eso pasa esta reforma», señaló este martes el secretario de Justicia e Interior, Enrique López.
Cortina de humo
Los socialistas subrayan que la reforma para la elección de los vocales es una cortina de humo, como antes lo fueron los nombres de algunos candidatos propuestos por su partido o que la exministra de Justicia Dolores Delgado sea la fiscal general, y culpan al principal partido de la oposición de no respetar la Constitución por mantener el bloqueo. «El PP no promueve su renovación en una suerte de objeción de conciencia constitucional porque creen que las mayorías que están vigentes ahora le interesan más que una futura renovación», advirtió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La obligación legal de elegir a los vocales del Poder Judicial con una mayoría de tres quintos de diputados y senadores deja al partido de Pablo Casado con poder de veto sobre la renovación. Eso es algo que quiere remediar Unidos Podemos, que insiste en sacar del cajón la propuesta de rebajar el respaldo parlamentario para que los vocales del Poder Judicial sean elegidos por mayoría absoluta y así poder sacar a los populares de la ecuación. Una idea que Pedro Sánchez defendió en un primer momento pero echó para atrás ante los avisos de organismos europeos de Bruselas.
En bloque
En la Moncloa insisten en que el presidente del Gobierno no pretende retomar esa vía y apuesta ahora por convencer al PP para alcanzar un pacto global para renovar todos los órganos constitucionales con mandatos vencidos. En el paquete entrarían además del CGPJ, el Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Desde hace año y medio cuatro de los doce magistrados del Constitucional -los que tiene que elegir el Congreso- tienen el mandato caducado. El tribunal, con un tercio de sus miembros en funciones, ha tumbado el confinamiento decretado durante los primeros meses de la pandemia y tiene sobre la mesa la ley del aborto, la de la eutanasia, la prisión permanente revisable y el segundo estado de alarma.
El fin del mandato del Tribunal de Cuentas y de sus doce consejeros llegó el pasado 23 de julio en plena instrucción sobre la responsabilidad contable de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat por el dinero público supuestamente desviado para promocionar el procés. Con el órgano fiscalizador en el punto de mira del independentismo catalán, el pacto para su renovación parece aún más complicado.
El que lleva más tiempo pendiente de renovación es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio del 2017, todavía bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.
