El abogado Gonzalo Boye, que defiende al expresidente del Govern Carles Puigdemont, ha asegurado este martes que llevará la causa del Tribunal de Cuentas ante “la justicia belga y a la que haga falta si tiene alguna repercusión económica o del tipo que sea”.

En declaraciones a Europa Press, Boye ha instado a esperar qué resuelve el tribunal al terminar la vista en la que fija la liquidación provisional por el presunto desvío de fondos en las delegaciones del Govern en el extranjero: “De momento el tribunal solo ha hecho papeles. Si va a entrar en bienes y efectos de Puigdemont, eso ya es otra cosa”. “Si alguien me mete la mano en la cartera, creo que es claro lo que está haciendo”, ha dicho al preguntársele por qué presuntos delitos podría empezar el procedimiento judicial en Bélgica, donde Puigdemont tiene fijada su residencia y donde podría afectarle un posible embargo.

Este martes, el Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en casi dos millones de euros la responsabilidad contable que tendría que satisfacer Puigdemont por el presunto desvío de fondos para las delegaciones del Govern en el extranjero y al Diplocat.

Boye ha advertido de que los actos judiciales en España pueden tener consecuencias en otras jurisdicciones y ha afirmado que el equipo de la defensa de Puigdemont va a reaccionar a lo que resuelva el Tribunal de Cuentas, y ha tachado de “espectáculo humillante, abusivo, inquisitorial y absolutamente tendencioso” la vista que ha empezado este martes por la mañana.

Boye ha explicado que ha advertido a la instructora del caso que no había pedido un suplicatorio al Parlamento Europeo para procesar a Puigdemont a pesar de tener inmunidad como eurodiputado: “Se lo he dicho claramente y ha dicho que no lo necesita”, ha asegurado.

El abogado ha avisado de que “esto también es una situación que excede el ámbito hispánico y traspasa los Pirineos, pero es una decisión de ella”, y ha explicado que este asunto sería competencia de la Eurocámara y del Tribunal General de la UE. “Hay cuatro o cinco posibles vías. Las tenemos estudiadas en función de lo que ella haga”, y ha tachado de inseguridad jurídica la forma en que se está desplegando el procedimiento.