María Jesús Montero

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya tiene sobre la mesa la aportación del Gobierno de la Comunidad de Madrid al comité de Expertos que elaborará el Libro Blanco de la reforma fiscal y que guiará al Ejecutivo central en la elaboración de su propia reforma fiscal. En la comunidad, sin embargo, no se albergan grandes esperanzas de cara a que sus propuestas vayan a ser tenidas en cuenta. Y es que el documento remitido carga duramente contra la armonización que persigue la ministra Montero y hace una férrea defensa de la autonomía fiscal con la que cuentan las comunidades pues, aseguran, ha sido clave en la prosperidad de Madrid y, a la postre, de toda España.

En la elaboración del informe han participado cerca de 30 expertos de distintos ámbitos del mundo económico, aunque todos ellos coinciden en señalar la relación entre los impuestos bajos y la mayor riqueza y creación de empresas, la atracción de inversiones o el crecimiento del PIB. El documento destaca que Madrid ha optado desde el año 2003 por este modelo, lo que ha permitido que los ciudadanos disfruten de un ahorro fiscal de 50.000 millones de euros, unos 1.600 euros al año por contribuyente, que han favorecido al avance económico de la región.

«Bajando impuestos se dinamiza la economía y se aumenta la recaudación. Son unos resultados positivos que llegan a todas las comunidades autónomas ya que Madrid es la región más solidaria, siendo la que más aporta a la llamada caja común con la que se financian los servicios públicos de las demás regiones», asegura el Gobierno regional. Según sus cálculos, Madrid aporta el 68% de la caja común con la que se financian los servicios públicos de las demás regiones, seguida de Cataluña, con el 25%. «La aportación de Madrid al conjunto nacional se ha mantenido por encima del 70% incluso en los peores años de la crisis (2011-2015), por lo que los impuestos bajos de Madrid han beneficiado siempre a toda España», insisten desde el Gobierno madrileño.

Estos datos deberían desmontar, en su opinión, la cruzada de Montero, así como sus planes de armonización fiscal. Planes que, además, supondrían una restricción de la capacidad de actuación de las comunidades autónomas en materia tributaria: «Sería la primera vez que un Gobierno atenta contra dicha competencia autonómica desde la aprobación de la Lofca en 1980», alertan.

Los efectos de la armonización en el IRPF afectarían también contra otros impuestos que están actualmente cedidos, como el de Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, «que no tienen apenas cabida en los países de la Unión Europea por sus efectos nocivos en la economía, el ahorro y la inversión». Se niega también que las bonificaciones que los distintos gobiernos de la Comunidad de Madrid han venido realizando sobre ambos impuestos hayan supuesto un éxodo de contribuyentes de otras regiones ni hayan mermado la recaudación.

De hecho, defienden, Madrid es la segunda región que más recauda por el impuesto de Sucesiones y Donaciones y estas bonificaciones han permitido luchar además contra el fraude fiscal, pues generaron un aumento del 1.165% en el número de donaciones declaradas desde la bonificación del impuesto.

Entre las firmas que han elaborado este informe se encuentran personalidades del mundo académico, financiero y profesional. Se han unido catedráticos de las universidades de buena parte del territorio nacional, como Salomón Aguado Manzanares (UNED), Luis Manuel Alonso González (Universidad de Barcelona), Santiago Álvarez García (Universidad de Oviedo), Mikel Buesa (Universidad Complutense de Madrid), César García Novoa (Universidad de Santiago de Compostela), Juan José Rubio Guerrero (Universidad de Castilla-La Mancha), Francisco Cabrillo (Universidad Complutense de Madrid), Jorge Sainz (Universidad Rey Juan Carlos) y José Félix Sanz Sanz (Universidad Complutense de Madrid).

Pero también de otras instituciones financieras como Lorenzo Bernaldo de Quirós (Freemarket Corporative Intelligence), Daniel Lacalle (Instituto de Empresa e Instituto de Estudios Bursátiles) o Javier Santacruz (Instituto de Estudios Bursátiles). Desde el ámbito jurídico han participado los abogados del Estado José Manuel Otero Novas y Macamen Tejera Gimeno o el asesor legal y tributario Ignacio Ruiz-Jarabo.

Entidades como el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), Asociación Madrileña de Empresa Familiar (AMEF), Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Círculo de Empresarios y la Fundación Civismo e Instituto de Estudios Económicos (IEE).