Somos conscientes de la gravedad de la crisis sanitaria debida a la epidemia de COVID-19 y del esfuerzo que ha supuesto hacer frente al mayor reto sanitario al que se ha enfrentado nuestra Administración Pública en toda la Historia, acelerando el proceso de evaluación de las vacunas frente a la COVID-19 y que son cientos los ciudadanos que nos muestran su preocupación y dudas ante la campaña de vacunación infantil.

No se puede obligar, veladamente, a cientos de miles de españoles, en contra de su voluntad, a ser vacunados con un suero de ensayo clínico en Fase III del que se desconocen los efectos a medio y largo plazo, y que aún no está aprobado definitivamente por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), vulnerando todas las convenciones internacionales, incluido el Convenio de Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio de Oviedo) de 1997, actuando de forma invasiva y sin el preceptivo consentimiento informado sobre la población.

La vacunación ha de ser opcional, no obligatoria y prescrita por el médico de familia que conoce el historial del paciente. No se puede forzar, para obtener el visado o pasaporte COVID del que además emanan ciertos datos personales confidenciales que ya han sido advertidos por la Agencia Española de Protección de Datos, a una vacunación sin prescripción médica de la que se desconocen los efectos secundarios a corto, medio y largo plazo.

El principio de prudencia en pediatría es siempre el procedimiento adecuado que debe orientar las pautas a seguir. Experimentar con niños es un delito de lesa humanidad, salvo que sus vidas estén en juego. Los sueros que se les ofrece para vacunarse pueden hacerles más daño que beneficio según médicos de todo el mundo que están dando la voz de alarma.

Es necesario que se haga público el informe de los expertos sanitarios en los que se ampara el Gobierno de España para avalar la vacunación en menores de edad así como la composición del mismo que daría tranquilidad a la población, sabedores de que han sido profesionales de la sanidad los que garantizan la toma de decisiones por parte del Ejecutivo.

También debe exigirse una demora en la vacunación de la infancia hasta que la Asociación Española de Pediatría lo aconseje tras examinar las pruebas concluyentes de los efectos de las mismas en menores y, que para la administración de la misma sea necesario, como marca la Ley vigente, que los padres sean informados y el pediatra realice la anamnesis (el cribado de prevacunación) donde el profesional de la sanidad sea quien prescriba la inoculación del suero.

*Presidente nacional de VALORES