El portavoz de VOX en la comisión de Trabajo, Juan José Aizcorbe, ha defendido la Proposición no de Ley relativa a las consecuencias del incumplimiento del compromiso de salvaguarda del empleo.

Aizcorbe ha recordado que, a pesar de que la PNL fue presentada el 21 de octubre de 2020, está de actualidad. «Ya decíamos entonces qué es lo que estaba sucediendo ante la incertidumbre por las consecuencias que podían acometer las empresas que incumpliesen según el Gobierno lo dispuesto en en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo».

«Y a pesar de que el artículo 5 del Real Decreto 30/2020 intentó desarrollarlas, no quedó claro bajo ningún concepto. Y era sencillamente que se dijera con claridad el alcance de los incumplimientos de este compromiso. En aquella fecha dijimos que los empresarios aplicaban el plazo de los 6 meses únicamente a los trabajadores reincorporados pero no a los que continuaban en ERTE«.

«Se estaba llevando a cabo por parte de los empresarios, pero no se sustenta en ningún criterio o posición oficial de organismo o instituto público. En definitiva, nos encontramos ante un aluvión de resoluciones judiciales contradictorias que tendrán que aclararse. No se trata de que el poder legislativo vaya acogiendo parte de lo que dice el poder judicial».

«Esta situación la están pagando las empresas ante la incertidumbre en muchos despachos que se dedican a la asesoría laboral. Entendemos que a pesar de que la PNL es de octubre de 2020 sigue en plena aplicación, así que pedimos al Gobierno que deje claro cuál es el alcance de dicha disposición adicional sexta«.

Por ello, VOX pide que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a promover la aprobación de una norma con rango legal que determine con claridad lo siguiente: el dies a quo del cómputo del plazo de 6 meses de la cláusula de compromiso de salvaguarda del empleo prevista en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y el alcance exacto de las consecuencias del incumplimiento de este compromiso.