VOX va a presentar, ante el Tribunal Constitucional, un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña.

Por otro lado, la formación presentará querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el Gobierno catalán precisamente por la creación del fondo de diez millones de euros para que los encausados por los gastos internacionales del proceso separatista no tengan que pagar las fianzas de 5,4 millones que les exige el Tribunal de Cuentas. Los delitos por los que se presenta la querella son prevaricación, artículo 404 del Código Penal (CP), y malversación, artículo 252 del CP.

También denunciará a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas estos hechos a fin de que adopten las medidas oportunas contra el presidente del Gobierno Catalán, Pere Aragonés, el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró Ribas, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà.

La vicesecretaria Jurídica de la formación, Marta Castro, advierte que el delito de prevaricación «no sanciona la mera ilegalidad, sino la arbitrariedad». Es decir, supera la contradicción con el Derecho, y, por ello, la consideración de meras ilegalidades administrativas.

«Existe intencionalidad clara de tratar de beneficiar a los miembros condenados por el Tribunal de Cuentas, cuando no pueden tener cobertura ni apoyo de la Generalidad puesto que la actividad de la que dimana el embargo y la causa de la solicitud de fianza es el ejercicio arbitrario y abuso de poder de los mismos«, explica.

Castro destaca que «si existe el procedimiento en el Tribunal de Cuentas es porque la actuación de los funcionarios y cargos públicos fue ilegal y deben reintegrar al erario lo que emplearon para un fin ilícito y contrario a derecho».

Además, recuerda que la Generalidad «es conocedora de los matices legales que les sitúan dentro de la comisión delictiva al dar cobertura y apoyo para eludir las responsabilidades derivadas que exceden la correcta actuación de los funcionarios públicos afectados». «Disponer cualquier apoyo o ayuda a los mismos es una desviación de poder y de recursos por causas arbitrarias», puntualiza.