Por Juan Pardo.- Cada paso que da el Gobierno para contentar a lo peor de cada aliado más mete la pata y más crispa al pueblo. Esta medida data de Zapatero, pero siempre y cuando ETA hubiese entregado las armas, mostrado pruebas de arrepentimiento y sin delitos de sangre. O sea, para colaboradores de la banda terrorista.

Pero Pedro Sánchez, como siempre hace la cagada del más allá. Tanto es así que los presos de violencia de género no pueden asistir a dichos encuentros. Si asesinos son unos, “mataores” son los otros. El código Penal dice que ni unos ni otros pueden progresar de grado, o sea, tienen que cumplir 25 años de condena para obtener un simple permiso “vacacional”, ahora con la escasez de turistas, igual bajan el tiempo de condena ininterrumpida y los ponen a repoblar hoteles y playas.

Veinte de los 190 miembros de ETA recluidos en cárceles españolas han solicitado participar en los talleres de justicia restaurativa puestos en marcha por Instituciones Penitenciarias para que los condenados por todo tipo de delitos se sienten cara a cara con sus víctimas y les pidan perdón, según fuentes políticas vascas y confirmado por instituciones penitenciarias. El objetivo, a semejanza de los celebrados en 2011 con reclusos arrepentidos o en vías de arrepentirse acogidos a la llamada Vía Nanclares (Prisión de Álava), es que las víctimas consigan una reparación, al menos simbólica, por el daño sufrido y, a la vez, facilitar la reinserción de los presos haciéndoles conscientes del dolor que han causado.

Pero llegó el Gobierno de Rajoy y dijo que en aquellos “diálogos restaurativos” no encajaban los presos de ETA ni los penados por violencia de género y delitos sexuales. Fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarios el interés de un grupo de etarras por intervenir en estos talleres y el respaldo del Ministerio del Interior a la iniciativa. “La justicia restaurativa es, sobre todo, un derecho de las víctimas, pero también una oportunidad de reinserción para los condenados, incluidos los presos de ETA, que tienen el mismo tratamiento que el resto de la población reclusa”.

Vuelve el contacto PSOE/BILDU y como que los presos etarras que han solicitado participar en estos encuentros están recluidos en las cárceles de Asturias, Burgos, Logroño y El Dueso (Cantabria), en las que en la actualidad hay 66 integrantes de la organización terrorista, por lo que están localizados –solo bastaba que un preso no estuviese localizado- pueden y deben participar en dicho encuentros restaurativos, aunque la asistencia de familiares de las víctimas sea escasa o nula. Para efectos de beneficios penitenciarios, solo basta con que les remitan una carta de arrepentimiento a algún familiar de su víctima.

Los reclusos de ETA ya han sido informados de que su participación en el taller, de momento, no les supondrá ni una reducción de la pena ni el acceso a beneficios penitenciarios, hasta que la Junta de Tratamiento no observe que la evolución ha sido positiva. Es la forma de garantizar que su interés es sincero, que no buscan ninguna ventaja que vaya más allá del plano estrictamente personal. No obstante, Instituciones Penitenciarias admite que los equipos de tratamiento de las cárceles sí tendrán en cuenta esta actividad a la hora de hacer las valoraciones para, por ejemplo, progresar al tercer grado o semilibertad o acceder a permisos a los presos.

Esta iniciativa se pone en marcha después de que Interior pusiera fin de un modo simbólico, el pasado 1 de julio, a la política de dispersión con el anuncio del traslado de los cuatro últimos reclusos de la organización terrorista que permanecían en cárceles de Andalucía. Ahora todos los presos están en cárceles del norte, más cercanas al País Vasco. La medida se ha visto acompañada también de un paulatino cambio en el régimen de vida al que estaban sometidos los reclusos etarras, de los que solo quedan tres clasificados en el primer grado o régimen cerrado, el más duro. Estas medidas se han visto acompañadas de un cambio también significativo en la actitud de los etarras dentro de prisión, que, en algunos casos, se ha traducido en cartas de arrepentimiento.

Los talleres de justicia restaurativa que van a seguir los presos etarras no son nuevos. Contemplados en el artículo 15 del Estatuto de la Víctima, se realizan desde 2016, aunque entonces solo se ofrecían a condenados que cumplían sus penas a través de medidas alternativas, no dentro de prisión. Además, los encuentros no se realizaban con víctimas directas, sino con otras que habían sufrido la misma infracción penal por la que habían sido condenados. En enero de 2020, Interior extendió la iniciativa a aquellos que cumplen sus penas privados de libertad y, además, incluyó la posibilidad de que fuera con las víctimas de sus delitos. En lo que va de año, han participado en ellos 258 condenados (17 de ellos mujeres) por delitos que van desde el homicidio y el asesinato a las lesiones o los robos con fuerza.

El programa contempla para los presos 10 sesiones de preparación de cuatro horas de duración cada una que se celebran semanalmente dentro de prisión. Al término de las mismas, son los mediadores, junto a los técnicos penitenciarios, los que deciden si, una vez terminadas las sesiones, los reclusos están preparados para celebrar el encuentro con la víctima o si, por el contrario, se les saca del programa o es necesario que asistan a más sesiones de las inicialmente previstas.

En el folleto informativo que se facilita a la víctima antes de iniciar todo el proceso, Prisiones detalla que el objetivo del encuentro es que esta pueda explicar en persona al recluso “cómo vivió [el delito] y qué consecuencias se han derivado de aquella vivencia”. También se busca que el condenado se responsabilice de su acción y pida perdón. El programa contempla que el encuentro —que está previsto que se celebre en una o dos sesiones como máximo— sirva para acordar “medidas de reparación del daño derivado del delito” reales o simbólicas.

Instituciones Penitenciarias hace una “sesión de seguimiento” final con la víctima para, antes de cerrar todo el proceso, constatar que esta ha recuperado la “tranquilidad personal”. El documento recalca que en ningún caso se pide a la víctima que perdone al delincuente, aunque el folleto señala que “en ocasiones esto deviene de forma natural en el encuentro”. En el caso de los presos, serán los profesionales de la cárcel los que valorarán si el arrepentimiento del delincuente es “sincero”.

El protocolo de la justicia restaurativa recalca tanto la “confidencialidad” de todo el proceso como el carácter “voluntario” de la participación de la víctima, con la que se contactará para hacerles el ofrecimiento a través de la Fiscalía o las oficinas de atención a las víctimas de las comunidades autónomas. También se recoge que tanto la persona afectada como el condenado pueden decidir “en cualquier momento” no seguir adelante.

A finales de 2008, el Ministerio del Interior empezó a trasladar a los presos de ETA críticos con la banda a prisiones próximas al País Vasco. Los que daban un paso más y firmaban una carta rechazando la violencia, pidiendo perdón y comprometiéndose a hacer frente a las indemnizaciones, fueron enviados a la cárcel alavesa de Nanclares de Oca, donde en 2011 surge la iniciativa de encuentros con las víctimas, la Vía Nanclares.

Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe, primer concejal socialista asesinado por ETA, se reunió con un disidente de la banda; Maixabel Lasa, con dos de los asesinos de Juan María Jauregui, su marido; Emiliano Revilla, con su secuestrador, Joseba Urrusolo Sistiaga; Rosa, víctima de Hipercor, con Rafael Caride, condenado por el atentado. También participaron en estas entrevistas los exmiembros de ETA Iñaki Recarte, Fernando de Luis Astarloa o Valentín Lasarte.

En 2011, el PP ganó las elecciones y el nuevo Gobierno no siguió la línea iniciada en Nanclares. Los encuentros con mediación previa se frenaron.

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